La agrupación de Pérsico puso al interventor de la cooperativa que presta servicios portuarios en el polo aceitero de Rosario, que acumula miles de millones de utilidades.
Se trata de esas historias que pasan casi desapercibidas para la opinión pública y que sin embargo detrás de su apariencia burocrática esconden desplazamientos mayúsculos del poder real. Días atrás, a punto de vencer la intervención a la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Rosario, el juez federal Marcelo Bailaque decidió ponerle fin a la gestión del abogado porteño Roberto Pascualino y nombrar en su lugar Daniel Sorrequieta, cercano al Movimiento Evita y al ministro de Producción, Matías Kulfas. Un nombramiento en apariencia menor, que esconde nada menos que la pelea por el control de la cooperativa más rica del país.
Es que luego de la detención en 2019 de Herme Juárez, el sindicalista de los estibadores y el creador de la cooperativa y su mutual, a la cual posicionó como uno de los gigantes del polo agroexportador del Gran Rosario prestando servicios portuarios, se convirtió en centro de atracción de varios grupos de poder que se disputaron el manejo de la estratégica mutual que acumula casi 4000 millones de pesos de utilidades no distribuidas, en distintas entidades financieras.
Un jugador central en ese mundo lo tiene Hernán Sefusatti a través de su banco santafesino Coinag, que con su crecimiento abandonó la figura de banco cooperativo y ya opera como el resto de las entidades, bajo la figura de sociedad anónima. En el mercado estiman que la cooperativa portuaria tiene depositados al menos 1.500 millones en el Coinag.
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Durante el macrismo, la Cooperativa estuvo intervenida, en un principio por Juan José Schaer con estrechos vínculos con el macrismo que dispuso la pesificación de los servicios que prestaba la empresa en beneficio de las terminales portuarias. Tras su salida, fue nombrado Roberto Pascualino, abogado de la UBA y relacionado con el radicalismo universitario que responde a Coti Nosiglia.
La cooperativa de servicios de estiva del puerto de Rosario se convirtió en una mina de oro que acumula en distintas entidades financieras alrededor de 4.000 millones de pesos de utilidades no distribuidas.
Precisamente, ese fue el argumento que le sirvió a Emilio Pérsico y el referente santafesino del Movimiento Evita, Gerardo Rico, para correr a los radicales porteños y quedarse con el control de la empresa tras el vencimiento de la intervención del abogado de la UBA.
El dirigente del Movimiento Evita de Santa Fe, Gerardo Rico.<\/p>
La decisión judicial de desplazar a la intervención de la cooperativa coincidió en el tiempo con la toma de control por parte del Evita del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) con la designación de Alexandre Roig en su presidencia. Este organismo es el que fiscaliza las cooperativas, de manera que la agrupación que lidera Pérsico se garantiza así una mirada benevolente sobre su gestión.
El ingreso del Evita a la cooperativa implicó también el desplazamiento de Daniel Machado, cercano al empresario Guillermo Whpei, que se había incorporado para sumarse a la gestión de los activos financieros de la cooperativa.
Un dato político que llama la atención adentro y afuera del peronismo es que a pesar del peso específico que tiene la Cooperativa en el sector agroexportador, el gobernador Perotti se mantuvo alejado de las decisiones que se tomaron.
El ingreso del ex intendente de Puerto General San Martín, Daniel Sorrequieta, implicó que la intervención adoptara un perfil más político que técnico. Apenas asumido el nuevo interventor revocó el nombramiento de prácticamente todos los técnicos incorporados por Pascualino.
Sorrequieta venía de ser desplazado del gabinete de Omar Perotti cuando el rosarino Roberto Sukerman se hizo cargo del Ministerio de Gobierno a mediados de enero luego de tres meses de vacancia de la cartera política. El ex intendente estaba al frente de la secretaría logística del Ministerio.
El nombramiento de Sorrequieta al frente de la Cooperativa sacudió a la política del Cordón Industrial y puso en alerta al intendente Carlos de Grandis que lleva cinco mandatos al frente de la Municipalidad de Puerto General San Martín: "Si Daniel hace una buena gestión al frente de la Cooperativa lo vuelve a poner en la arena de la política local", evaluaban en el Movimiento Evita.
Un dato político que llama la atención adentro y afuera del peronismo es que a pesar del peso específico que tiene la Cooperativa en el sector agroexportador, el gobernador Perotti se mantuvo alejado de las decisiones que se tomaron. Esa actitud distante de una pelea de poder central para la provincia que administra, también se la señalan respecto a la discusión por la concesión de la Hidrovía.
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