Se inició el año judicial. La actividad se retomará con viejos expedientes de fraude a la administración pública, previéndose que este año se llegue a juicio con importantes causas -como Flavors y Sobresueldos- y se concluyan otros procesos, como un trámite devuelto a Río Negro por la Corte Suprema por la investigación de "coimas" en la Lotería, que se inició hace 12 años y la condena cumplirá este miércoles cinco años.

También, continuarán sus procesos expedientes de alto impacto político, como los procesamientos del año pasado al exgobernador Miguel Saiz y al exjuez del STJ, Víctor Sodero Nievas, dictados por el juez penal Fabio Igoldi. Sus resoluciones -como mucho otros procesamientos suyos a ex funcionarios- están en análisis en la Cámara en lo Criminal.

Además, la nómina de expedientes contra la administración pública ya incorpora a ciertos hechos que involucran a ex miembros de la gestión del FpV. Entre otras, la investigación de contratos en Obras Públicas o la reactivación de los gastos del Tedeum en Bariloche del 25 de mayo del 2012.

Este regreso judicial propone un repaso de las causas procesalmente más avanzada que no significa necesariamente las más antiguos. Por caso, un trámite civil -que está ligado a trámites de corrupción pública- lleva seis años para la conformación del tribunal que se ocupará de un planteo. Se trata del expediente 6852/08 en la Cámara Civil donde Juan Zalesky y la provincia debatirán el monto que ese estudio privado debe restituir al Estado por mala liquidación de acuerdos extrajudiciales, que ya derivaron en condenas y procesamientos a ex funcionarios.

En el resumen, la Lotería espera de su definitiva resolución. La parte central sigue en la Corte pero ésta también pidió a la Justicia rionegrina que evalúe si prescribió uno de los delitos -dádivas- por los que se condenó al ex interventor Miguel Irigoyen a cinco años de prisión. Ese trámite -sin resolución- lleva más de un año en los estrados rionegrinos. Además, está condenado el exconcesionario de casinos rionegrinos, Carlos Ferrari.

Por su parte, gran parte del gabinete de Saiz está próximo de llegar a juicio por diferentes causas. Hay dos centrales, con procesamientos ratificados y planteos rechazados.

El expediente Flavors -vinculada a presuntas irregularidades por la adquisición de alimentos- es el más avanzado y se aproxima a los seis años porque se inició en el 2008 por la denuncia de la exDefensora del Pueblor, Ana Piccinini. La etapa de presentaciones de nulidades parece que concluyó el año pasado con uno vinculado al pedido de nulidad de la elevación a juicio, que rechazó el STJ.

Ese expediente llevaría a juicio a los exministros Alfredo Pega, Cristina Uría y Adriana Gutiérrez por "administración infiel en perjuicio de una administración pública". Las imputaciones también alcanzan a los empresarios Máximo Vicchi, Javier Matas y Daniel Fernández.

En la Justicia queda resolver qué ocurrirá ya que Pega y Uría actualmente son legisladores, con mandato hasta diciembre del 2015. Otro elevación a juicio próxima corresponde a la causa de los "Sobresueldos", que incluye al gabinete de Saiz con procesamientos ratificados. Se les imputan "peculado" a los ex ministros Uría, Pega, Cesar Barbeito, Diego Larreguy, Juan Accatino y Omar Contreras; el exsecretario General, Francisco González (hoy legislador), y ex funcionarios Daniel Bossero, Gustavo Pichi, José Ongaro, Sergio Pendas y Aníbal Hernández. El principal delito imputado es de "peculado".

Al exfiscal de Estado, Alberto Carosio se lo imputó posteriormente en ese mismo hecho aunque su mayor preocupación está en el avanzado procesamiento por su participación en los acuerdos extrajudiciales con estudios jurídicos, que ya concluyó con condenas para una funcionaria suya, Sandra Bombardieri.

Más expedientes presentan imputaciones activas de miembros del gabinete de Saiz, por caso, Contreras registra otros dos procesamientos por irregularidades en el manejo de fondos de Turismo y lo mismo ocurre con Accatino por la conducción de la política de Tierras. Barbeito y Larreguy tienen cada uno un proceso avalado por un juez por sus acciones en Educación y Gobierno. Asimismo, el exsecretario Osvaldo Mildenberger está procesado por contratos y licitaciones en Obras Públicas.