Germán de los Santos

El puerto de Rosario está paralizado desde hace 40 días. El ingreso a Terminal Puerto Rosario (TPR), concesión que está a cargo de Vicentin y la firma chilena Ultramar, sigue bloqueado por un grupo de trabajadores que rechaza el acuerdo que se firmó la semana pasada en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que preveía la reincorporación de 20 de los 25 trabajadores cesanteados. El problema resurgió este lunes cuando los cinco operarios que habían quedado excluidos del acuerdo no pudieron ingresar porque la compañía los considera despedidos, debido a que cometieron hechos de violencia dentro de la empresa, donde se quemaron garitas de seguridad y también participaron en el intento de ocupación del Concejo Municipal y la Intendencia de Rosario, el 15 de diciembre pasado.

Todo parecía indicar, después de que se sellara un acuerdo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, que este lunes el puerto de Rosario volvería a funcionar después de 40 días de inactividad por un conflicto gremial. El problema surgió con cinco operarios que la empresa TPR no quiere que regresen a los muelles. Ese pequeño grupo fue indemnizado y tendrá cobertura de obra social durante seis meses. Incluso, se hicieron gestiones para que fueran incorporados en un depósito fiscal así no perdían la continuidad laboral. Esos operarios fueron identificados por TPR realizando desmanes dentro de la terminal, donde se incendiaron las garitas de seguridad.

La firma señala que ese grupo fue el que además hizo desmanes el 15 de diciembre pasado, cuando los estibadores y personas ajenas al conflicto gremial intentaron tomar de manera violenta el Concejo Municipal de Rosario y la Intendencia. Se produjeron serios destrozos en esos edificios. A la par, se había instalado un piquete, con quema de cubiertas, en la puerta del edificio Aqualina, donde vive uno de los directivos del puerto, que pertenece a Vicentin.

Detrás de la tensión que no logra apaciguarse, en el puerto de Rosario surgió una interna dentro del gremio de los estibadores que avivó el conflicto. Actualmente, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) está conducido por César Aybar, un dirigente que tiene las riendas del gremio hace años. Sin embargo, durante el paro en el puerto, originalmente planteado por un reclamo de aumento salarial y deudas, surgió un grupo que tiene el respaldo de gremios y sectores del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, que tensó aún más la situación.

Es el mismo sector que ahora desconoce el acuerdo firmado en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Reclaman que no puede haber ni un solo trabajador en la calle. “Hay 300 familias que no cobran por un grupo que tiene el respaldo de agrupaciones políticas y no permite que ingresen los trabajadores”, afirmó Aybar en diálogo con LA NACION. Este lunes a la mañana, unas 100 personas se apostaron en los ingresos y no permitían que entraran los operarios que debían comenzar con las tareas en los muelles.

“Sigue el conflicto porque no se deja ingresar al puerto libremente y hay temor entre el personal”, afirmó este lunes el gerente general de TPR, Leonardo Feltrinelli, quien señaló que en la terminal “continúan las amenazas y hay un gran temor no sólo del personal sindicalizado sino también del resto de los empleados no sindicalizados. En estos momentos, los grupos apostados en los ingresos al puerto continúan decidiendo quién entra y quién no a la terminal. Eso es algo inaceptable desde todo punto de vista”.

“Por ejemplo, permiten que entre el personal administrativo, pero no el del sector de operaciones. O que ingrese tal empleado, pero que no entre la gente de mantenimiento. No se puede ingresar con vehículos propios, sólo caminando. Realmente, es una situación muy extraña”, admitió el directivo.

La semana pasada, el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), organismo del Estado provincial que controla la concesión, intimó a la empresa a solucionar el conflicto para que el puerto retome la actividad. Desde hace 40 días no salen exportaciones que cargan en contenedores y que provienen de distintas provincias. El planteo del órgano del control del puerto rosarino va en línea con las declaraciones del ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri, quien dijo que la operación logística está parada “por responsabilidad absoluta de la empresa”.

Ante esta situación, en la que no se cumple el acuerdo firmado por la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, cuyo rol también es criticado por los sectores más ásperos del gremio, la Pastoral Social de la Iglesia Católica propuso mediar en el conflicto. El vicario general del arzobispado de Rosario, Emilio Cardarelli, recibió el viernes a una delegación de los trabajadores portuarios que sostienen la pelea por la reincorporación de cinco trabajadores despedidos en la terminal.

Terminal Puerto Rosario, la concesionaria que opera los muelles ubicados en esta ciudad, está conformada desde 2017, cuando se hizo el último cambio accionario, por Inversiones Portuarias Andinas (IPAL), que tiene un 50 por ciento de las acciones. Esta firma pertenece el holding Ultramar, de capitales chilenos, que es el encargado del gerenciamiento operativo del puerto. El resto está dividido entre empresas que tienen origen en Vicentin -actualmente en convocatoria de acreedores-. La agroexportadora tiene el 1,2 por ciento y el 39,8 por ciento restante está en manos de Sir Cotton, una firma que está dentro del esquema del grupo nacido en Avellaneda, el norte de Santa Fe. Esa terminal opera con cargas de contenedores que llegan de distintas economías regionales del país para ser exportadas por este puerto.