El exjefe de la Policía de Córdoba, César Almada, ingresó ayer a las 9.30 al despacho del fiscal Raúl Garzón y salió pasadas las 16. Según informó el propio fiscal, Almada fue “absolutamente colaborativo” y respondió en detalle un extenso cuestionario elaborado por la fiscalía.

El exjefe fue el primer testigo de la causa iniciada de oficio el 3 de diciembre pasado por la Fiscalía de Distrito III, turno 7, durante el autoacuartelamiento policial que dio lugar a la más violenta ola de saqueos que recuerde la ciudad de Córdoba. Lo que trata de establecer la investigación de la fiscalía es si existió responsabilidad de jerárquicos y oficiales de la Policía en la instigación de esos saqueos.

“El exjefe fue colaborador con todo el interrogatorio. Contestó todo lo que estaba a su alcance, dando respuesta a todo lo que se le requirió”, expresó el fiscal. Recalcó que a esta primera testimonial “seguramente le seguirán varias más” y que “varios altos jefes serán citados a declarar”.

“Se va a avanzar sobre lo que corresponda a partir de la declaración y muchos otros elementos que restan analizar”, manifestó Garzón. “La intención de este fiscal y, de cualquiera, es primeramente es la de cumplir con su tarea, que es la de obtener la prueba. Investigar, imputar si correspondiere”, explicó.

El fiscal dijo que no puede “entrar en detalle de lo declarado porque hace al secreto de las actuaciones, en las que se debe avanzar prolijamente”.

“En su momento, ustedes saben cómo nos hemos venido manejando desde el Ministerio Fiscal. En su momento y, cada medida que se toma, se podrá dar a conocer, pero siempre preservando la investigación”, agregó. Recalcó que se trata de una causa muy amplia y que deben tenerse en cuenta en investigarse “muchos aspectos del accionar policial”.

“La actuación que le cabe a la Justicia y al Ministerio Fiscal es la de la debida investigación de los hechos y, eventualmente, si existiesen delitos, perseguir obviamente a quienes sean responsables”, expresó Garzón. Recalcó que la fiscalía mantendrá extrema cautela, dada la sensibilidad de la causa judicial.

La Fiscalía a cargo de Garzón también tiene a cargo la investigación de una denuncia presentada por el abogado Alejandro Pérez Moreno, quien pidió que se esclarezca si existió connivencia entre policías y saqueadores, si hubo zonas liberadas y si actuaron agitadores “profesionales” instigando a saquear comercios.

A esa denuncia se sumó lunes el Colegio de Abogados de Córdoba, que anunció que tras las feria judicial solicitará ser incorporado como parte querellante en la denuncia de Pérez Moreno. No obstante, la actuación de Garzón es previa a dicha denuncia, y data de la noche misma de los saqueos.

Mientras en la Justicia Provincial avanza con esa investigación, el abogado Alejandro Zeverín, en representación de la Unión de Policías y Penitenciarios 7 de Agosto presentó en la Fiscalía General de la Provincia una nota que solicita que se declaren nulas todas las causas vinculadas a insubordinación policial, ya que son propias de la Justicia Federal.