La Cámara de Diputados buscará sancionar hoy el proyecto de ley de Promoción de Alimentación Saludable, más conocido como “Etiquetado Frontal”. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en el Senado, será prioridad en la sesión especial convocada por el oficialismo, aunque hay dudas sobre si el bloque de Cambiemos dará el quórum para comenzar el debate y la posterior votación. 

El etiquetado frontal en los alimentos busca concientizar a la población sobre los componentes nutricionales de la comida envasada, a partir de etiquetas octogonales negras que dirán "Alto en grasas", "Alto en sodio", "Alto en azúcares", entre otros indicativos al frente de los paquetes, latas y botellas. Esa etiqueta deberá estar ubicada en la parte frontal del envase y su tamaño no puede ser menor al 5% del tamaño del mismo. 

De concretarse su tratamiento, desde el Frente de Todos sostienen que la ley saldría ya que cuenta con apoyos del oficialismo y de algunos diputados de la oposición. De todas formas, Juntos por el Cambio resolvió que debe ser el oficialismo el responsable de reunir el número reglamentario para iniciar la sesión debido a que el temario en debate forma parte de una agenda que no fue consensuada previamente con la oposición. 

La controversia surgió porque el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, convocó a sesionar de manera presencial luego de un año y medio en la virtualidad, con un temario que impuso el propio oficialismo en el que se incluyó el proyecto de Promoción de Alimentación Saludable. Desde las organizaciones impulsoras de la norma había preocupación por la posibilidad de que perdiera estado parlamentario el 30 de noviembre y tener que volver a “foja cero”. 

Si bien la ley de Etiquetado Frontal cuenta con dictamen desde hace varias semanas, y tuvo media sanción en el Senado en octubre del año pasado, llamó la atención el momento de la convocatoria, dado que impacta en las provincias del norte, sobre todo las azucareras como Tucumán, en la que hasta hace escasos días el actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, ejerció como gobernador. Vale recordar que cuando la iniciativa fue votada en la Cámara Alta, dos de los únicos tres votos en contra fueron de representantes de esa provincia. 

Funcionamiento 

El proyecto además establece que, en el caso de los productos con edulcorantes, el envase debe contener una leyenda precautoria, inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia, que señale "contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as". Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir con los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

En tanto, el texto exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, sal de mesa, aceites vegetales y frutos secos. Al tiempo que obliga a las empresas a declarar el contenido cuantitativo de azúcares, entendiéndose como hidratos de carbono simples (disacáridos y monosacáridos), en el rotulado nutricional de los alimentos envasados para consumo humano. 

Entre otros aspectos, el proyecto prohíbe que los alimentos y las bebidas analcohólicas que contengan algún sello de advertencia, incorporen información nutricional complementaria; logos o frases con el aval de sociedades científicas o asociaciones civiles y personajes infantiles, animaciones, celebridades, deportistas, entre otros. 

Por otro lado, la norma fija plazos para que la industria alimentaria se adapte a la ley. Se otorgará un máximo de seis meses desde la entrada en vigencia para las grandes empresas, mientras que las micro, pequeñas y medianas tendrán 12 meses más, con posibilidad de prórroga. Desde los sectores que se oponen a la norma, buscan extender esos plazos y critican que el proyecto no dice cuál será la autoridad de aplicación, algo que en esta ley será determinante. 

Idas y venidas 

Este proyecto demostró, desde que comenzó su tratamiento, no sólo diferencias entre partidos, sino también hacia dentro de los partidos políticos. Quienes se oponen al Etiquetado Frontal están convencidos de que el oficialismo cedió gracias a la presión de la oposición y de organizaciones civiles que militan la ley, como Unicef. Sin embargo, las “idas y venidas” del Frente de Todos también demoraron su tratamiento. 

