Carlos Burgueño

Un hecho consumado, sin marcha atrás. Una negociación entre particulares, en las que el Estado nacional no debe ni tiene por qué intervenir. Cosa juzgada. Así considera el gobierno nacional de Javier Milei la situación generada por la venta de la operatoria de Telefónica de Argentina a Telecom, por unos 1.245 millones de dólares, según lo anunciado el martes pasado. Desde la Casa Rosada y las oficinas intervinientes de manera directa o indirecta, no hay mucho más para hablar con los españoles. Telefónica, para los libertarios, ya es parte del pasado. Todos los muchos, enormes, problemas que trajo la operación anunciada sorpresivamente la semana pasada habrá que tratarlos de manera directa con Telecom. La empresa compradora que, para aclarar el panorama, tiene al Grupo Clarín como uno de los principales propietarios del paquete accionario con un 40%, pero no la mayoría, ya que se comparte cartel por porcentaje con la compañía Fintech, del mexicano David Martínez. Uno de los personajes más interesantes de la historia empresarial reciente de la Argentina, y que aparece en el escenario local desde el inicio del “juicio del siglo” entre el país y los fondos buitre que no aceptaron la reestructuración de la deuda planteada por Roberto Lavagna entre 2005 y 2006. Y que luego de reconvertirse en “buitre amigo” terminó como socio del Grupo Clarín en la compra de Telecom, y la autorización de operatoria en la telefonía celular. El otro 20% de las acciones es de cotización abierta.

Lo notable de la operación de cierre de la compra de Telefónica es que la ingeniería financiera fue realizada al mejor estilo primer mundo. Como hace muchos años no se veía en el mercado local. Fue una combinación de movimiento de miles de millones de dólares, armado de estructura de crédito, intervención de actores del primer mundo financiero mundial y un secretismo envidiable. Para comenzar, los agentes bancarios fueron el BBVA, Santander, ICBC y el Deutsche Bank. Entre todos, y bajo la garantía de la presencia de David Martínez y la gestión del vendedor español, de los 1.245 millones de dólares de la operación, casi el 90% proviene de apalancamiento financiero, un porcentaje poco habitual en este tipo de movimientos; donde en general, hay un importante aporte de capital propio. Más si el pago viene desde el mundo en desarrollo, como la Argentina. Sin embargo, el buen Veraz internacional del socio mexicano, la presencia del Grupo Clarín y su aceptable currículum y, fundamentalmente, las ganas de Telefónica de acelerar su salida del muy complicado mercado argentino, hicieron que las negociaciones se destrabaran rápido.

Párrafo aparte para el secretismo de la operación. Por lo que se sabe, las conversaciones entre Telefónica y Telecom se dieron de manera directa desde mediados del año pasado, cuando desde Buenos Aires el Grupo Clarín y Fintech decidieron encarar la aventura. Se estima que los contactos directos comenzaron en junio 2024, y se aceleraron en el último trimestre del año pasado. Para esa época comenzó a cerrarse la ingeniería financiera y la evaluación final de los activos que se irían a comprar. Incluyendo los servicios. En este paso hay que tener una cuestión siempre sobre la mesa: Telefónica quería irse de América Latina en general y Argentina en particular, lo antes posible.

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¿Por qué no hubo negociación con otros grupos para potenciar una competencia al mejor postor? Fue una condicionalidad de los compradores finales. La operación sería a todo o nada, poniéndose de acuerdo en un precio y cerrando la liquidación final con un giro de los millones de dólares correspondientes. Punto. Si desde Madrid se hubiera querido una negociación abierta, probablemente Telecom no hubiera participado. Y ante la comparación de los carteles del grupo comprador y el resto de los potenciales interesados (y la potencial billetera financiera de estos), se decidió avanzar con el principal competidor de Telefónica de Argentina. Con un detalle importante. Impuesto por el Grupo Clarín y el mexicano Martínez. Toda la negociación debería ser secreta. Blindada. No debería haber filtraciones de ningún tipo. Incluyendo la intervención del gobierno nacional. Cuando la operación termine y se anuncie, debería ser una sorpresa para todos. Para el público, los otros interesados (al punto de que hasta la semana anterior alguno de ellos seguía comprando pliegos a los españoles para participar de la compulsa) y, en especial, para el gobierno nacional. Y así cumplieron las partes. Recién a fines de enero comenzaron a circular por oficinas poderosas públicas y privadas de Buenos Aires las versiones sobre que el elegido de Telefónica era Telecom. Y desde la Casa Rosada hubo alguna certeza hacia comienzos de febrero, cuando, coincidentemente, se deslizó alguna reflexión negativa desde el Presidente. Sin embargo, el listado de interesados que circulaba, y en el que el Grupo Clarín solo era una nombre más, tranquilizó a los libertarios. Quienes, finalmente, se enteraron de la concreción final cuando las informaciones de la megamillonaria operación llegó a las bolsas de comercio de Buenos Aires (desde Telecom) y Madrid (Telefónica). Incluso un alto funcionario de la rama de los importantes del gabinete de Javier Milei se enteró del cierre de la compra vía la publicación On Line de Expansión, el diario español creado por el grupo Recoletos y tradicionalmente muy cercano a Telefónica.

