El cese de comercialización de hacienda comenzará a las cero de este miércoles y se prolongará hasta las cero horas del jueves.

A través de un comunicado, los dirigentes rurales entrerrianos informaron a UNO que la protesta será contra la “estatización de La Rural, pero también por la quita efectuada a las entidades de la posibilidad de emitir los formularios Nº1116 (certificados depósitos de granos), por los serios problemas en el mercado del trigo, a la perdida de rentabilidad de los tamberos y a la fuerte presión fiscal que esta siendo sometido el campo”.

El Gobierno expropió mediante un decreto el predio ferial de Palermo luego de advertir una serie de presuntas irregularidades en el proceso que utilizó la Sociedad Rural Argentina para comprarle el inmueble al Estado en 1991. A través del decreto 2552/2012, el Gobierno revocó el decreto 2699/1991 y “todos aquellos actos dictados en su consecuencia”, con los que se concretó la venta del predio delimitado por las avenidas Santa Fe y Sarmiento, y las calles Cerviño y Oro, de esa ciudad.

La SRA consideró que esa estatización es “una venganza por la 125”, la resolución que disponía retenciones móviles para las exportaciones de granos que despertó una generalizada protesta del sector rural y que finalmente no se aplicó por el voto negativo del entonces vicepresidente Julio Cobos. Y presentó acciones judiciales para frenar la aplicación del decreto 2552.

Además, la Sociedad Rural convocó a cantar el Himno Nacional Argentino el jueves a las 19, en el predio ferial de Palermo, en rechazo a la estatización de las instalaciones.

El acto se llevará a cabo en rechazo “al avasallamiento que sufre nuestra entidad y en defensa a los valores republicanos y a la Constitución Nacional”, señaló la entidad en un comunicado.

El titular de FAA, Eduardo Buzzi, acusó al Gobierno de actuar con “revanchismo”, y dijo que la sociedad no pide que se ataque a los productores.

El dirigente agrario dijo que el método del Gobierno “es perseguir a las entidades agrarias”, y de tomarse revancha por el conflicto de 2008 por la Resolución 125, que establecía un régimen de retenciones móviles, y que fracasó en el Congreso.