Esteban Leandro Mirofsky, titular de la ex Agencia de Innovación y Gobierno Abierto de la Municipalidad de Bahía Blanca, irá a juicio acusado del delito de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas", es decir de direccionar licitaciones a favor de su pareja en el lapso comprendido entre fines de septiembre de 2012 y comienzos de diciembre de 2015, debate oral que podría ser bajo la modalidad de abreviado.

Mirofksy fue investigado a partir de una serie de pruebas que se inició por material publicado por el periodista de La Nueva, Sergio Prieta y por su colega Leandro Fernández Suñer y dan cuenta que "aconsejaba y/o sugería la contratación de un servicio de relevamiento fílmico de la totalidad de la vía pública de Bahía Blanca, General Cerri e Ingeniero White con la empresa Promotions S.A. a fin de que esta última brindara dichos servicios a la Municipalidad".

En la elevación a debate oral, se menciona que dicha firma "facturó la suma de 3 millones 360 mil 650 pesos", al tiempo que el escrito añade: "Intervino en los procesos de compra, no obstante su vinculación con Imagine Media -marca de propiedad de Promotions S.A.-, y con Cecilia Bancalari -socia de 4F Soluciones S.A.- sociedad esta última que posee idéntico domicilio fiscal que Promotions S.A., como así también ha facturado en el mismo período (a la mencionada firma) por un servicio similar de relevamiento fílmico 360º en la ciudad de Buenos Aires.

"En caso de ser condenado, la pena que podría recibir el ex funcionario municipal sería de hasta seis años de cárcel"

En otro tramo, se menciona que "los elementos probatorios colectados en esta investigación, no hacen más que corroborar la existencia de algunas de las conductas que -en su denuncia- destaca el ex concejal Manuel Mendoza, y que se traducen en un accionar irregular por parte de Esteban Mirofksy, al intervenir personalmente -en esa razón de su cargo- en la contratación municipal con una empresa particular vinculada tanto con él como con su pareja, lo que traduce un obrar sesgado por un interés que trasciende el ejercicio debido de su función pública".

En resumen, lo que se le achaca a Mirofsky es haber participado activamente en procesos licitatorios, en nombre del estado municipal, aconsejando qué empresa debía contratarse y optando por aquella que tenía vinculaciones directas no solo con él, sino con su pareja (Bancalari). "Esto se traduce en un acto que viola la más mínima regla de probidad y transparencia", resalta el fiscal Del Cero en su acusación.

Por último, el representante del Ministerio Público señala que merece un "párrafo aparte la mención que se contrató la provisión de un servicio de imágenes georeferenciadas, no habiéndose podido recabar información que determine la necesidad de esa contratación".