Por Mauricio Cantando.

La bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia presentará este lunes la auditoría sobre el funcionamiento de la oficina de escuchas judiciales que tiene a cargo la Corte Suprema desde 2016, cuando le fue transferida mediante un decreto de Mauricio Macri.

Y el resultado del informe, elaborado por los legisladores durante los últimos 6 meses, es que los supremos permitieron que las conversaciones telefónicas interceptadas por orden judicial se filtraran en los medios y hasta llegaran a manos de jueces ajenos a las causas originales. 

El principal responsable de esas irregularidades habría sido el camarista Martín Irurzun, quien estuvo a cargo de Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, la Dajudeco, creada por la Corte para abocarse a las escuchas judiciales ni bien le fueron transferidas. 

Irurzun es autor del fallo que habilitó las prisiones preventivas de ex funcionarios por casos de corrupción, que algunos de sus colegas consideraron una "doctrina".  No así la bicameral del Congreso a cargo de la implementación del Código Procesal Penal, que hace un año y por unanimidad restringió los motivos para detener gente sin condena firme. En el informe se lo acusa de no haber protegido las grabaciones junto a las ex autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y a los jueces que las utilizaron para sus investigaciones. 

Lorenzetti quedará peor parado que sus cuatro compañeros porque presidía la Corte y no pudo explicar algunos trámites internos, como el sorteo que, según la acordada 2 de 2016, designó al frente de la Dajudeco a Irurzun y como suplente al camarista Javier María Leal de Ibarra. Otro decreto posterior de Macri los confirmó en sus cargos hasta enero de 2020. 

Sus nombres se habían filtrado en los medios pocos días antes de esa acordada, firmada además por Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.  Durante la investigación, los legisladores no hallaron el acta del sorteo en ningún rincón de la Corte. 

En junio, el senador Oscar Parrilli, una de las víctimas de la filtración de escuchas, había anticipado que si se comprobaba que Irurzun fue elegido a dedo "Lorenzetti ha incursionado en un delito, que es precisamente el de adulterar un documento público" y por lo tanto era plausible a un juicio político. El fiscal federal Federico Delgado promovió una investigación sobre el misterioso sorteo pero la causa fue cerrada por la Cámara Federal. Con los nuevos datos de la bicameral podría reabrirse. 

Ricardo Lorenzetti. A su derecha están el ex ministro de Justicia Germán Garavano y el camarista Javier Leal de Ibarra, ex suplente de Irurzun en la Dajudeco. 

En una de sus últimas cartas, Cristina atacó a la Corte pero hizo especial hincapié en el reafaelino como encargado de materializar el "Lawfare", como define a la un presunto ataque corporativo de la justicia contra ella y sus ex funcionarios ni bien abandonó la Casa Rosada. 

Esta auditoría le servirá para justificar ese diagnóstico, sobre todo porque señala que la Dajudeco se excedió en sus funciones, debido a que  el decreto firmado por Macri se redujo a derivarle a la Corte el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), que hasta entonces funcionaba bajo la órbita del Ministerio Público.  

La auditoría determinó que la oficina de escuchas creada por la Corte se excedió en sus funciones y permitió que se filtrara materia a los medios y al fallecido juez Claudio Bonadío. Nunca apareció el acta del sorteo que definió sus autoridades. 

Sin embargo, una de las atribuciones que se tomó la Corte, según el informe, es la definición de corrupción como uno de los delitos complejos para intervenir comunicaciones. No sólo eso: en 2014 había creado un cuerpo de peritos para actuar en esos casos, en 2016 lo puso bajo la misma superintendencia que la Dajudeco y lo cubrió con procedimientos que fueron revisados y no quedaron claros. No pudo describirlos el actual presidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, como tampoco detalló bien como sortean las causas a peritar. 

La segunda parte de la auditoría, que algunos legisladores oficialistas llamaron "euforia de Lawfare",  considera que la Dajudeco actuó como "una policía persecutoria" bajo un mecanismo que consistía en producir una prueba y aportarla para alimentar una causa.

