El optimismo del gobierno en torno a la propuesta presupuestaria de México para 2022 plantea riesgo para las empresas, ya que una estrategia fiscal diluida podría activar una fiscalización tributaria más estricta y ejercer presiones sobre la calificación soberana, advierten analistas.
“Hace un año o año y medio, nos intentaban vender una reforma fiscal de gran calado”, dijo a BNamericas Luis Gonzalí, vicepresidente y codirector de inversiones de Franklin Templeton México, pero el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado reduciendo las expectativas desde entonces.
“Esta reforma tributaria ni siquiera la llamaría reforma tributaria, es muy poco”, indicó Gonzalí en una entrevista. “Se simplifican metodologías, se empiezan a comprar impuestos a personas que ganan un poco menos, pero se ve complicado que realmente sea lo que quieren hacer, la panacea en términos tributarios hacia adelante”.
La propuesta de la Secretaría de Hacienda señala: "La Iniciativa de Ley de Ingresos Federales [ILIF] cuenta con una estimación realista y no propone la creación de impuestos nuevos, ni el incremento en tasas de los impuestos vigentes, salvo ajustes por inflación ".
La legislación “contiene una serie de medidas orientadas a facilitar el cumplimiento del pago de los impuestos a través de la simplificación administrativa, además de cerrar espacios de evasión, defraudación y elusión fiscal”.
Sin embargo, en el mejor de los casos, Gonzalí y otros analistas ven demasiado optimistas las proyecciones económicas de la propuesta, como el pronóstico de crecimiento de 4,1% para el PIB de 2022. La última encuesta de Citibanamex a 28 analistas del sector bancario arroja una estimación de crecimiento promedio de 3% para el próximo año.
“En general, el programa económico se ve optimista en términos de metas de crecimiento, inflación y tasa de interés, mientras que el paquete presupuestario presenta la idea de preservar las cuentas fiscales en línea”, dijo a BNamericas Alfredo Coutiño, director de Moody's Analytics para América Latina. Por otra parte, se plantean objetivos como un déficit primario de 0,3% y una deuda pública de 51,2% del PIB.
“Sin embargo, como cualquier otro programa económico, todo el paquete se basa en gran medida en supuestos. En este sentido, la precisión de los objetivos depende de la materialización de los supuestos”, agregó Coutiño.
Uno de los supuestos más importantes en la propuesta presupuestaria es que el crecimiento económico, junto con las modificaciones más modestas al código tributario, serán suficientes para incrementar los ingresos fiscales en 6,4% el próximo año a 42.100 millones de pesos (US$2.120 millones), el equivalente a 0,3 puntos porcentuales del PIB.
En su análisis del paquete, BBVA señala que la estrategia fiscal se mueve en tres líneas —simplificación y facilitación del pago de impuestos; régimen de confianza para estratos de contribuyentes de menores ingresos y "mayor autoridad para la fiscalización".
“Sin lugar a duda, este último elemento contribuirá al cumplimiento del pago del impuesto sobre la renta que pagan los grandes contribuyentes”, indicó BBVA, que agregó: “Estos ingresos dependerán en última instancia de los esfuerzos de fiscalización”.
Las autoridades tributarias ya endurecieron los procedimientos de fiscalización en 2020 e implementaron medidas para recuperar miles de millones de dólares en ingresos adicionales de las principales corporaciones, entre ellas Walmart, Femsa y First Majestic.
RIESGOS PARA CALIFICACIÓN SOBERANA
Para Coutiño, la estrategia fiscal de la propuesta presupuestaria constituye otro fracaso en la presentación de reformas que aumenten sustancialmente los ingresos, ya que México sigue requiriendo colchones contracíclicos para sostener un mayor crecimiento.
“Desafortunadamente, dada la alta dependencia de las cuentas fiscales del crecimiento cíclico y la ausencia de una reforma tributaria que aumente la recaudación y haga más eficiente la ejecución del presupuesto federal, la política fiscal de México seguirá siendo limitada en su alcance contracíclico y dejará a la economía más vulnerable a los choques externos”, precisó.
Un crecimiento menor que el esperado y la incapacidad de subir impuestos a los niveles previstos conducirán en última instancia a más recortes en el presupuesto federal, advirtió Gonzalí.
“Ya vimos que el gobierno no quiere endeudarse más allá de lo que presupuesta, y eso se va a reflejar en recortes”, señaló. "Sabemos que es muy complicado recortar temas sociales, por lo que probablemente recorten temas productivos y eso va en detrimento del crecimiento, lo que podría pegarle al riesgo soberano".
“Los grandes ganadores son [la petrolera nacional] Pemex y [la eléctrica estatal] CFE. A Pemex se le baja el [impuesto] DUC y además se le da dinero, 13% más de lo que se le había dado el año pasado”, precisó Gonzalí.
Sin embargo, “la verdad es que a las calificadoras no les va a gustar el apoyo extraordinario que se le está dando a Pemex, ya sea por el DUC o por los recursos extra”, agregó. “Eso le va a pegar a la perspectiva soberana; probablemente ayude a la perspectiva de Pemex en detrimento de la soberana”.
Si bien Gonzalí ve a México relativamente lejos de perder su grado de inversión el próximo año, advierte que "este podría ser el detonante para que tanto Moody's como S&P nos bajen la calificación". Ambas agencias tienen una perspectiva negativa sobre las calificaciones soberanas del país.
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