El ala kirchnerista puja por avanzar con el texto del Senado sin cambios para no dilatar más el debate y, en todo caso, realizar los retoques necesarios en la reglamentación. Una de las abanderadas más firmes de la causa es la camporista Florencia Lampreabe, quien remarcó ayer que “hay una resistencia para sancionar la ley y otra para cumplirla” y agregó que “la reglamentación depende del Ejecutivo pero sí corresponde a las empresas cumplir con las regulaciones”. 

Por otro lado, pero aún dentro del oficialismo, el bloque más ligado al peronismo provincial aseguran estar a favor de la ley pero piden algunos ajustes para armonizar la normativa con las regulaciones del Mercosur. Uno de los que expresó esa postura fue el diputado tucumano y presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin. 

Esa fue la postura que llevó en su momento a las comisiones el exsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y actual vicejefe de Gabinete de Manzur, el tucumano Jorge Neme.  

La exposición de Neme desorientó a los propios y marcó un punto de inflexión: en la primera reunión informativa, el funcionario de Cancillería advirtió que podría peligrar el comercio con Brasil, donde Argentina exporta “US$ 1.500 millones anuales en alimentos envasados”. 

El país vecino adoptó el sistema de lupa, que comenzará a regir en dos años. Por eso, algunas fuentes del oficialismo dejaron trascender que se esperó a que Argentina abandonara la presidencia pro tempore del bloque regional para avanzar con el etiquetado frontal en Diputados. 

¿Es necesaria? 

Actualmente, existen varios sectores que apoyan esta normativa. Entre ellos se encuentra Unicef, la Fundación Interamericana del Corazón y la OPS. Por el lado de la sociedad civil, se manifestaron a favor personalidades como la chef Narda Lepes, entre otros. 

“La ley garantiza un derecho fundamental que es el de la información y la salud. Por ejemplo, las empresas hoy no están obligados a informar o advertir cuánta azúcar le agregan a los productos o cuándo es excesivos en base a parámetros científicos”, había comentado la periodista y especialista en industria alimentaria Soledad Barruti, ante El Economista.  

Barruti rescató la necesidad de prohibir la publicidad dedicada a niños y niñas para los productos marcados con los octógonos. “Las marcas deberían apoyar estas medidas, porque las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte y la obesidad infantil crece sostenidamente”, resaltó. 

Por último, la especialista y autora del bestseller “Malcomidos” (2013) solicitó que la ley sea sancionada “igual a la que salió del Senado, sin modificaciones”. “La experiencia internacional marca que las empresas se pueden adaptar a estas regulaciones y que no hay peligro en términos de empleo o cierres de empresas”, concluyó. 

Resistencia empresaria 

Para el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, el proyecto “tal como está planteado, atenta contra el desarrollo y productividad del sector”. El también presidente de la Unión Industrial Argentina había dicho ante El Economista que está de acuerdo con un etiquetado frontal pero sin que eso  “represente un obstáculo para una industria que no solo alimenta a argentinos, sino que también exporta al mundo”. 

Otro ítem conflictivo es el que asegura que el estado priorizará las contrataciones de los alimentos y bebidas que no cuenten con sellos de advertencia, “un universo muy limitado si consideramos que más del 90% de los productos quedarían alcanzados”, explicó Funes de Rioja. 

“Quienes debían preservar el vínculo con el Mercosur y consensuar con la mirada de la industria, no lo hicieron. Si bien es sabido que ese es el ámbito adecuado para la armonización normativa, en estos meses se han resuelto de manera unilateral cuestiones estratégicas para la integración productiva y la proyección de nuestros mercados”, afirmó ayer Funes de Rioja en un comunicado. 

Desde el Centro de la Industria Lechera (CIL), asociación que representa a pequeñas, medianas y grandes empresas del sector, se sumaron al reclamo y han enviado notas a Massa. La entidad planteó que el proyecto obligará a que “el 70 % de los quesos lleve sellos por exceso de sodio y exceso de grasas saturadas” y que el mismo “generará asimetrías, problemas legales, productivos y logísticos en el Mercosur al impactar negativamente en las exportaciones de productos lácteos de Argentina”.