En un año electoral todo se mide electoralmente. Y la política local se movilizó en estas horas, a partir de la situación generada por la cesión de terrenos -140 hectáreas en la zona de El Marquesado- por parte del Gobierno nacional al Movimiento de Trabajadores Excluidos liderado por Juan Grabois, para desarrollar un proyecto agroecológico. El intendente Guillermo Montenegro rápidamente salió a repudiar el hecho, y detrás de su denuncia llegaron los pronunciamientos en el mismo sentido de toda la cúpula del PRO. Desde el expresidente Mauricio Macri, hasta los precandidatos presidenciales, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, respaldaron a Montenegro, quien el lunes presentó una denuncia penal por “usurpación, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público” ante el juez Ariel Lijo, subrogante en el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 12 de Capital Federal. Justamente los máximos dirigentes del PRO e incluso embajadores, como el de Australia, se interiorizaron por la situación y dialogaron con Montenegro en el marco de la cena de la Fundación Libertad desarrollada el pasado lunes en CABA.

El acuerdo firmado con la asociación civil Tercer Tiempo es por 180 días y a partir de la repercusión de dicha acción, y teniendo en cuenta que debería renovarse en la antesala de las próximas elecciones todo parece indicar que no tendrá continuidad, ya que no existe consenso con los vecinos que cortaron incluso la ruta a modo de protesta, pese a que Grabois aseguró que los residentes del sur están a favor del proyecto. De hecho y con el más que fresco recuerdo de la toma de terrenos en el barrio Las Heras (de hecho en los próximos días se produciría el desalojo), los vecinos temen que pueda concretarse en esas tierras un asentamiento poblacional. La Agencia de Administración de Bienes del Estado -donde el lunes, tras la “explosión mediática” del caso había marcada preocupación- informó que el convenio de entrega en custodia no prevé de ningún modo que en el predio se vaya a realizar un proyecto de construcción de viviendas. Tampoco le dan residencia permanente a ninguna persona. Pese a ello, Grabois admitió que “existe la posibilidad de que haya un pequeños proyecto habitacional para estos mismos productores”.

Los sucesos que arrancaron el fin de semana en la pujante zona sur de Mar del Plata generaron un cimbronazo en el Frente de Todos local. Aun influenciado por los homenajes a La Scaloneta, uno de los principales referentes de esa fuerza liderada por Fernanda Raverta, empleaba términos “futboleros” para definir la situación. “Laburamos para seducir a un sector de la clase media porque necesitamos esos votos para llegar a la intendencia y otra vez quedamos en offside. En ese arco tenemos que hacer los goles. Pero de repente te aparece uno con tu camiseta que viene y hace los goles en el arco nuestro. Goles en contra en un año electoral. Una locura”, graficó. Es mayoritario el malestar en el FdT donde además saltaron las internas, los pases de factura y las diatribas verbales entre algunos de sus integrantes. “A Grabois no le importa un carajo. Vienen, no dialogan ni consensúan, y todo lo que consiguen es así. Es muy difícil coordinar con un tipo así. Ahora lo que tenemos que evitar son los daños colaterales, los tiroteos abajo”, añadió, en referencia a las posiciones, diferentes por cierto, esgrimidas por representantes del FdeT. De hecho, el Frente de Todos local, orgánicamente no respaldó a Grabois, quien reclamó esa adhesión. “Les pido por favor a mis compañeros del Frente de Todos, sobre todo los que se dicen peronistas, que no se dejen apretar por un grupo minoritario que quiere hacer negocios a costa del bienestar de la gente”, reclamó Grabois.

En cambio, la concejal Sol de la Torre salió a bancar con firmeza la cesión de estas tierras. “En Chapadmalal no hubo tomas ni usurpaciones. Desde hace dos años planteo en el Concejo la importancia de discutir la planificación estratégica para Chapadmalal. La convivencia entre desarrollo inmobiliario y tierras productivas es un gran conflicto para el segundo cinturón frutihortícola del país”, detalló la edil en sus redes sociales, y aprovechó para recordar que el actual concejal del PRO, Fernando Muro -quien también en redes sociales disparó contra Grabois y esta iniciativa- “como secretario de Producción de Montenegro, vino el 22 de marzo de 2021 a pedirme ayuda para gestionar las tierras de Chapadmalal para un proyecto productivo agroecológico que incluía al MTE”.

