En un debate que enfrentó a Tucumán con el resto de las provincias, un plenario de dos comisiones del Senado dictaminó a favor un proyecto de ley que obliga a los alimentos y bebidas sin alcohol a incluir un etiquetado frontal advirtiendo sobre los excesos en materia de azúcares, sodio, de grasas saturadas, grasas totales y calorías.

La iniciativa cuenta con el respaldo de los ministerios de Salud, de Agricultura y de Producción y su tratamiento contó con el impulso del Frente de Todos. Sin embargo, el texto amenaza impactar de lleno en al gobernador Juan Manzur, uno de los principales aliados del presidente Alberto Fernández.

Por lo pronto, Manzur ya recibió reclamos de la Federación Económica de Tucumán (FET) y de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (Fotia) para que traslade al Gobierno nacional la preocupación del sector por el avance del proyecto.

El dictamen firmado por las comisiones de Salud y de Industria adopta, como la legislación chilena y peruana, el sistema de octógonos negros como parte del etiquetado frontal de los productos.

Además, establece severas restricciones a la publicidad y presentación de esos alimentos, como el impedimento de dar premios, sorpresas o usar personas famosas para su difusión, y la prohibición de su venta en instituciones educativas.

Resistencias y apoyos

La propuesta fue duramente resistida por las senadoras tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (Frente de Todos) que, dejando de lado sus diferencias políticas, denunciaron que el proyecto perjudicará a la industria azucarera, principal fuente de producción de la provincia norteña.

"Acá se van a cerrar industrias. No estamos en una situación fácil para el etiquetado. Falta (que pongan) una calavera, como si el azúcar fuera lo que mata", dijo Mirkin. "El azúcar es un producto natural, como tal es bueno para la salud siempre que se lo consuma como corresponde. Es triste cuando vemos que se lo demoniza", se quejó Elías de Pérez.

Una de las principales impulsoras del dictamen, elaborado en base a más de una decena de iniciativas, es la oficialista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), uno de los alfiles de Cristina Kirchner en la Cámara alta.

"Este proyecto no es contra de nadie sino que es a favor de los ciudadanos y una oportunidad para que la industria pueda mejorar la calidad de los alimentos que ofrece", defendió el etiquetado la senadora. "No creo que tenga que ser (un debate de) salud versus trabajo, creo que podemos armonizar", agregó.

También el radical Julio Cobos, otro mendocino, defendió la firma del dictamen advirtiendo que "el 70% de la población argentina tiene problemas de sobrepeso: es un problema grave que produce complicaciones y agrava la situación de emergencia que estamos atravesando porque la obesidad es un catalizador del coronavirus".

La obligación de etiquetar los alimentos con los octógonos que establece el proyecto, que podría ir al recinto de la Cámara alta la semana próxima, alcanza a toda la cadena, desde la fabricación hasta la comercialización e importación, de alimentos y bebidas analcohólicas.

Aquellos productos que superen los valores establecidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y las autoridades sanitarias nacionales, podrían llegar a incluir de manera clara en el frente de su empaquetado las siguientes cinco posibles leyendas: "exceso en azúcares", "exceso en sodio", "exceso en grasas saturadas", "exceso en grasas totales" y "exceso en calorías".

La misma prevención se aplica para los casos de valores superiores en cafeína y para alertar sobre el contenido de edulcorantes no recomendables para niños y adolescentes.

Las leyendas deberán estar en unos octógonos negros que no podrán ser inferior al 5% de la superficie de la cara frontal del envase.

Plazos y publicidades

Otro de los temas que provocó polémica es el plazo de adecuación. Fernández Sagasti aseguró que, en respuesta al reclamo del sector industrial, se estableció que el proceso deberá realizarse en seis meses, prorrogables por igual cantidad de tiempo. Para las Pymes, ese período se extiende a 12 meses más otros doce más.

Además, en una cláusula transitoria se deja constancia de que se podrán seguir comercializando los productos elaborados antes de la sanción de la norma hasta agotar su stock, por lo que las empresas no estarán obligadas a reetiquetar sus productos para adecuarlos a la legislación.

En materia de promoción de los alimentos, aquellos que contengan al menos un octógono y estén dirigidos al público infantil tendrán prohibido realizar campañas publicitarias, al tiempo que no podrán incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas o la promesa de entrega de obsequios, premios y regalos en sus productos.