La Argentina obtuvo un mes de gracia -lo que buscaba- con la acción de depositar el pago que el fallo de Griesa prohibía. El pago fue tomado por el magistrado como una provocación, pero lo cierto es que las partes tendrán hasta el 30 de julio para encontrar una salida al conflicto que contente los intereses en juego.

El juez neoyorkino Thomas Griesa dispuso la cancelación del pago que nuestro país efectuó a los tenedores de bonos canjeados, y ordenó al Banco of New York Mellon (BONY) devolver los fondos. Aunque los 539 millones de dólares no fueron retenidos y enviados a los buitres -como especificaba la sentencia de Griesa- la Argentina considera que no se la puede culpar por falta de pago, teniendo en cuenta que el vencimiento del pago a los bonistas que aceptaron la reestructuración era el 30 de junio.

La fecha temida, si es que no se alcanza una solución, será el 30 de julio según las normas internacionales cuando la Argentina incurra en el impago y por lo tanto, se declare el default.

En este lapso de tiempo, los bonistas que entraron a los canjes no podrían hacer reclamos judiciales, aunque una vez cumplida la fecha los tenedores de títulos de deuda canjeados podrán comenzar los reclamos judiciales.

El equipo económico y los representantes legales de la nación comienzan por estas horas el juicio del siglo, una batalla judicial que intentará deslindarse de acusaciones y mantener su voluntad de pago como principal arma frente a la decisión del magistrado y la presión de los buitres.

Para enumerar los pasos a seguir, se pueden distinguir cuatro instancias a desarrollar durante este mes de negociación.

El primero de los pasos fue el pago realizado este jueves -y rechazado por una medida de Griesa- Argentina quedaría sin posibilidades de caer en default, ni técnico ni efectivo. Es decir, que se deslinda "de cualquier responsabilidad y/o incumplimiento que pretendería imputársele a la República", como especificó la solicitada del Poder Ejecutivo publicada hoy en varios medios.

Una vez vencido el plazo del 30 de julio, y de mantenerse el congelamiento que impuso Griesa sobre el pago argentino -es decir, que los tenedores de bonos canjeados continúen sin recibir los fondos- las acciones judiciales de los bonistas perjudicados comenzarán a llegar: el plan de Argentina es que las demandas no imputen al estado nacional, sino a los actores responsables de trabar sus cobros.

El primero de los apuntados sería el poder judicial estadounidense, que impuso la medida que prohibe a los bonistas que accedieron a la reestructuración tener el dinero en sus cuentas. En segundo orden, deberían ser denunciados los mismos fondos buitre, como responsables del reclamo ante el juez y la medida cautelar consecuente. Mientras que también el BONY, entraría en la lista de los que traban el depósito por haber aceptado la resolución de Griesa.

La multiplicidad de actores anularía también la aplicación de la norma Rights Upon Future Offers (RUFO), que determina el reconocimiento a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, los mismos derechos que a los tenedores de títulos en default. Como Argentina no le pagó en ningún momento a los fondos buitre, no hay posibilidad de que la cláusula entre en vigencia.

El escenario que se vislumbra hasta el 30 de julio será el de la negociación más ardua: Argentina intentará que los fondos acepten condiciones en una discusión que contemplará las salidas más razonables para ambas partes.