Una nueva presentación judicial del Correo Argentino, del Grupo Macri, que pide definiciones en una demanda que lo habilite a reclamar millones de pesos en lugar de pagar su deuda con el Estado y la demora de un año de la Auditoría General de la Nación (AGN) en entregar un informe que se hizo por insistencia del Gobierno tras la denuncia de la fiscal Gabriela Boquin –quien puso freno a un acuerdo “ruinoso” para las arcas públicas– muestran que ha sido efectiva la estrategia para que la empresa de la familia presidencial gane tiempo y permanezca eximida de sus obligaciones. Mientras el sistema judicial y el Estado le hacen el juego, el Correo sigue sin pagar su deuda acumulada desde 2001, hoy superior a 4000 millones de pesos, y dobla su apuesta a ganar su demanda económica contra el Estado, en la que reclama intereses más altos de los que se había acordado pagar.

Pasado mañana se cumple un año desde el día en que el Correo y representantes del Gobierno debieron sentarse a concretar un acuerdo justo en una audiencia ante la Cámara Contencioso Administrativo, después que la fiscal Boquín denunciara y lograra frenar un pacto firmado a mitad de 2016 donde el representante estatal aceptaba casi la total condonación de la deuda de la empresa, que en sus orígenes rondaba los 300 millones de pesos pero se multiplicó por los intereses. Era el famoso anuncio de “foja cero” del Presidente. Pero el nuevo encuentro (una suerte de Macri-Macri) no sucedió. El Estado pidió una prórroga de 120 días y el Correo aplaudió. Los 120 días se convirtieron en más de 365 y una de las excusas fue que se tenía que expedir la AGN, que es el órgano de control externo de las cuentas y manejos estatales.

En medio del revuelo de un año atrás, salió a la luz también que el Correo  generó otras demandas en forma paralela al expediente concursal para reclamar que le devuelvan millones de pesos, por perjuicios que dice haber sufrido después de la expropiación durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se llegaron a generar cinco expedientes que confluyen entre sí. Hay dos que son los medulares: uno ante la jueza en lo contencioso administrativo Macarena Marra, donde la empresa pide 2.300 millones más intereses, a tasas que rondan el doble de lo que ofrecían pagar como deuda, hasta el valor de la tasa activa, que oscila entre 27 y 29 por ciento. En otro expediente, ante la jueza Claudia Rodríguez Vidal, plantean la inconstitucionalidad del decreto 721/04 que creó el Correo Oficial.  

Como es evidente, si Rodríguez Vidal hace lugar a la inconstitucionalidad, dará el plafón que pretende el Correo para obtener lo que dice que debe ser un resarcimiento. Por eso, en uno de los últimos movimientos en la táctica del Grupo Macri, el abogado del Correo, Jaime Kleidermacher, se presentó para reclamar que se “dicte sentencia” sobre ese  tema, un apuro que la empresa no mostró en 17 años por definir el expediente concursal. En la causa que tramita Marra Giménez, es donde la firma definió sus pretensiones económicas: cerca de 1.800 millones por inversión en instalaciones que pasaron a manos estatales y más de 500 millones por “daños contractuales” por supuestos pagos de canon en exceso, “servicios impagos” y “bienes no inventariados”, entre otras cosas.

El expediente donde tramita el concurso de acreedores, donde debió hacerse el acuerdo razonable para el pago de la deuda del Correo, está prácticamente paralizado desde marzo del año pasado, entrampado en una sucesión de circunstancias asombrosas. El expediente propiamente dicho está ahora en un juzgado federal, el de Ariel Lijo, que lleva adelante una causa penal que involucra hasta al presidente Mauricio Macri, además de al ex titular del Ministerio de Comunicaciones Oscar Aguad, su representante legal, los síndicos de la quiebra y el jueza de primera instancia. La causa se derivó denuncia inicial de Boquín y otras posteriores. En teoría, por ley, Lijo no lo podría tener más de cinco días, pero lo tiene al menos desde fines del año pasado. Eso explica, en parte, que ni la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, ni la cámara, adopten grandes definiciones. Pero, además, Boquín denunció maniobras de vaciamiento de parte de las controlantes del Correo, las empresas del Grupo Macri Socma y Sideco, a las que acusa entre otras cosas de ocultar bienes y operaciones. Por este asunto el Correo intenta sacarla del caso, y ahora está en plenos intentos por llevar esa discusión hasta la Corte. Como telón de fondo, se suponía que todo estaba también a la espera del famoso informe de la AGN, que preside el peronista Oscar Lamberto.

