A partir de esta semana, los 10 años de residencia van a empezar a dejar de ser un impedimento para acceder a un plan de vivienda en la ciudad. Si bien habrá que cumplir un largo proceso de aprobación, quedará abierta la posibilidad para que quienes no cumplan con este requisito puedan participar del próximo sorteo que se haga en la ciudad.

El proyecto de ordenanza que modifica la norma vigentes desde hace 10 años, fue analizada en la mañana de ayer en la reunión de comisión que mantuvieron los integrantes del Concejo Municipal. Y si bien se llegó a un acuerdo para aprobar este cambio en la sesión del jueves, el tratamiento del tema puso en evidencia varias diferencias.

"BENEFICIOS

CONCRETOS"

En primer lugar, el texto de la iniciativa hacía referencia a ciertos "beneficios concretos para la sociedad rafaelina" de las familias interesadas, como criterio para justificar la excepción. La definición estaba orientada a priorizar aquellos profesionales que llegan a la ciudad a cubrir la falta de oferta laboral en ciertas especialidades. Pero la amplitud del concepto terminó convirtiéndose en eje de una polémica.

La discusión giró en torno a la falta de certezas que plantea el término "beneficio concreto". Su acepción puede ser tan variada (y polémica) que finalmente tuvo que ser revisada.

El primero en plantear la cuestión fue el concejal de la oposición, Germán Bottero. Dijo que el criterio era de carácter subjetivo y que algunos podrían plantear que el sólo hecho de cumplir con los impuestos locales podría representar ese "beneficio" a la comunidad.

Uno de los autores del proyecto, el concejal Silvio Bonafede, defendió la propuesta haciendo mención a repetidos casos de jóvenes que vienen a estudiar a Rafaela, y al terminar sus estudios deciden quedarse. "Es gente que ha formado su familia en la ciudad. Pero no puede acceder a una vivienda", expresó.

Si bien el planteado fue acompañado por la mayoría, también hubo coincidencias en torno a los riesgos que se correrían. "Un bombero zapador que viene a trabajar a Rafaela, que arriesga su vida todos los días, también trae un beneficio a la sociedad", ejemplificó Raúl Bonino, del PRO. "Una mujer que encabeza una ONG en un barrio, también", agregó Natalia Enrico. Incluso, se dijo que el efecto podría ser contrario a lo buscado. "Vamos a estar planteando que hay gente que no trae beneficios. Y que el tipo que no tiene beneficios no puede entrar acá", expresó Luis María Telesco.

Lo cierto es que el texto propuesto no prosperó y, ante la posibilidad de que el criterio elegido se convierta en un limitante más, se dejará en libertad de acción a la Comisión Permanente de Vivienda (integrada por el Concejo) para que en su momento pueda analizar cada caso. Luego deberá enviar la nómina al Concejo, quien será en último término el encargado de incluir a los "exceptuados" en el Registro Unico de Personas, desde donde surgen los inscriptos para cada sorteo.

CUPO SI,

CUPO NO

El otro punto que dividió las posturas fue la posibilidad de establecer un cupo fijo de casas para estas personas, que sea tenido en cuenta a la hora de cada sorteo, siguiendo la línea de los cupos ya existentes para sectores como la fuerza policial, los afiliados a la UOCRA y las personas con discapacidad.

La alternativa fue presentada por la concejal Chany Fontanetto, otro de los concejales que acompañó con su firma el proyecto original. Dijo que sería oportuno establecer un cupo "limitante" y sostuvo que se podría consensuar una cifra de entre el 5% y el 20%.

La primera negativa provino desde sus compañeros de bloque. El presidente del Cuerpo, Daniel Ricotti, dijo que no estaba en el espíritu de la ordenanza. "Nosotros no vamos a adjudicar la casa. Sólo van a ser aprobados para integrar el sorteo", señaló.

El tema dejó en evidencia también puntos de vista encontrados en la oposición. Bottero defendió los fundamentos de los 10 años de residencia como requisito y dijo que se debe seguir favoreciendo al "rafaelino". "Si seguimos sumando cupo sobre cupo, nos vamos encontrar con que sólo el 50% de las casas van a estar destinadas a los rafaelinos", completó.

A diferencia de esto, Enrico se preocupó en recordar que el acceso a la vivienda es un derecho constitucional, que no debe distinguir orígenes o nacionalidades. "Ojalá tuviéramos la posibilidad de dar viviendas a todos, sin importar de dónde vengan", expresó.

Por lo pronto, y sin cupo fijo, el proyecto que se votará el jueves dejará un amplio margen de acción a la Comisión Permanente. Ella será la encargada no sólo de definir quiénes pueden ser exceptuados y cuántos podrán serlo. Sea como fuera, representará un signo de madurez.