LPO accedió a documentación exclusiva que detalla el circuito de trece llamadas que se realizaron entre el titular de la financiera Propyme, Guillermo Greppi, y el subsecretario de la Legal y Técnica, Carlos Liuzzi, durante y después del allanamiento en el que policías a cargo del operativo le habrían solicitado dinero en nombre del juez federal Norberto Oyarbide para suspender el procedimiento.

Greppi declaró ante el juez federal Luis Rodríguez que los policías Fabio Ascona, César Ceballos y Juan Saizar lo habrían sobornado para frenar el procedimiento el 19 de diciembre del año pasado.

Sin embargo, la defensa de los policías, a cargo de la abogada Valeria Corbacho, habría solicitado al magistrado que investigue el entramado de sociedades vinculadas a Propyme como llamados, líneas de celulares y sus responsables.

Para los policías, los dueños de Propyme habrían intentado frenar el allanamiento para evitar el acceso a información de su cartera de clientes como empresas beneficiadas con la alícuota reducida en el impuesto al cheque.

Por los registros analizados, se pudo comprobar que a las 13.19 las cámaras de seguridad de la mutual-financiera dejaron de filmar.

Los llamados

Por otro lado, en el entrecruzamiento de llamados se corroboraron nueve llamados de Greppi a Liuzzi y cuatro del subsecretario de la Legal y Técnica al financista en diferentes momentos de la tarde desde que se inició el procedimiento judicial.

A las 12.54 el titular de Propyme recibe una llamada de su abogado Fernando Jorge Torres. En tanto a partir de las 12.57, intenta comunicarse con el Comisario Mayor de la Policía Federal Argentina Guillermo Calviño en ocho oportunidades en las que sólo cuatro habrían conversado.

En la declaración testimonial, Calviño negó que le hubiera dicho que se le exigió dinero ilegítimo.

Cuando el reloj marcó las 14.53 se desató la llamada comprometedora para el Gobierno, entre Greppi y Liuzzi quien a las 14.57 llama al custodio de Norberto Oyarbide, Hernán Estrada, debido a que el magistrado no utiliza móviles.

A las 15.10 Greppi recibe el llamado de Liuzzi desde su celular. Luego el financista lo llama a Liuzzi a las 15.13, los que se repiten hasta las 18.50 en ocho oportunidades más hasta comunicarle que el allanamiento finalizó.

En tanto, la noche anterior al procedimiento policial, Liuzzi habría llamado en dos oportunidades a José Bernardo Marin, custodio de Oyarbide, quien al otro día le habría devuelto los llamados a las 8.21 y a las 9.24 de la mañana del 9 de diciembre de 2013, según la documentación a la que accedió LPO.

Rafecas

Del análisis de los llamados, surgirían dos números que llamaron la atención de los expertos con acceso a la documentación.

A las 13.05 de ese día Greppi llamó a los dos celulares de ZAZEN Producciones, empresa bajo la titularidad de Diego Rafecas, hermano del magistrado Daniel Rafecas, aunque jamás respondieron.

Los contactos se reiteraron en cuatro oportunidades. A las 13.28 el segundo llamado, a las 14.18 el tercero y a las 14.20 el cuarto desde los celulares de Greppi a dos de los números del cineasta.

El juez Rafecas, sobreseyó al ex vicepresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes visuales, Incaa, Jorge Armando Alvarez por la presunta malversación de fondos, como a los empresarios Oscar Azar y Fernando Huberman.

Esto le significó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por supuesto mal desempeño al no por haberse excusado de intervenir en una causa en que debía investigar a su hermano y sus socios.

Azar, socio de la compañía Lacsa, resultó ser accionista de otra empresa, Daltel SA, vinculada a Fernando Sokolowicz, socio comercial de Diego Rafecas y accionista de Página/12.

Además de haber sido beneficiado por subsidios millonarios, Diego Rafecas mantendría vínculos con el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, desde su gestión como senador.

Para algunos expertos consultados, los subsidios del cine podrían estar vinculados al blanqueo de dinero ilegal a través de “cuevas”.

Así lo denunció en 2010 el abogado Ricardo Monner Sans y solicitó se investigue al entonces secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia, por presuntas irregularidades en el control de los subsidios que se otorgaron desde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) entre los años 2002 y 2005.

"Los cheques salían de la Tesorería de Incaa y se cambiaban por dinero en lugares bautizados como 'cuevas' y con el dinero en mano se formalizaba un reparto entre 'los beneficiados'", explicaba la presentación del abogado.

Dicha causa se encuentra a cargo de Sebastián Casanello, pero antes del arribo del juez alineado a La Cámpora, estuvo bajo la subrogancia de Oyarbide.