Por: Dulclair Sternadt.

Según la Federación Mundial de Obesidad, la tasa de mortalidad por coronavirus es aproximadamente 10 veces mayor en aquellos países en los cuales el sobrepeso afecta a por lo menos la mitad de la población en comparación con países donde la prevalencia del sobrepeso es inferior al 50% de los adultos.

El etiquetado frontal no sólo permite a las personas tomar decisiones más informadas sobre la composición nutricional de los alimentos, sino que incentiva a la industria a reformular sus productos, reduciendo la cantidad de sal, azúcar, sodio, y grasas que utilizan, para contribuir a una mejor alimentación.

Chile, Ecuador, Bolivia, México, Perú, Colombia, Uruguay ya tienen aprobadas leyes o regulaciones que apuntan a diferentes formas de etiquetado, mientras Brasil, Argentina, Paraguay y Panamá están legislando sobre la materia.

Como política pública para combatir el sobrepeso y la obesidad y sus enfermedades crónicas asociadas, como la diabetes y la hipertensión, la evidencia indica que el etiquetado frontal ha tenido un impacto efectivo en las decisiones de los consumidores.

En Ecuador, por ejemplo, los consumidores modificaron sus decisiones de compra, eligiendo alimentos sin etiquetas, o consumiendo en menor cantidad, o con menor frecuencia, los productos con etiqueta de “alto en” azucares, sal, grasas, etc.

Lo mismo ocurrió en Chile, dónde se ha implementado el sistema de sellos frontales de advertencia: un 91,6% de los consumidores/as consideró que la existencia de sellos en los alimentos envasados influyó, en alguna medida, en sus decisiones de compra; de estas personas, un 67,8% modificó su decisión de compra hacia alimentos con menos sellos, un 14,1% manifestó que compró menos alimentos con sellos, y un 9,7% no compró alimentos con sellos.

En América Latina y el Caribe, la obesidad y el sobrepeso han aumentado en todos los grupos de edad. Esa situación se vuelve aún más urgente debido al impacto de la pandemia. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), estamos atravesando la peor contracción económica de los últimos 100 años. América Latina y el Caribe verá una caída de -7,7% en su PIB.

En 2020, la tasa regional de pobreza extrema alcanzó el 12,5% y la pobreza afectó al 33,7% de la población. Ello supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior.

Todo esto afectará la capacidad de millones de personas para adquirir alimentos, en particular los que son saludables, ya que gran parte de la población seguramente buscará saciar el hambre comprando alimentos más baratos, altos en calorías, menos nutritivos y de más fácil acceso.

Dado este contexto, algunos países que actualmente están discutiendo sus leyes de etiquetado, temen profundizar la crisis regulando el etiquetado. Temen que esta política pública impacte negativamente el empleo y en los salarios de los trabajadores vinculados a la industria alimentaria.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), realizó un estudio sobre la experiencia de Chile, el país con mayor experiencia en la implementación de su ley de etiquetado; con el Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de Chile (INTA), la FAO desarrolló un riguroso estudio que demostró que la ley de etiquetado no tuvo impacto negativo en el empleo o en los salarios.

Al contrario, se vio que la industria ajustó con rapidez la fórmula de sus productos, e incluso utilizó la ausencia de sellos de advertencia como una estrategia de mercadeo para posicionarse a favor de la salud de sus consumidores.

El estudio de la FAO es de enorme importancia, ya que da una señal clara y contundente para todos los países que han detenido o ralentizado sus intentos por regular el etiquetado de advertencia de los alimentos.

Hoy, más que nunca, todo lo que los países puedan hacer para mejorar la nutrición y la salud de sus poblaciones es de la mayor urgencia. Y el etiquetado de advertencia es una política más necesaria que nunca.