La actividad, planteada por los titulares de ambas comisiones, Diego Lara y Marcelo Bisogni, será en el salón de los Pasos Perdidos de Diputados.

"Hace un año la Provincia de Buenos Aires promovió una demanda ante la Corte Suprema de Justicia . persiguiendo la declaración de inconstitucionalidad de una cláusula de la Ley de Impuesto a las Ganancias que fija un tope de 650 millones de pesos anuales en la participación del 10 por ciento que Buenos Aires tiene en la recaudación del impuesto. La gobernadora Vidal pretende que la provincia de Buenos Aires perciba unos 50.000 millones más para ese fondo y cobrar el retroactivo de los últimos cinco años que ascendería a los 300.000 millones de pesos", recordó Lara.

El legislador indicó que, sin ánimo de a cuestionar el reclamo de Buenos Aires, hay que señalar que muchos gobernadores, incluso los que no son justicialistas, han manifestado, en diferentes encuentros, su honda preocupación por el tema, advirtiendo incluso sobre el quebranto financiero que sobrevendría en sus jurisdicciones y la imposibilidad de pagar los salarios si la demanda prospera en el ámbito judicial y los obliga a ceder parte de la coparticipación.

En ese sentido, Lara se mostró a favor de que la discusión se resuelva en el ámbito político, del mismo modo que lo hicieron los gobernadores. "Entiendo que esta cuestión debe debatirse y zanjarse en el seno de un acuerdo político entre las provincias, la Nación y el Congreso Nacional. Si bien la Corte tiene una competencia originaria y excluyente en los conflictos que se susciten entre las provincias, el tema de la coparticipación es privativo del Congreso, porque así lo ordena nuestra Constitución Nacional luego de la reforma de 1994", señaló aludiendo a la sexta cláusula transitoria de la Constitución nacional reformada en 1994, donde se dispuso que antes de la finalización del año 1996 se debía establecer un régimen de coparticipación, no pudiendo modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigentes, hasta el dictado de mencionado régimen de coparticipación.

"Es decir, que estamos ante una situación de extrema morosidad por parte del Congreso de la Nación en el dictado de un nuevo régimen de Coparticipación Federal, por lo que insisto que esta cuestión que plantea Buenos Aires debe resolverse de la mano de la política y no de la Justicia", agregó el legislador.

Respecto del argumento de la gobernadora Vidal sobre la pérdida de recursos por el congelamiento del tope de 650 millones de pesos destinados al fondo del conurbano, Lara señaló: "También es cierto que durante años la Provincia fue favorecida recibiendo cifras millonarias para electricidad, gas y transporte", en concepto de subsidios. "Por eso la idea es sacar esta cuestión del ámbito judicial y llevarla al terreno político que es donde debe estar, tratando de encontrar un consenso generalizado entre las provincias y la Nación y acordar un nuevo paquete de coparticipación".

En ese sentido, agregó: "Los legisladores entrerrianos, al menos los que pertenecemos al bloque oficialista, tenemos una clara postura sobre esta cuestión, porque perseguimos una defensa férrea del federalismo, en orden a la posición que ha fijado nuestro gobernador Gustavo Bordet de no judicializar el reclamo de Buenos Aires y buscar la solución donde constitucionalmente corresponde, es decir, en el Congreso de la Nación y en el marco de decisiones políticas entre los Estados afectados y el Gobierno Nacional".