El subsecretario de Salud estimó que las aseguradoras y ART le deben al Estado más de $110 millones. La ONG Voluntarios en Red asegura que es mucho más y reclama la creación de un Fondo Fiduciario para que el cobro se haga efectivo.
El Gobierno afirmó que las ART y demás aseguradoras le deben más de $110 millones y que una de las principales razones de que esta deuda se mantenga es que no tienen herramientas suficientes para salir a cobrarles. El titular de la ONG, Voluntarios en Red, Hugo Fiorens, multiplicó la estimación oficial por cinco.
El subsecretario de Salud, Diego Álvarez, explicó a MDZ que la cantidad de gente que es atendida en los hospitales públicos pero que tiene otras opciones alcanza un 48% del total de los pacientes. Muchos de ellos son llevados a los sanatorios por el Servicio de Emergencias Coordinado, luego de protagonizar accidentes viales.
Y de acuerdo con el jefe de Terapia Intensiva del Hospital Central, esto implica para el sistema de salud un costo de atención por paciente de $10.000. Parte del dinero se recupera cobrándole a las obras sociales, pero cuando intervienen las aseguradoras, el dinero invertido lo absorbe el Estado.
Fiorens, por otro lado, indicó que desde hace años que estudian esta situación, por lo que consideró que la deuda que mantienen las aseguradoras con el Estado supera los $500 millones anuales, y que en los últimos años se podrían reclamar al menos $800 millones.
Además, relató que desde 2013 que le reclaman a la Justicia que "tome cartas en el tema", y anteriormente concurrieron a la Cámara de Diputados para pedir la creación de un Fondo Fiduciario de accidentología vial.
El titular de la ONG recordó que el año pasado, el entonces ministro de Salud, Matías Roby, instrumentó a través del Presupuesto un sistema para cobrar. Según Álvarez eso permitió a los hospitales recuperar $90 millones, y aunque ambos reconocieron que no es suficiente, fue el comienzo de una gestión que nunca antes se había hecho.
Además, el titular de Voluntarios en Red estimó que si se le suman los dos años que el gobierno tiene autorizado por la ley para reclamar de manera retroactiva a las ART, la deuda a su favor escalaría hasta superar los $800 millones.
De acuerdo con Fiorens cada persona atendida en el sector público, en promedio significa una erogación de $30.000, ya que, además de los costos de la atención primaria se debe incluir los traslados que encara el SEC, que suele ser el primero en responder ante un siniestro vial.
Además del Fondo, el referente de la ONG consideró que cada hospital de la provincia debería tener su propio sistema de cobros y recuperar ellos mismos el dinero invertido en la atención de las víctimas de los accidentes de tránsito, pero dudó sobre la voluntad de las autoridades, tanto provinciales como nacionales, para instrumentarlo.
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