Lo cierto es que, en la agenda de temas vinculados a la situación de inseguridad, que atraviesa transversalmente a la comunidad lugareña, se destaca  el proyecto de ordenanza, impulsado por Baragiola, por el cual se propone la emergencia en seguridad, en todo el Partido de General Pueyrredón, por el termino de seis meses, a los efectos de poder tomar las medidas necesarias para dotar en recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura necesarios para un mejor accionar de todas las fuerzas de seguridad apostadas en nuestro Municipio.

La iniciativa de Baragiola contempla también  la creación de  una comisión asesora y evaluación de las acciones encaradas, así como de seguimiento de los recursos usados en forma extraordinaria por la emergencia declarada, la cual deberá estar conformada por dos Representantes del Departamento Ejecutivo Municipal,  dos Representantes del Honorable Concejo Deliberante,  dos Representantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Jefe de Policía dela Departamental Mar del Plata; encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar las gestiones necesaria para establecer, mientras dure la emergencia declarada en el artículo 1º, el refuerzo del patrullaje del Partido de General Pueyrredón por fuerzas de seguridad nacionales.

En este proyecto de ordenanza, Baragiola se exhuma del archivo una iniciativa de su correligionario Mario Rodríguez, por la que se  cita a concurrir al Honorable Concejo Deliberante al señor Secretario de Seguridad, Control y Justicia Municipal, Dr. Adrián Alveolite para exponer sobre Programa de Seguridad Publica encarado por la Municipalidad de General Pueyrredón y los incumplimientos de los Convenio de Colaboración firmados con la Provincia de Buenos Aires y el Poder Ejecutivo Nacional aprobados por las Ordenanzas Municipales nº 12.256, 18.831, 19.099,19261, 19756, 20.250, 20.421, 20.422, 20.530, 20.738 y 21459.

Cabe traer a colación, que en la reunión de esta misma Comisión, celebrada el lunes 31 de marzo, el Dr. Alveolite expuso a los ediles el  “Plan Municipal de Seguridad” con el que, según aseguraba, “se busca, estratégicamente, dirigir las políticas públicas para luchar contra el delito con mayor eficacia, ponderando la creación, en ese sentido, del Centro de Análisis Estratégico del Delito, que no solo centralizara y administrara la información estratégica, proveniente de distintos organismos del Estado y de la sociedad civil, sino que estará, básicamente, enfocado a un análisis crítico de la data para poder imprimir a las políticas de seguridad la eficacia y la eficiencia, que se persiguen”.

En aquella ocasión,  además de escucharse el “relato” del alto funcionario, actualmente procesado, los  segundones que lo acompañaron, algunos de ellos también procesados, expusieron sendos lineamientos generales de las áreas a su cargo. Sucediéndose de esta manera las exposiciones de Tobías Schleider (Director del Centro de Análisis Estratégico del Delito), la licenciada María Eva Ayala (Dirección de la oficina de Políticas de Prevención), el Dr Cesar Vetimiglia (Director de Protección Comunitaria), Leandro Saaied (Director del Consejo Municipal de Seguridad), Mario Luchessi (Dirección de Justicia Municipal) y  el director de la oficina de Protección a la Víctima, Gastón Herrera. Y seis meses después de aquel parto de montes, seguimos girando alrededor de la misma cuestión irresuelta.

En los fundamentos de su iniciativa, Vilma Baragiola expresa que “el Municipio de General Pueyrredón ha firmado diferentes convenios de colaboración con las autoridades nacionales y provinciales en los últimos siete años que no han coadyuvado a la problemática de la inseguridad en el Partido de General Pueyrredón (Ordenanzas Municipales nº 12.256, 18.831, 19.099,19261, 19756, 20.250, 20.421, 20.422, 20.530, 20.738 y 21459).

