Sólo un día después de que LA NACION informara sobre una millonaria madeja de evasión con centro en Bahía Blanca, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó que tres grupos empresarios de esa ciudad se encuentran bajo fiscalización y que al menos una firma "no tiene actividad comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas".

Echegaray confirmó, además, que la nave insignia del empresario Lázaro Báez, Austral Construcciones, recibió facturas de esa firma fantasma, por lo que se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó informar cuándo se inició esa investigación o cuánto dinero podría haber evadido.

Con la ayuda del jefe de la DGI, Ángel Toninelli, Echegaray precisó que las sociedades fiscalizadas son Calvento y Grupo Penta -de la familia Ficcadenti, integrada por Franco, Silvio y Enzo Ficcadenti-, la empresa Constructora Patagónica Argentina -de los Ferreyra, otra familia bahiense- y la firma Iberoamericana de Servicios, de la familia Pedraza, tal como informó LA NACION anteayer.

Según reconstruyó este diario, y a diferencia de lo que sostuvo Echegaray ayer, todas las fiscalizaciones fueron archivadas mientras los expedientes administrativos se encontraban bajo el control de la Regional Mar del Plata.

Echegaray confirmó, en tanto, que al menos una de esas firmas, Calvento SA, "no tiene actividad comercial", por lo que la AFIP la considera "una usina de facturas falsas". Versiones recogidas en fuentes bahienses indicaron a frenteacano.com.ar que la el domicilio de la firma aparecía en la misma dirección en la que vive uno de los Ficcadenti, calle Millamapu de nuetra ciudad.Pero lo cierto es que ayer Echegaray  no informó sobre las otras dos empresas de la familia Ficcadenti, Grupo Penta y Terrafaris, la primera de las cuales carece de empleados, vehículos o gastos de combustibles, pero facturó millones a Austral Construcciones.

El titular de la AFIP tampoco precisó cuántas denuncias penales por facturas falsas en la obra pública se radicaron durante los últimos tiempos. Pero se esforzó por responsabilizar a los "funcionarios técnicos" de la Regional de Bahía Blanca por lo que haya ocurrido o pueda ocurrir en las fiscalizaciones. "Las decisiones las tomaron los funcionarios técnicos en cada caso", indicó Echegaray, que adujo que tanto él como otros altos jefes de la AFIP no tuvieron "ningún grado de injerencia sobre esos funcionarios" de la Regional.

Echegaray también sostuvo que reducir a la oficina bahiense al nivel de "agencia" bajo control de la Regional Mar del Plata y su reinstalación posterior como regional no afectó las fiscalizaciones ni a los funcionarios abocados a esas pesquisas.

Para el delegado del sindicato de trabajadores de la AFIP en Bahía Blanca, Luis Serra, eso es falso. "La gente que investigaba fue desplazada. Quedó trabajando, pero sin cargo", indicó ayer el gremialista y actual concejal justicialista, en las que también abordó el cierre temporal de la Regional. "El argumento fue que se debía a un conflicto gremial, pero en el transcurso de los meses fuimos recibiendo información de distintos sectores de que había una vinculación con estas empresas", dijo Serra, en alusión a las firmas que entregaron facturas truchas a Austral.

Consultado por LA NACION durante la conferencia de prensa, Echegaray le respondió a Serra. "Ésa es la opinión de un dirigente gremial", explicó el titular de la AFIP. "La tarea de fiscalización se empezó y continúa bajo los mismos funcionarios", afirmó, más allá de lo que consideró la "rotación" natural de algunos supervisores.

Echegaray también criticó lo que consideró un énfasis excesivo de la prensa sobre Lázaro Báez y sus empresas. "Parecería que el único caso de facturas truchas fuera el de Báez", planteó, y anunció lo que presentó como una medida "de transparencia y calidad institucional" junto a uno de sus reclamos habituales. "Hemos decidido poner en nuestra página web los que son usinas de facturas y los que son usuarios de facturas apócrifas. La que debe decidir es la Justicia", afirmó.