"De los 11.000 policías, potencialmente son 200 los que pueden tener justificado el no votar por estar en una escuela alejada, como ocurre todos los años y como así lo prevé la ley", dijo el ministro de Seguridad de la Provincia, Alejandro Cornejo D''Andrea. 

En las últimas horas hubo malestar en la fuerza al conocerse la orden del día 60/15 fechada el martes pasado. Con ese instrumento, el jefe de Policía, Marcelo Lami, remarcó que los uniformados afectados a las PASO no podrán votar en las unidades educativas en las que no están empadronados.

La secretaria del Tribunal Electoral, Teresa Ovejero, señaló que está prohibido agregar ciudadanos al padrón electoral. "Tenemos algunos veedores en escuelas alejadas y ellos quedan sin poder votar. Con la policía pasa exactamente lo mismo", agregó. 

Días atrás, autoridades de la Policía y del Tribunal se reunieron para cruzar datos sobre las mesas y escuelas en donde sufraga el personal afectado.

Esa medida está enmarcada en la ley provincial 7697. "La Jefatura de Policía deberá asignar, preferentemente, a los efectivos policiales la custodia de aquellos lugares donde se encuentren empadronados. Estarán exentos de votar los miembros de las fuerzas de seguridad no empadronados en ninguna de las mesas del local asignado a su custodia", establece el artículo 39 de la citada norma.

Sobre el resto de la fuerza que ese día prestará servicios, Cornejo D''Andrea aseguró que se diagramaron relevos. En las escuelas los uniformados se dividirán en dos turnos: de 7 a 15 y de 15 a 23. 

El funcionario dijo también que con ese sistema podrán votar los policías que prestan servicios en las distintas dependencias. 

Al cierre de esta edición, el abogado Pablo Cardozo Cisneros ingresaba una presentación a la Jefatura de la Policía solicitando que no se impida el derecho a sufragar a los efectivos que mañana trabajarán en las comisarías y demás unidades. 

Ante maniobras pare evitar que policías emitan su voto, Cardozo Cisneros reiteró que denunciará penalmente a los funcionarios responsables. 

En 2009, 2011 y 2013, por cierto, se interpusieron amparos electorales y denuncias penales contra funcionarios de la cartera de Seguridad, la Policía y el Servicio Penitenciario, porque a la par de los acuartelamientos generales, policías y agentes penitenciarios denunciaron afectaciones arbitrarias, traslados discrecionales y hasta retenciones de documentos de identidad.