“Deberíamos estar regocijándonos que por primera vez le estamos dando duro y parejo al gasto público”, dijo en la cena de la Fundación Libertad el presidente Javier Milei. Pero uno de los items que forman parte de ese recorte, que el jefe del Estado mensura en un 35% del gasto público total, lo explica la interrupción de la entrega de remedios, y generó una catarata de demandas de pacientes con cáncer y otras enfermedades graves, que acudieron a Tribunales para que el gobierno nacional les vuelva a suministrar los medicamentos que necesitan. Pero también, cuando ya se comenzaron a denunciar fallecimientos, comenzó a prosperar una demanda penal: un abogado particular denunció al presidente Javier Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Salud, Mario Russo, por los delitos de abandono de persona, incumplimiento de los deberes de funcionario público y, “eventualmente”, asociación ilícita. Se trata de Daniel Ramón Trava, quien, ya fue convocado por el fiscal Carlos Rívolo a ratificar la denuncia este martes 30 de abril.

Para el abogado, el corte de suministro de medicamentos para pacientes con cáncer u otras enfermedades graves o denominadas “raras” y la consecuente muerte de esas personas, implica lo que se denomina “mistanacia” o “eutanasia social”. Según señala la denuncia, se trata de muertes “por el abandono indigno de las personas, a las cuales el Estado debe proteger durante su vida entera, y no solo en las fases avanzadas y terminales de sus enfermedades”.

Según publicó en el diario Ámbito la periodista Sofía Caram, citando al demandante, el término “mistanacia” se refiere a aquellas personas aquejadas por graves enfermedades, que sólo pueden solventar sus tratamientos “con la ayuda inexcusable y obligatoria del Estado”. Por eso Trava concluye que “las víctimas de mistanacia son las personas que no disponen de las condiciones financieras para acarrear con los costos derivados de los propios tratamientos de salud”. Es decir, todas y todos los que le ocurre esto que por las políticas económicas de la gestión Milei son cada vez más.

Para Trava, debe investigarse el desfinanciamiento de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), su traspaso de Capital Humano a Salud y la paralización de la dependencia desde diciembre del año pasado, cuando asumió Javier Milei. La denuncia resalta que “no está cumpliendo con su obligación de continuar entregando los subsidios para la adquisición de medicamentos o insumos médicos, y tampoco resuelve los nuevos pedidos”. “En definitiva, cientos de argentinas y argentinos, han dejado de recibir la medicación para el tratamiento del cáncer, otras enfermedades patológicas severas o enfermedades, de las denominada raras”, agrega.

Mientras prepara la ratificación de su denuncia para la semana próxima, Trava comenzó a contactar a pacientes damnificados que no están recibiendo medicación y a familiares de las personas que murieron esperando los remedios para sus tratamientos que nunca llegaron, para que se puedan constituir como querellantes.

Luego de la ratificación, el fiscal quedará habilitado para pedirle al juez de la causa Daniel Rafecas todas o algunas de las medidas de prueba propuestas por la denuncia. Entre ellas, solicitudes de información pública sobre el monto del presupuesto adjudicado a la DADSE y lo ejecutado hasta el momento; que el gobierno remita el “listado completo de adjudicatarios del subsidio, con indicación de patología, medicamentos a suministrar, periodicidad y costos a la fecha desglosados por provincias y localidades”; que se remita el listado completo de los pedidos en trámite y el estado actual de los mismos.

Al mismo tiempo, el abogado sugiere que podría haber un desvío de fondos, por lo que pide que se investigue “si desde la Presidencia de la Nación se decidió recortar al Ministerio de Salud de su presupuesto la suma de 140 mil millones de pesos; e indique, asimismo, esa partida a que otra u otras áreas fue adjudicada”.