Ricardo Echegaray estuvo al frente de la AFIP desde diciembre de 2008 hasta el 10 de diciembre de 2015. Durante esos siete años su gestión, sin dudas, generó polémicas. Dentro de estos cuestionamientos, uno de los más reiterados es el referido a la actuación que tuvo la AFIP en la causa por el supuesto uso de facturas truchas por parte de Austral Construcciones, la nave insignia de Lázaro Báez, que está al borde de la quiebra. Por este caso está detenido en Bahía Blanca Juan Suris, sospechado de ser el jefe de una organización ilícita que emitía documentación fiscal apócrifa a nombre de la empresa de Báez.

Desde distintos sectores políticos y también desde el ámbito judicial acusaron al organismo recaudador de brindarle una supuesta "protección" a Lázaro Báez en esta causa.

Infobae accedió a numerosos documentos que están en distintas causas judiciales y pudo consultar a fuentes tanto en Bahía Blanca como en la Ciudad de Buenos Aires. Toda esta información recogida fue analizada con expertos tributaristas independientes y con funcionarios de la Dirección Regional Bahía Blanca de la AFIP quienes concluyeron que la actuación del organismo bajo la gestión de Echegaray parece haber sido correcta.

El caso por el uso de facturas apócrifas en la ciudad de Bahía Blanca emitidas por el denominado Grupo Suris sale a la luz y toma conocimiento público en octubre de 2014, con una amplia cobertura mediática, denuncias de sectores políticos opositores al gobierno de Cristina Kirchner y actuaciones incluso ante la Justicia. Tras la irrupción del caso, la Justicia de Bahía Blanca libró un oficio a la AFIP. Un oficio es una nota emitida por un juez o fiscal para solicitar una información o comunicar a un organismo estatal o privado que debe cumplir una determinada orden que se ha dictado.

En ese documento, de fecha 21 de octubre de 2014 le informa al Director de la AFIP Bahía Blanca la existencia de la causa por las supuestas facturas truchas del Grupo Suris y envía también fotocopias de las notas periodísticas sobre el tema. Además, le pide un informe detallado acerca de si se han iniciado actuaciones sobre firmas locales presuntamente proveedoras de facturas apócrifas. Si coinciden con las mencionadas en las notas periodísticas, el estado de las investigaciones y si se han realizado denuncias penales.