La protesta oficial fue pública, notoria y desde la emisión de un comunicado firmado por la Oficina del Presidente. En las oficinas de la Casa Rosada habían otros empresarios y grupos en mente para que se hicieran cargo de Telefónica de Argentina. Concretamente los elegidos por los libertarios eran tres: el grupo Werthein, Eduardo Elsztain y el grupo Midlin. De hecho, en uno de los casos, el nombre era más impulsado desde el Gobierno que desde el verdadero interés del privado. Sin embargo, al correr las horas la ansiedad oficial por el anuncio del cierre de las negociaciones entre Telefónica y Telecom comenzó a ceder y se tomaron una serie de decisiones cruzadas. La primera, dar por cerrada y confirmada la operación. Telefónica había vendido a Telecom su participación en la Argentina, y ya nada había para hacer. Caso cerrado. La segunda: plantearles a los compradores que se abre una etapa de negociación en la que, ahora sí, el Estado nacional estará presente. Y será la llave para que el desembarque llegue a buen puerto.

La idea del oficialismo es poner sobre la mesa la letra clara de la Ley de Defensa de la Competencia donde se establecen las “regulaciones para evitar la formación de monopolios y garantizar una competencia justa en los mercados”. Allí figura que “cualquier operación que implique una participación igual o superior al 25% del mercado relevante debe ser revisada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), el organismo encargado de evaluar y dictaminar sobre la legalidad de la transacción”. Siguiendo la lógica presidencial, si es verdad (es verdad) que Telecom detentaría el 70% del mercado de las telecomunicaciones y el servicio de contenidos de cable, se estaría perforando la frontera del 25%. No es como ven las cosas desde Telecom. Los compradores de Telefónica consideran que la competencia real no debe medirse dentro del mercado de telecomunicaciones estándar, sino tomar en cuenta el gran escenario que implica la apertura inevitable del espectro al servicio de internet satelital. Dicho de manera más directa, la irrupción en el mercado de Starlink, la empresa de Elon Musk, que hoy detenta el 100% de ese mercado. Pero también, como Telecom participa del mercado de market place digital y las billeteras digitales a través de Personal Pay, la apertura comparativa sería aún más amplia, ya que debería sumarse a la división porcentual a los bancos que operan la billetera de MODO y, obviamente, a Mercado Libre-Mercado Pago, de Marcos Galeperin. Este sería para el tándem Clarín-Martínez (nunca hay que dejarlo afuera en estas acciones) el inmenso mercado donde debería considerarse la operación de compra de Telefónica, donde, obviamente ese 70% del que habla el Gobierno se diluiría en un nivel inferior al 25%.

Para la mirada oficial, esto no es así. Y quizá solo habría que tener en cuenta si es o no competencia la telefonía satelital con la que la empresa de Elon Musk quiere inundar el territorio argentino, con una inversión que permitiría llegar no solo a las ciudades, sino también, directamente, a los celulares.

En definitiva, nada que no se pueda negociar, según ahora están entendiendo las dos partes. Y esto que hasta aquí no se habló de las cuestiones políticas y los vaivenes de la relación entre el gobierno de Javier Milei y el Grupo Clarín.

Hay un dato que ya es pétreo. Comienza así a cerrarse la historia de Telefónica en Argentina, un capítulo que comenzó a escribirse en 1988, cuando en los tiempos finales de Raúl Alfonsín y a instancias del ministro de Rodolfo Terragno y el entonces primer ministro de España, Felipe González, se proyectaba a Telefónica como la socia operativa e inversora de la entonces nacional y popular Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel. Luego vinieron las privatizaciones en los tiempos de Carlos Menem, cuando en noviembre de 1990 Telefónica y Telecom se realizó el traspaso de Entel. La presencia de Telefónica en Argentina sobrevivió los gobiernos de Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, el kirchnerismo, el macrismo, Alberto Fernández, y cierra su presencia en el país con Milei en la presidencia.

Cierta nostalgia trae este movimiento final de Telefónica en el país. Como mínimo, quedará en la historia como un clásico poderoso de los 90, cuando además de telefonía, avanzaron hasta en la compra de un canal de televisión: el glorioso Telefe de los tiempos menemistas, donde Susana Giménez, Marcelo Tinelli y el resto de las grandes figuras del país reinaban en un país que parecía no tener techo.