Asimismo señala que “a través de ellas se garantizaban recursos humanos y de infraestructura para combatir la criminalidad y mejorar el nivel de vida de todos los ciudadanos del Municipio” y que “de las Ordenanzas citadas emergen obligaciones por parte de la Municipalidad de General Pueyrredón, las cuales, en el mejor de los casos, fueron cumplidas solo parcialmente, lo que ha impactado negativamente en materia de seguridad ciudadana”.

Baragiola añade que “la Municipalidad de General Pueyrredón aportó de sus propios fondos en el período mencionado (2007-2013) un total aproximado de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 6.825.000), el 0,1% del Gasto Municipal Ejecutado para el mismo período, de acuerdo a lo publicado en la página oficial de la Municipalidad de General Pueyrredón”; y que “los reiterados incumplimientos, a su vez, derivaron en sendas causas judiciales, una tramitada en la Fiscalía Federal nº 1 (Causa 911), en virtud del posible desvió de los fondos federales remitidos para el Programa de Protección Ciudadano, y la otra en la Justicia Ordinaria de la Provincia de Buenos Aires, tramitado en el Juzgado de Garantías nº 3 bajo el número 13984”.

En virtud de lo cual sostiene que “la poca claridad en la asignación de fondos y cantidad de convenios cruzados transformaron a la política de seguridad llevada a cabo por el actual ejecutivo municipal en poco transparente, zigzagueante y, en definitiva, poco efectiva” y que “consecuencia de ello, los delitos perpetrados han aumentado en forma considerable en las Ciudades de Mar del Plata y Batan para el período estudiado, lo cual se ve reflejado en el número de Instrucciones Penales Preparatorias en la Fiscalía General, las cuales han crecido en forma exponencial desde 2007 a la actualidad, según se deduce de las estadísticas oficiales publicadas por la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Situación que se agravó, en el presente año, en donde la pérdida de vidas en forma violenta se ha transformado en el motivo de preocupación principal de los marplatenses y batánense”.

La edil radical asevera que “es claro que debe coordinarse las acciones encaradas por el Municipio, tanto con la Justicia Provincial como con la Policía Bonaerense, pero también que los esfuerzos deben acelerarse, y pasar de lo netamente discursivo a cuestiones concretas que aumenten las fuerzas de seguridad en forma constante y permanente en todos los barrios de las Ciudades de Mar del Plata y Batán, así como de las demás localidades del Partido” y que “para ello es necesario el urgente refuerzo de los agentes de calle, utilizando todas las posibilidades de los Estados Nacional y Provincial, como por ejemplo convocar a la Gendarmería Nacional para apoyar a las fuerzas policiales provinciales destacadas en el Partido”.

Lamenta “la falta de pericia evidente con que se maneja la Secretaría de Seguridad, Control y Justicia Municipal, es parte del problema, en vez de haber contribuido a la solución de los hechos de inseguridad en el Partido”, asegurando que “esa impericia se ha visto evidenciada en los permanentes anuncios inconexos por parte de las autoridades municipales en materia de seguridad, los cuales rara vez se concretan, o solo esto ocurre en forma parcial”; y que “ello es suficiente para que la máxima autoridad del área, el Dr. Adrián Alveolite, comparezca ante este Honorable Cuerpo a los efectos de explicar en forma clara cuál es el plan rector para reducir la criminalidad en nuestra poblaciones, así como para explicitar los motivos que derivaron en los incumplimientos y posibles malversaciones de fondos que ocurrieron desde 2007 en los convenios de colaboración firmados con la Provincia de Buenos Aires y la Nación Argentina en materia de seguridad”.

El temario de la reunión de la Comisión de Legislación, que se llevará a cabo este lunes, también prevé el abordaje de diversos  proyectos referidos a la instalación de cámaras de seguridad, en determinados ámbitos, y el uso de las imágenes captadas por las mismas, así como para esclarecer algunas cuestiones vinculadas al Convenio de Adhesión al Régimen de Policía de Prevención local, suscripto, recientemente, con el Ministerio de Seguridad de la Provincia, para la creación e implementación de Unidades Policiales.