El beneficio a los amigos del poder a través de diversas acciones cometidas desde los diferentes organismos públicos fue una de las constantes vividas durante la década kirchnerista. Uno de los lugares donde más se vio esta maquinaria de corrupción fue en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que conducía por entonces Ricardo Echegaray.

Ayer, la Cámara Federal de Casación Penal, que integran los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, declaró “inadmisible” un recurso presentado por la defensa del empresario bahiense Juan Suris para quedar en libertad. El exnovio de la vedette Mónica Farro se encuentra detenido, acusado de narcotráfico y de haber orquestado una asociación ilícita fiscal por facturas truchas.

Tras el fallo de la Casación, Suris tiene por delante una última oportunidad: recurrir en “queja” ante la Corte Suprema, para que ese tribunal decida si le concede o no la excarcelación, aunque su defensa descartaría esta actitud por “improcedente”, ya que aventuran un resultado también negativo a su solicitud.

En el escrito donde explican su decisión, los jueces expresan que “la sentencia recurrida constituye una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. Consideramos que el recurso extraordinario bajo estudio debe ser declarado inadmisible”.

Futuro enmarañado

Con este traspié judicial, no solo Suris queda mal parado, sino también el propio Echegaray, ya que en la causa por las boletas apócrifas, las pruebas son contundentes y ponen de manifiesto la connivencia total entre diferentes empresarios con la cúpula de la AFIP, y que tiene al exfuncionario K contra las cuerdas judiciales y al borde del procesamiento por las irregularidades cometidas en el caso.

Según se desprende del expediente, el extitular del ente recaudador y Suris habrían sido quienes orquestaron desde la ciudad de Bahía Blanca un mecanismo de confección de facturas truchas para beneficiar al supuesto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, que sirvieron para cobrarle al Estado obras que no se habían realizado, y que le costaron a la Argentina decenas de cientos de millones de pesos al año.

Desde Tribunales, estaría más que claro que el detenido empresario habría contado con la complicidad de Echegaray desde lo más alto de la AFIP, generando así una ingeniería de boletas apócrifas a fin de dotar de una aparente “legalidad” al “dinero extra” que venía desde Austral Construcciones, simulando una serie de contratos de alquiler de inmuebles y de hoteles a fin de “blanquear” el dinero que se llevaban los jefes y miembros de la asociación.

A raíz de esta maniobra ilegal, Báez se habría alzado con una ganancia superior a los 20 millones de pesos. Toda esta situación se efectuó a través de la empresa bahiense Calvento SA, una usina que le servía al empresario para actuar con facturas truchas. La AFIP supo de este hecho, pero frenó una intimación a la nave insignia del grupo Báez, lo que le permitió evadir el pago de millones de pesos en concepto de impuestos.

Desde el riñón más íntimo y cercano a Echegaray, trascendió la preocupación creciente que hay ante las novedades que avanzan desde la Justicia, y el temor de que Suris comience a “prender el ventilador” y toda su estrategia judicial se desmorone y su futuro comience a estar cada vez más cerca de la cárcel.