En tanto, el “massismo”, integrante del Frente de Todos, por orden de su líder, el ministro de Economía Sergio Massa, salió con las tapones de punta contra el proyecto de Grabois, uno de los hombres del PJ más críticos del titular de Hacienda. El referente massista Juan Manuel Cheppi, y el actual director de Aerolíneas Argentinas, y concejal del Frente de Todos en uso de licencia, Ariel Ciano,advirtieron que la iniciativa va en contra del proyecto productivo de la ciudad. “Situaciones como estas generan desconsuelo y un lógico malestar”, alegaron, y denunciaron que “por conocidas experiencias anteriores, este tipo de accionar puede traer consigo a usurpadores que solo buscan cobijarse a espaldas del Estado con un sinfín de pedidos, en su mayoría subsidios, con la excusa, primero de hacer algún tipo de granja, y luego realizar actividades de otra índole, siendo que todos conocemos cómo terminan estas malas experiencias”.

Nuevamente Sol de la Torre disparó contra su excompañero de bancada y contra Cheppi, actual titular de la Unidad Estratégica del Ministerio de Economía. Ilustrando con el artículo de LA CAPITAL que reflejaba las declaraciones de ambos, escribió: “Cansan los tipos que están más pendientes del Twitter y la foto que de buscar soluciones reales a la vida de la gente. En 2016 -recordó- Macri autorizó la venta de tierras que tanto le preocupan a él, a Massa y a la gente de Massa. Por entonces -completó- Macri también dispuso la subasta de esas tierras a través del Banco Ciudad. Sin embargo, todo eran tan trucho que la Justicia lo frenó”.

Como lo informara LA CAPITAL, en la presentación que realizó Montenegro en la Justicia Federal para impugnar la cesión de terrenos en El Marquesado, remarca la constatación de la existencia de un sereno por los funcionarios municipales que se hicieron presentes en el lugar, cuidador que fue “retirado” del mismo por quienes se presentaron como legítimos tenedores. En ese sentido, el cuidador realizó una declaración testimonial en la que señala que le ofrecieron 1.500.000 en concepto de indemnización para dejar el lugar. En este contexto, Luis Boni, de 67 años de edad, declaró que se encargaba de cuidar el predio ubicado en kilómetro 551 de la Ruta 11 desde enero de 2010 y que hace 20 días, la abogada Gabriela Carpineti y otras personas se presentaron y le ofrecieron que se quedara en el lugar con la promesa de una remuneración mayor a la que recibía.

Sin embargo, Boni declaró que diez días después recibió un llamado en el que le explican que no podía permanecer en el lugar y que debía dejar el predio, ofreciéndole a cambio una paga por los animales que poseía. Finalmente, el sábado 25 de marzo, según consta en la declaración, se encontró con 50 personas haciendo fuego en el predio, momento en el que se le acercó la abogada y le dijo que tenía tiempo hasta el mediodía para dejar el lugar. Asimismo, declaró que luego habló con el presidente de la cooperativa de trabajo 15 de Enero, quien le ofreció una indemnización por la suma de 1.500.000. Además, dejó constancia que nunca recibió una notificación para dejar el lugar por lo que la situación lo tomó por sorpresa.

El intendente, según pudo establecerse, promovió querella criminal contra Eduardo Alfonso Albanese, presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado; Marcos Leonardo Santucho, presidente de la Asociación Civil Tercer Tiempo Escuela de Fútbol y Huerta Comunitaria; Osmar Eliseo Núñez, quien ocupa actualmente el predio, y Gabriela Diana Carpineti, quien se presentó como funcionaria pública. Con respecto al acuerdo, apunta contra la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por justificar la cesión “con fundamentos falaces e inexistentes”. En tal sentido, en la presentación judicial se consigna que “se pretende que una asociación civil de objeto humanitario y recreativo lleve adelante una supuesta custodia de un inmueble que nunca corrió peligro de ser intrusado. Todo ello, lisa y llanamente para simular la entrega de tierras a título gratuito y sin otro objeto que su ocupación ilegal,”, se apunta. Y se añade que también es falso que el inmueble no contara al momento de la emisión del acto con una custodia activa. Por último, se indica que “la regular contratación entre el denunciado y la Asociación Civil referida coloca a quienes se encuentran instalados en el predio en la típica conducta de la usurpación (Artículo 181 del Código Penal), la que torna aplicable el desalojo previsto en el artículo 238 bis del CPPN que puede disponerse-conforme las referida norma en cualquier estado del proceso y aun sin dictado de auto de procesamiento.