"Existe una desorganización administrativa en el Consejo Escolar"

Es el resultado de la auditoría que se realizó el mes pasado en el organismo que preside Claudia Piccolo. También cuestionaron la demora en el uso de fondos para obras en escuelas.

“De no propiciar un cambio rotundo de conductas con el manejo eficiente de la documentación y/o fondos emanados del erario público bajo su resguardo, podrían ser pasibles de sanciones previstas en el plexo normativo vigente”, es la advertencia final de los responsables de la auditoría del Consejo Escolar, realizada el 15 de junio pasado.

De acuerdo al informe elaborado a partir de las actuaciones llevadas a cabo por el organismo que conduce Claudia Piccolo, en el distrito se deben realizar 14 obras para las que se asignó un presupuesto oficial de $1.364.109,53. Sin embargo, se señala, sólo 3 se encuentran en ejecución (poseen acta de inicio vigente a la fecha de la auditoría) y hay otras 3 pendientes de inicio.

Además, se menciona que “el importe en obras en proceso de licitación y/o adjudicación o aún no iniciadas asciende a la suma de $1.118.836”. “Se vislumbra que esta metodología de trabajo y forma de operar es repetitiva, obteniendo como resultado situaciones de extrema tensión en la gestión”, advirtieron.

En este contexto, los auditores consideraron que en el Consejo Escolar local “se deberá profundizar la adecuación de procesos y circuitos a los normados por la reglamentación vigente” debido a que “existe una desorganización administrativa que atenta ostensiblemente sobre los objetivos generales a cumplir por ese Consejo Escolar”.

“Esto redundaría favorablemente, en la gestión de la administración del Consejo, obteniendo eficacia y eficiencia en el manejo de los recurso autogenerados y/o afectados desde la Administración Central”, evaluaron.

Por otra parte, indicaron que la “inmovilización de fondos por parte de este cuerpo colegiado (caso riesgo de inicio y gas) durante importante lapsos de tiempo afecta a la capacidad financiera” del organismo provincial a la hora de hacer frente a contrataciones, “en razón del costo de oportunidad que se está afrontando, en virtud de posibles fluctuaciones estacionales de valores de mercado y también su capacidad económica en cuanto a las cantidades y calidades de los artículos que podrían adquirirse”.

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