Facundo Prades es intendente por Cambiemos de Caleta Olivia. Asumió en un mar de problemas financieros, desastre administrativo, sobregiro municipal, desfinanciamiento y superpoblación de empleados en la comuna. Hoy, los mismos culpables de aquello, le exigen respuesta como concejales. Prades, desconociendo los mecanismos de la democracia, en vez de dar respuesta hace como los anteriores y les revolea por la cabeza la historia de sus delitos; pero sigue sin explicar lo que está obligado a decirle a la ciudadanía y a los concejales, (le guste o no) institucional y electoralmente habilitados para cuestionarlo.
El Intendente de Caleta Olivia Facundo Prades, más allá de no hacer pie en el municipio debido al desastre histórico que le dejaron sus antecesores José Córdoba y Fernando Cotillo y tener idas y vueltas con el gobierno provincial y nacional por el tema de los fondos que necesita para pagar salarios, ha sido requerido por el Concejo Deliberante de su ciudad, para que explique la forma en que otorgó tierras fiscales, dado que se han denunciado muchas irregularidades, como así también el ingreso de unos 500 empleados que vinieron con su administración a partir de diciembre del 2015, sobre una plantilla superpoblada de más de 6.000 empleados en una comuna que no tiene más de 65 mil habitantes.
Si bien es cierto que moralmente, el FPV está ciertamente inhabilitado para cuestionar políticas y criticar acciones de las nuevas autoridades en todos los niveles del gobierno (municipal, provincial y nacional), luego del desastre institucional, económico, financiero y la flagrante corrupción que atravesó todos y cada unos de los estamentos en los que participó o tuvo a su cargo, no es menos cierto que un concejal es una autoridad legislativa a quien le asiste el derecho de cumplir con la requisitoria al Intendente y que está allí por decisión de la gente que lo votó, como el propio Prades, que hoy ocupa el cargo de Intendente.
Dicho esto, institucionalmente los concejales, cualquiera sea su extracción política, ideológica o historia que lo preceda, tienen el derecho de pedirle al intendente que rinda cuentas, que explique ante el Cuerpo cómo y por qué acciona de tal o cual manera o genera un gasto o un contrato. Sin embargo, tras la requisitoria de los concejales del FPV, Prades salió con los tapones de punta, porque intentan saber en qué condiciones cedió tierras para poner un supermecado chino, cómo se entregaron viviendas de manera irregular, por qué ingresaron 500 personas a un municipio superpoblado, etc.
El intendente, entonces, planificó un ataque como mejor defensa y en vez de salir a la prensa a dar su opinión, eligió enviar un “parte de prensa” a los medios, en la seguridad de que todos “cortan y pegan” y con esto se asegura de decir en todos lados lo mismo y que nadie “lo saque de contexto”; en tanto, dice lo que se le antoja y no tiene que enfrentar preguntas.
Quirúrgicamente extirpado el punto medular de la nota, que debiera ser la respuesta a la ciudadanía de por qué y cómo entregó las tierras fiscales, el parte de prensa de Prades lo trata de poner en lugar de víctima de una “operación política” y acusa a quienes le piden que rinda cuenta con cuestiones que son de su órbita ejecutiva.
Prades dijo “los que hoy piden explicaciones son los representantes de los dólares enterrados” y “aquellos que cuando fueron gestión decían que esa no era la figura que, no era la manera, y por eso “jamás” asistieron a dar explicaciones sobre su manera “poco clara” de Gobernar”.
Sobre los concejales dijo “son los mismos que cuando eran Gobierno se escapaban vestidos de bomberos” y “Son los representantes de los dólares enterrados, de las obras inconclusas y pagadas. De los sobreprecios; son los responsables del mal manejo de la cosa pública”.
Finalmente Prades recalcó “el ladrón considera que todos son de su misma condición”.
Ahora bien, personalmente estoy de acuerdo con el Intendente; quienes le piden que rinda cuenta son todo eso que dice y mucho más, pero si actualmente son concejales elegidos democráticamente, tienen la facultad de hacerlo e institucionalmente el poder para realizarlo y él la obligación de acatarlo. Por lo tanto, lo que debiera haber hecho el intendente es decir todo eso, pero explicar lo de las tierras fiscales.
No puede Prades ni ningún intendente, justificar un acto ilegal suyo en el pasado ilegal de los demás. Está claro que Prades pretende decir algo así como “Ustedes robaron; rindan cuenta Uds primero y después pídanme cuenta a mí”, un falso silogismo, que actúa como elemento justificador del propio Prades para negarse a explicarle a los concejales sobre su gestión, ya que (él entiende) los que lo tratan de auditar, son responsables de hechos de corrupción iguales o peores del que se le imputa. Una verdadera estupidez.
Para graficar de manera grotesca esta extraña figura exculpatoria que intenta el Intendente y siguiendo la lógica de Prades, digamos por ejemplo que si yo robo un auto y mi causa cae en el Juzgado de Casanello, podría tratar de invalidar al magistrado argumentando que aún en medio de tanta prueba que tiene el magistrado, de corrupción K, documentos, robos, bolsos, dinero y la amistad del juez con el matrimonio Kirchner, todos ellos siguen libres, por lo tanto, a mí, por robar un auto, no tiene autoridad moral para juzgarme y mucho menos meterme preso.
Es un razonamiento absolutamente absurdo y selectivo el de Prades, quien intenta poner a la historia como resguardo de sus obligaciones institucionales. Recordemos que cuando Prades como Concejal le pedía explicaciones públicas a José Córdoba/Cotillo y éstos se negaban a darlas, como edil les recriminaba y denunciaba la falta de apego a las leyes y a la Constitución provincial.
Hoy como Intendente él debe dar las explicaciones que el Concejo Deliberante le pida; luego Prades podrá decir lo que quiera de cada uno de ellos, por cuanto es absolutamente cierto el veraz político que algunos cargan en sus mochilas. Sin embargo, el intendente practica el ataque como defensa y deja flotando la idea de que mucho tiene para esconder, por cuanto busca el blindaje de las palabras y elude la responsabilidad de la demostración, como hacían los intendentes anteriores.
Si nada de lo que se le acusa es cierto, exponiendo el tema, queda habilitado para después decir y atacar a cada uno o a todos los concejales en su conjunto, con la tranquilidad del deber cumplido y las manos limpias. Si invierte el procedimiento, ataca primero para evitar explicaciones ulteriores, la sospecha es que no quiere rendir cuentas, no está decidido a ser controlado, le molesta ser denunciado y quiere seguir gestionando sin que metan las narices en su administración.
Está haciendo ni más ni menos, lo de sus predecesores, por lo tanto, cuando alude a la empatía del ladrón (el ladrón considera que todos son de la misma condición), es porque él mismo lo cree.
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