En 2012, Chile fue pionero en sancionar una ley que establece que los alimentos que tengan un exceso de nutrientes críticos deberán rotularse como “alto en calorías”, “alto en sal” o con otra denominación equivalente; entró en vigencia el 27 de junio de 2016 y su implementación fue gradual.

Luego de su implementación, un primer estudio de evaluación confeccionado en 2018 por por el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (Inta) de la Universidad de Chile, en conjunto con la Universidad Diego Portales, del mismo país, y la Universidad de Carolina del Norte de Estados Unidos llegó a la conclusión de que disminuyó en un 25 por ciento y un nueve por ciento la compra de bebidas azucaradas y cereales, respectivamente.

En la misma línea, un informe publicado este año por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile (Inta) arroja resultados muy positivos sobre el impacto de la ley chilena de etiquetado en el sector productivo alimentario.

La evaluación de la política pública a la que accedió AIM informa que “en conclusión, en este estudio, hemos encontrado que posterior a la implementación de la Ley de Etiquetado en Chile la industria de alimentos cambió positivamente sus discursos en cuanto a la regulación, mejoró la calidad de la oferta de alimentos, disminuyendo principalmente el contenido de azúcares y de sodio y utilizó la presencia de un portafolio de productos más saludables como una estrategia de promoción de sus productos. Adicionalmente, observamos que en términos agregados no hubo ningún impacto en cuanto a empleos, salarios y producción física del sector productivo de alimentos”.

Asimismo, el informe también da luz a los cambios en los discursos y argumentos utilizados por los detractores del proyecto antes y después de su implementación. En este sentido indica que se modificaron las justificaciones en función del impacto de la ley en la sociedad y el mundo empresarial. “El discurso más relevante de la industria antes de la regulación era la ley como amenaza económica. Un tercio de las veces (32,5 por ciento) en que aparecía la industria, se advertía sobre el negativo efecto económico. Pero este discurso disminuyó fuertemente su importancia después de la regulación (9,7 por ciento)”, explica el informe al que accedió AIM.

En cuanto al impacto alimenticio, muchos alimentos modificaron los insumos y componentes de los productos en función de no tener que llevar el sello frontal. “El siete por ciento de los productos que debían llevar sello de ‘alto en azúcares’ según su declaración de nutrientes del periodo pre-implementación se reformuló; lo que también sucedió para el cinco por ciento de los alimentos que quedarían clasificados como ‘altos en sodio’, el tres por ciento de los que quedaría clasificados como “altos en grasas saturadas” y el dos por ciento de los que quedarían clasificados como ‘altos en energía’”.

Además, agrega que “los resultados de reformulación indican que el 15 por ciento de los productos estudiados se reformularon, esto es, que una vez implementada la regulación perdieron la condición de ‘alto en’ en energía o alguno de los nutrientes críticos que tenían en el periodo pre-implementación (según la información de la etiqueta recolectada en 2015-2016). Esto sucedió principalmente para productos ‘alto en azúcares’ y ‘alto en sodio’. Producto de estas reformulaciones, la proporción de alimentos con sellos cayó en 10 puntos porcentuales, pasando de 52 por ciento de los alimentos a 42 por ciento de ellos con algún ‘alto en’. La reformulación sucedió principalmente en las categorías de Cecinas (54 por ciento de reformulación), Cereales de desayuno (39 por ciento de reformulación) y Leches y Bebidas lácteas (30 por ciento de reformulación)”.