La sede de la Tupac Amaru había vuelto al silencio. Todos sabían a esa altura que Milagro Sala estaba escuchando la misma conferencia de prensa a cientos de kilómetros, retransmitida desde una radio abierta sobre las calles de tierra, a orillas del Penal de mujeres del Alto Comedero. Horacio Verbitsky, presidente del CELS, pero aquí y en este contexto, también periodista, explicó que las resoluciones de los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos son importantes, lo mismo que el trabajo jurídico, pero aseguró que la experiencia de la dictadura en Argentina también demostró que Milagro Sala no va a salir de la cárcel si no existe militancia, organización y participación popular. “No hay otro camino que la militancia –dijo–. El trabajo jurídico de defensa de Milagro es extraordinario, pero la liberad de Milagro sólo se va a conseguir con organización y participación popular. Me parece muy importante que lo tengamos claro todos quienes estamos acá. No vamos a cejar hasta conseguir su libertad, porque su libertad es la garantía de la libertad de todos.”

Ahí estaba el espíritu que se respiró durante dos horas en la casa de la Túpac Amaru, en el barrio de Monserrat de la Ciudad de Buenos Aires. Media hora antes del comienzo formal de la conferencia de prensa organizada por el Comité por la libertad de Milagro, a un año de su detención ilegal, el pequeño edificio explotaba. Los organizadores ubicaron en una mesa a Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pero también a quienes podían dar cuenta del abanico de alianzas y de la dimensión de un reclamo que rompió las fronteras territoriales y también de los espacios políticos. El jurista Julio Maier quedó sentado al lado del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa. Luego se sentaron Verbitsky y ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, hoy miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más atrás estaban los intendentes de Ensenada y Avellaneda, Mario Secco y Jorge Ferraresi. Víctor Santa María, Eduardo Valdés, Gabriel Mariotto fueron presentados como representantes del Parlasur. Víctor Carricarte, de la CGT, cuando tomó la palabra dijo que lo hacía como parte de la Corriente Federal del Trabajo. Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, anunció que presentarán una denuncia ante la sede local de la Organización Internacional del Trabajo contra el gobierno argentino por violación a la defensa de los pueblos originarios. Entre los presentes y oradores, la lista sumó a Daniel Catalano, de ATE; Horacio Pietragalla, Andrés Larroque y el sacerdote Francisco Oliveira, de los Curas en la Opción por los Pobres; también a representantes de los organismos de derechos humanos y de La Cámpora, entre otras organizaciones. 

Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador nacional de la Túpac Amaru, agarró el micrófono como pudo para ir nombrando a quienes aparecían y se perdían entre la marea humana. Dejó en claro que también estaban ahí Vilma Ripoll, del MST, y Christian Castillo, del PTS. Sobre la mesa central, entre imágenes de afiches con la campaña por Milagro Sala, quedó una foto suspendida de Olga Arédez, ícono de la lucha jujeña por los crímenes del Ingenio Ledesma, ese factor de poder permanente que, como dijo Verbitsky, continúa siendo el punto de alianza de un bipartidismo desestabilizado por el trabajo de la Tupac, por lo que ahora le están haciendo pagar las cuentas.

“Como habrán observado la casa nos quedó chica”, dijo Garfagnini. “Y lo que expresa es que el problema de la detención de Milagro y los compañeros de la Tupac es un problema de la democracia. No es un problema del kirchnerismo, del antikirchnerismo, ni de un determinado partido. El problema es que estamos viviendo en emergencia democrática desde el 10 de diciembre de 2015 con un gobierno que  encarcela y reprime a su opositores.” Ese fue un punto central de la conferencia de prensa: el anuncio de una denuncia contra el Ejecutivo nacional, el Ejecutivo de Jujuy y la titular del Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, como consecuencia de los correos electrónicos publicados el domingo pasado en PáginaI12 por Horacio Verbitsky, que dan cuenta de un acuerdo para diseñar una estrategia conjunta para recibir en mayo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Quiero decir que los mails en los que se acuerda la preparación de testigos para pactar una reunión y operar para mantener detenida a Milagro son de una gravedad institucional inusitada”, dijo Garfagnini. “¿Y después nos hablan a nosotros de asociación ilícita?  –planteó–. ¿Qué es un asociación ilícita si no esto?”

