Es una ayuda económica que debían recibir 74 mil familias. Está trabada en la Legislatura.
El documento apunta a la imprevisión y falta de obras hidráulicas pertinentes para drenar ese torrente que resultó incontenible durante las seis horas de lluvia (400 milímetros) y después de la última gota que cayó aquel 2 de abril.
Tal vez, la imagen de Mafalda interrogante, montada por los artistas en Plaza San Martín, resuma las falencias de “los mayores” responsables de aquella jornada fatal. “¿Quién se ocupa del daño?”, trataron de establecer en los talleres organizados por los asambleístas.
Cuestión de prioridades: el subsidio de $ 2.000 millones aprobado en dos comisiones de la Legislatura, destinado a las familias afectadas por el temporal no se tratará hasta después del comicio del 27 de octubre. Y resulta improbable que el gobierno provincial active esa partida por falta de recursos.
La atención parece cerrada para los inundados. Un día después de la catástrofe, el Ejecutivo bonaerense anunciaba una línea de créditos del Bapro por montos de hasta $ 50.000 que, a los pocos días, se redujeron a $ 14.000. El otro condicionante fue la afectación del sueldo del beneficiario del crédito, que pasó del 25% al 9%. Esa restricción, y las “irregularidades” administrativas, hicieron que el monto total no superara los $ 500 millones (para 17.152 tramitaciones). En agosto se cortaron los préstamos, según explicó a Clarín el secretario general de la Asociación Bancaria, Salvador Villano.
Daniel Scioli asegura que invertirá $ 2.278 millones para obras hidráulicas de los arroyos Del Gato, Maldonado, Pérez y otros afluentes. No hay mucho crédito (del otro) con las palabras de las autoridades, incluido el intendente Bruera. Por eso o, por una necesidad de esperanza, la alegoría de la suelta de globos de ayer en Plaza Moreno, en la entrada del Palacio Municipal y de espaldas a la Catedral.
¿Qué demandaron las 300 personas reunidas allí? Los subsidios, pero también justicia para las imprevisiones y la falta de respuesta oficial. Certeza para conocer cuántas personas murieron el 2 de abril: el juez Luis Arias dijo que la conclusión preliminar estará en un mes. Más compleja es la causa tramitada por el fiscal Jorge Paolini, quien procura evidencias para establecer si hubo “estrago doloso” cometido por funcionarios provinciales. Lo que investiga es si adulteraron certificados de defunción. Una maniobra macabra en medio de tanto sufrimiento.
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