El informe, que es reservado, fue enviado finalmente ayer al Congreso y será evaluado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Señala algo que ya había dicho: que ese organismo no está facultado para opinar sobre el expediente concursal, que es un tema que solo puede tramitar en tribunales, aunque cuestiona el papel del Estado en todo el proceso al considerar que no defendió sus intereses y es crítico de la pretensión del Correo de reclamar la devolución de sus inversiones más daños a tasas siderales. La tibieza de las conclusiones es lo que da algo de crédito a las versiones periodísticas que circularon estos días y que sostienen que el Gobierno está aliviado. Lo cierto es que siempre supieron en la Casa Rosada que era poco probable que este estudio tuviera una conclusión estruendosa que impacte en el devenir de los procesos judiciales que discurren en simultáneo, y que hasta ahora han dado un caudal de oxígeno enorme a la empresa de la familia presidencial.

El dictamen tiene los votos de cinco de los siete auditores: Lamberto, Javier Fernández, Gabriel Mihura Estrada (peronistas) y los radicales Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez. Los kirchneristas Juan Forlón y María Graciela De la Rosa firmaron en disidencia. Ellos sí creen que se puede auditar el concurso y las consecuencias de la actuación del Estado, no que es sólo una facultad judicial. Analizan el caso y los perjuicios. El informe general está dividido en dos partes: una relacionada con el concurso de acreedores, que la mayoría de auditores dice no poder auditar; y el otro es una auditoría sobre el desempeño del Estado, que señalan que nunca defendió sus intereses de manera apropiada.  En particular sobre el último intento de acuerdo de condonar, según la fiscal, casi el 99 por ciento de la deuda, señalaron que el ministerio por entonces a cargo de Aguad que participó en la audiencia no hizo ninguna evaluación económica que explicara por qué acepta la oferta de pago hasta 2033 por un monto irrisorio.

 Los auditores dicen algo bastante cantado, que es que se debe arribar a un nuevo acuerdo en el contexto judicial o bien los jueces de la causa decretar la quiebra. La gran pregunta que sobrevuela es, por qué se reabrió tres veces el ya vencido “período de exclusividad”, que no puede durar más de noventa días (en que la empresa concursada debe ofertar formas de pago).  La otra cuestión es por qué nunca un juez o jueza decretó la quiebra. Las grandes beneficiarias de esa dilación son las empresas controlantes, Socma y Sideco, cuyos balances la fiscal Boquín hasta ahora se ha visto impedida de analizar, porque el Correo resiste. Ella tiene la hipótesis de  que ocultaron su actividad y operaciones ligadas al Correo.

La Comisión mixta revisora de Cuentas del Congreso, donde tienen mayoría entre Cambiemos y el peronismo oficialista, puede tomar medidas como pedir explicaciones o informes al Poder Ejecutivo y en algún caso extremo judicializar algún aspecto. También es una decisión que se podría tomar en las cámaras. Por ahora, la receptora del informe, es Gabriela Michetti, como presidenta del Senado.

Uno de los hechos que mejor ilustran la posición real del Gobierno frente a este tema (lejos de los anuncios de nuevas reglas sobre incompatibilidades y a supuesta voluntad de investigación) son los intentos insistentes desde octubre del año pasado por cerrar el sumario abierto en la Procuración del Tesoro (el cuerpo de abogados del Estado), que había sido abierto por Carlos Balbín, desplazado del cargo de titular de esa dependencia precisamente tras suscribir un informe crítico sobre el papel estatal y las dilaciones en el caso del Correo e impulsar la investigación interna. Para ese entonces, el actual procurador del Tesoro era Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio particular había representado a empresas del Grupo Macri. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, que había pedido que se hiciera el sumario en cuestión, se opuso al cierre por considerarlo prematuro y advertir que no se había analizado todo lo que generaba dudas: la actuación del representante estatal en el acuerdo de 2016 favorable al Correo, el hecho de que el funcionario –Juan Mocoroa– dijo que seguía instrucciones del Poder Ejecutivo mismo, y la posible violación a la ley de Etica Pública. Rodríguez pidió la reapertura y la ampliación de la pesquisa, lo que fue rechazado dos veces. Luego pidió la nulidad del último tramo de actuaciones y ante Saravia Frías una reconsideración. Pero todo queda en una encerrona.