“Hay que regularizar esa situación, porque no es la correcta”. La certera definición del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se daba mientras efectivos del denominado “Comando Unificado de Seguridad Villa Mascardi”, un cuerpo especial integrado por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), ingresaba al territorio ocupado por la comunidad Lafken Winkul Mapu, el Lof que genera divisiones con respecto a la política nacional sobre pueblos originarios. La acción, festejada por el gobierno local y por varias figuras de Juntos por el Cambio (JxC), da muestras del entendimiento de la Casa Rosada con Juntos Somos Río Negro (JSRN), el partido que conduce el senador Alberto Weretilneck, uno de los aliados estratégicos del Frente de Todos en el Congreso que había reclamado el desalojo y tiene el proyecto para suspender las PASO en sus manos. En silencio, la Casa Rosada se sube a la agenda que instaló la oposición.

El operativo que se dio este martes por la mañana en las inmediaciones de Villa Mascardi, la paradisíaca aldea ubicada a 30 kilómetros de San Carlos de Bariloche, ejemplificó el contacto entre el panperonismo nacional y el partido rionegrino. En una devolución de gentilezas, el Gobierno respondió al pedido de la gobernadora, Arabela Carreras, tras exigir decisión política para contener la furia social. De eso habló en la visita del presidente Alberto Fernández a la provincia, cuando inauguró viviendas en General Roca.

“Está en discusión la soberanía nacional sobre la Patagonia, Mascardi es uno de los ejemplos más puros de lo que es la región que está codiciada vaya a saber por quién”, advertía la mandataria.

Horas antes del acto en el Alto Valle, Weretilneck, acompañado de sus diputados nacionales, los encargados de presentar el proyecto para congelar las elecciones primarias en 2023, viralizó un duro comunicado sobre la situación en la cordillera. Básicamente, culpó a la Casa Rosada por la inacción, habló de un conflicto geopolítico con cimientos en la Patagonia chilena, donde ocurren graves sucesos que involucran a las comunidades más radicalizadas.

“Es tiempo de dejar atrás la tibieza cómplice. Exigimos que avancen los procesos penales y que se tomen medidas de protección de personas y bienes”, reclamaba.

Desde aquella carta, se registraron manifestaciones de grupos ligados a Juntos por el Cambio (JxC). El último domingo, mientras el ojo de la opinión pública estaba puesto en las elecciones de Brasil, Patricia Bullrich pisó la ruta nacional 40 envuelta en banderas argentinas. En la orilla del lago Mascardi reivindicó lo que no pudo en su gestión: desalojar al Lof. Unas 48 horas después, sin que se registraran incidentes, como sucedió en 2017 cuando las fuerzas de seguridad asesinaron por la espalda al joven Rafael Nahuel, el operativo despejó el territorio.

Mientras se multiplicaban imágenes del avance del grupo comando en la montaña, en el resto de Río Negro reinaba el silencio. Salvo los voceros del Parlamento Mapuche-Tehuelche que acusaban de represores al Presidente y a Cristina Fernández de Kirchner, casi nadie se animó a pronunciar palabra. Weretilneck, cauto, esperaba el final del día para emitir un comunicado felicitando el accionar de las fuerzas de seguridad.

En el Frente de Todos (FdT), al igual que en 2021, cuando otros sucesos empañaron la campaña electoral de medio término, no hubo manifestaciones. Salvo el bloque del Frente Renovador provincial hace unos días, donde manifestaron su respaldo a la Gendarmería Nacional, nadie del espacio volvió a opinar. El plan es acusar el menor impacto posible ante un problema que atañe a la jurisdicción nacional.

Dos lecturas pueden hacerse al respecto. La primera es extraprovincial; las tierras de Mascardi están ancladas dentro de una porción del territorio que depende de Parques Nacionales, entidad que depende del Ministerio de Ambiente que conduce Juan Cabandié. El funcionario kirchnerista tiene la llave para la cesión de las tierras a la comunidad. De él depende el traspaso. El otro dato es local y de tintes electorales; como explicó Letra P, La Cámpora, el massismo y Nuevo Encuentro aspiran a cerrar un frente con JSRN y cualquier cortocircuito con Weretilneck, el principal candidato a quedarse con la gobernación, configura un problema.

Tampoco se pronunció la hasta hace poco titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, quien representa al partido ParTe en la región. Su carrera política estuvo centrada en defensa del medioambiente y las comunidades. Esta vez, la regla tuvo su excepción.