En este capítulo cobra relevancia Irurzun, por estar "de los dos lados del mostrador". Lo acusan de utilizar las escuchas que él mismo realizaba para causas en las que actuaba como camarista. La principal fue la pinchadura del teléfono de Parrilli dispuesta por María Servini de Cubría en una "precausa" iniciada en 2016 por los entonces jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.  

Martín Irurzun (primero a la izquierda), junto a los camaristas Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia. Atrás miran los jueces Claudio Bonadío y Ariel Lijo. 

De esas grabaciones surgieron sus diálogos de 2016 con Cristina difundidos en el verano de 2017, en el que lo llamaba "pelotudo". Según el informe, su difusión coincidió con el traspaso de la causa al juzgado de Ariel Lijo, por lo que presumen que Irurzun aprovechó la salida del material de su oficina para facilitarle una copia a los medios. La AFI también lo tenía en su poder, a través de su director de legales Juan De Stéfano, involucrado en la causa por espionaje ilegal del organismo. Justamente, se lo acusa de multiplicar su tarea en tribunales para acceder a material sensible y ajeno a las funciones de la AFI.

El titular de la Dajudeco era Juan Tomás Rodríguez Ponte, ex secretario de Lijo, quien cuando los diálogos de Cristina y Parrilli se viralizaron no tardó en desvincularse de las filtraciones, sobre las que aún nadie dio explicaciones. Para ese entonces las escuchas tenían 209 días y debían haberse destruido.

La causa por espionaje ilegal tiene a la Corte en la mira del kirchnerismo

Parrilli resultó sobreseído en primera instancia pero el fallo fue revocado por la Cámara Federal nada menos que con el voto de Irurzun y de Leopoldo Bruglia, uno de los magistrados que había sido trasladado sin acuerdo del Senado, un trámite objetado este año por la mayoría oficialista de esa Cámara que responde a Cristina. 

La otra filtración por la que la Corte no dio explicaciones es de la causa que estaba a cargo del juez de Lomas de Zamora Federico Villena e investigaba al narcotraficante Mario Segovia, conocido como "El rey de la efedrina", cuando estaba detenido en la cárcel de Ezeiza. 

De esas grabaciones surgieron conversaciones que sin autorización de Villena llegaron a las manos del juez Bonadío, protagonista de la mayoría de las causas sobre corrupción contra el gobierno de la ahora vicepresidenta. 

Eran charlas entre el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi  (detenido por la causa del accidente ferroviario de la estación de Once) con el ahora diputado oficialista Eduardo Valdés, quien le anunciaba la investigación de la red de espionaje ilegal en Dolores que involucra al fiscal Carlos Stornelli, otro actor clave en las investigaciones sobre la ex presidenta. 

Los legisladores creen que el único que pudo haber facilitado ese material es Irurzun, pero además debió haberle dado una regrabación porque los originales estaban en manos de Villena, quien este año inició la causa por espionaje ilegal que acorraló a Arribas y Majdalani. La AFI también formaba parte de la investigación sobre Segovia, por lo que De Stéfano deberá dar explicaciones. 

La bicameral no tiene atribuciones para iniciar demandas judiciales pero los legisladores, de mínima, usarán este informe para exigir que la Corte Suprema abandone la intercepción de llamadas telefónicas, aunque no tienen claro dónde derivarlas. 

El plan original era que retornen al Ministerio Público y el primer paso lo dio el Senado con la derogación del decreto de Macri que se las había quitado. Restaba que en Diputados el oficialismo reúna una mayoría para completar el trámite, pero las gestiones se detuvieron cuando Cambiemos no facilitó los dos tercios en el Senado para nombrar a Daniel Rafecas al frente del organismo y dejó que siguiera a cargo del interino Eduardo Casal. 

El kirchnerismo lo considera funcional a Macri y presiona por su salida, que se produciría en forma automática si Diputados sanciona la ley del Ministerio Público, aprobada en el Senado.  

Una opción que se baraja si ese trámite se demora es la de retornarlos al Poder Ejecutivo, como cuando estaba a cargo de la ex Side, pero con un control parlamentario más estricto, como parte de una nueva ley de inteligencia que comenzó a discutirse en el Gobierno, con el aporte de ministros y legisladores. Llegaría al recinto en 2021.