Tal como se reflejó ayer, hubo una amplia participación de los vecinos del lugar y de las distintas localidades aledañas en esta franja que corresponde al departamento Bermejo, y donde existen muchas poblaciones criollas y aborígenes. Entre las autoridades se contaron el ministro de la Producción y Ambiente, Raúl Quintana; el asesor del Poder Ejecutivo Provincial, Luis López Guaymás, el coordinador del instituto PAIPPA, Carlos Sotelo, el Defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, además de autoridades de la cartera Productiva.

El -Área de Derechos Humanos y Grupos Minoritarios- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, resaltó la nutrida y heterogénea participación que tuvo la Audiencia Publica llevada a cabo en la Localidad de Fortín Lamadrid, y en donde se expuso el Estudio de Impacto Ambiental relacionado al Proyecto de la Obra de Pavimentación de la Ruta 86- Tramo Posta Cambio -Zalazar- Guadalcazar . El Ombudsman Provincial, destaco la investigación de campo, con la que se llevó a cabo el Estudio de Impacto Ambiental. En esta traza de 120 km, se cito, que en el punto 5.5.3.2 ya se prevé que el Plan de Capacitación para la implementación del Plan de Manejo Ambiental, tenga en cuenta el conocimiento de las particularidades socioculturales de las Comunidades Aborígenes, asentadas en la zona de ejecución del Proyecto. En la misma Audiencia Pública, participaron Representantes de las Comunidades de Pueblos Originarios de la zona e integrantes de los mismos, quienes acompañaron junto a los criollos todo el trámite del acto.

La Defensoría del Pueblo peticionó que la contratista tenga en cuenta la inclusión de la mano de obra de los habitantes y vecinos de la zona y que allí también se incluya a integrantes de las Comunidades Aborígenes, considerándose que esta es toda una oportunidad que se le presenta a los mismos, no solamente para obtener un trabajo, sino también conocimientos que posteriormente pueden utilizarlos a favor de toda su Comunidad, se rescato que la pavimentación de una traza trae inexorablemente la llegada de cambios profundos y con ellos también el intercambio de bienes y servicios y en esto las Comunidades Aborígenes también tendrán más posibilidades de comercializar sus productos artesanales y otros por lo que todo ello causará un impacto altamente positivo para los aborígenes.

Por último el Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó que en cuanto al impacto de las obras en el patrimonio sociocultural de las Comunidades Aborígenes, exigió el respeto irrestricto a la ley Provincial Nº 426- Ley Integral del Aborigen y de toda normativa dictada en su consecuencia.