El domingo 7 de octubre había significado una ruptura entre el primer mandatario y la líder de la Coalición Cívica. "Perdí la confianza en el Presidente en la lucha contra la corrupción", disparó Carrió en la mesa de Mirtha Legrand, en una afirmación que cuestionaba uno de los principales propósitos con los que la alianza Cambiemos arribó al poder: diferenciarse de los ilícitos cometidos por la gestión anterior.

En ese sentido, la diputada nacional se erigió como el faro constitucional del oficialismo, al punto que llegó a pedir el juicio político del ministro de Justicia, Germán Garavano, luego de que el funcionario cuestionara la eficiencia de la prisión preventiva.

La semana pasada, en una entrevista con Infobae, Carrió reveló que en diciembre le había pedido a Macri que promulgara la extinción de dominio por DNU, lo cual no había sido cumplido. 

Tras el anuncio de la norma, elogió al jefe del Estado, en tanto rechazó la postura de Pichetto, quien se expresó contrario al DNU y reivindicó el proyecto de ley que en agosto de 2018 el Senado había girado, con modificaciones, a la Cámara de Diputados.

La principal diferencia de la iniciativa que el senador rionegrino había impulsado en concordancia con el kirchnerismo respecto a la promulgada por el oficialismo radicaba en la retroactividad, que en dicho proyecto era nula, y dejaba afuera la posibilidad de recuperar los bienes en, por ejemplo, la causa de los cuadernos de las coimas.

Con el nuevo instrumento legal, se podrán expropiar activos que se hayan adquirido con dinero de ilícitos cometidos hasta hace 15 años.

Pichetto, que tiene la llave para despojar de fueros parlamentarios a Cristina Fernández de Kirchner y reniega de esa posibilidad, se había pronunciado en contra de la Ley: "Tiene que haber una etapa de proceso penal con cierta consistencia, donde haya semi plena prueba para poder disparar la extinción de dominio".