Allí mismo le pasó el micrófono a Elizabeth Gómez Alcorta, del equipo jurídico de la Tupac. “Estos mails vienen a demostrar en otro soporte lo que desde hace un año vinimos diciendo –dijo ella–: que Milagro Sala está a disposición del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial.” Ya lo había dicho el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, explicó. Y lo que ahora salió a la luz es una serie de reuniones y acuerdos entre los representantes de la Cancillería nacional, el fiscal de Estado de Jujuy, el apoderado personal del gobernador Gerardo Morales y, lo más grave, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy. “Hoy esta defensa tiene dos incidentes en el STJ. ¿Qué podemos esperar de esta presidenta que acuerda estafar a la CIDH?” En esa línea, anunció una batería de acciones. Poner en conocimiento a la CIDH de que el Estado argentino viola lo que se llama principio de buena fe. Denunciar a los cuatro firmantes de los correos por tráfico de influencias, incumplimiento de los deberes del funcionario público y abuso de autoridad. “Y la tan encantadora figura de asociación ilícita, que tanto usan el gobierno nacional y el provincial, nunca les cabría mejor que en este caso”, agregó. Esa denuncia que se presentará en los próximos días correrá en paralelo a un pedido de renuncia de Leandro Despouy, representante de derechos humanos en Cancillería, dado que “no puede representar al Estado argentino en materia de derechos humanos un funcionario que viola el principio básico de la comunidad internacional”. Idénticas renuncias pedirán al fiscal de estado jujeño Mariano Miranda y a la presidenta del STJ, Clara De Langhe de Falcone, una ex diputada radical que asumió la presidencia del tribunal supremo de Jujuy en medio de la ampliación de esa corte en menos de 24 horas y cuya primera decisión fue designar a su yerno, el juez Gastón Mercau, para perseguir a Milagro Sala, como recordó también ayer el presidente del CELS. Sobre los pedidos de renuncia, señalaron que esperan que los funcionarios se avengan a aceptarlos al menos por vergüenza. Y explicaron que también impulsarán un pedido de juicio político sobre la magistrada.

Un pequeño entrepiso de la sala se había abarrotado de presencias. ¡Para Milagro, la libertad, para Morales el repudio popular!, se cantó. Desde la coordinación del Comité, Estela Díaz y Mara Brawer se sucedieron en el micrófono, hicieron presentaciones, mencionaron como parte del abanico de adhesiones la presencia de Fernanda Gil Lozano, del Frente Renovador. Señalaron que tenían una adhesión de Alberto Fernández. Leyeron una carta de Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, y presidenta honorífica del comité. Y a las 11.30 también leyeron una carta de Milagro Sala. 

La carta

“Queridos compañeros, hoy se cumple un año desde mi detención y del comienzo de la represión en Jujuy”, escribió la dirigente. “Pero también un año de persecución a los militantes sociales de todo el país por parte de este gobierno.” Enumeró la represión a los tupaqueros, “pero también a los empleados públicos, a los despedidos de las fábricas, a los científicos, a los maestros y profesores, a los manteros y finalmente a los mapuches de los pueblos originarios”. En el final, repitió aquello que dice cada vez que alguien le pide un mensaje: “Les pido que militen los jóvenes, que son el futuro de nuestro país”. 

La coordinación del Comité dio datos sobre la expansión de la figura de Milagro durante este año de reclamos. Más de 60 comités en el país y en el mundo, dijeron. Acciones en simultáneo ayer en todas las provincias. Una olla popular y una radio abierta en el Penal del Alto Comedero para transmitirles la conferencia de prensa a las detenidas políticas. Conferencias de prensa en simultáneo en el exterior. Y muy especialmente hicieron un pronunciamiento en solidaridad con las organizaciones mapuches reprimidas en Chubut. “No nos confundamos –dijo Estela Díaz–, no es casualidad que la primera dirigente detenida sea una líder de las organizaciones populares, mujer y líder indígena, triple condición de discriminación que la instituye en el botín que Morales ofreció a la oligarquía jujeña y argentina.”

Desde el Comité anunciaron que esperarán los fundamentos del fallo que condenó a Sala por un escrache a Morales, que se conocerá en el mes de febrero, para luego hacer una denuncia contra el gobernador y el testigo falso de la causa, René Cochinillo Arellano. “No se trata sólo de un testigo que mintió, sino de un testigo falso pagado por Morales”, explicaron. 

Luego de Coco Garfagnini y Taty Almeida, tomó la palabra Raúl Zaffaroni. “Ante todo, tengo que hablar de un cierto grado de vergüenza cuando uno viene a hablar de derecho frente a lo que está sucediendo en nuestra Patria, y es lamentable. Pero creo que ya no se perdió la vergüenza, sino el pudor, directamente.” Y también volvió a señalar que Jujuy vive un estado de excepción, por lo cual el Estado nacional debe promover la intervención de la provincia. “Lo que estamos viendo es un deterioro gravísimo del Estado de derecho nacional. No sólo de Jujuy. En esas condiciones, lo único que corresponde conforme el texto expreso de la Constitución, si la provincia no garantiza la administración de Justicia, es la intervención federal de la provincia.” 

Hubo aplausos. Y nuevos cantos. Las mujeres de la Túpac comenzaron a distribuir carteles para las fotos de adhesión a la campaña. El presidente del CELS, para entonces, ya había terminado de explicar su sorpresa al repasar los diarios nacionales y de Jujuy con nula información sobre los correos electrónicos. Y luego habló del peso y de la importancia de construcción acciones, acudir a organismos nacionales e internacionales para canalizar denuncias, retomó la denuncia que hará la CTA ante la OIT, también las enseñanzas que estos reclamos dejaron en dictadura. “Esta es la historia que nosotros vivimos en dictadura –dijo–: el sistema interamericano de protección a los derechos humanos dictó resoluciones idénticas para Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, en todas señaló que la represión, la desaparición y la tortura practicadas por las respectivas dictaduras violaban la Convención americana de Derechos Humanos. Sin embargo, sólo en Argentina esas resoluciones fueron militadas por un conjunto muy grande de personas y organizaciones y lograron los avances a los que hizo referencia recién Raúl (Zaffaroni). No ocurrió lo mismo en Brasil, no ocurrió en Uruguay, ni en Paraguay porque no hubo una organización y militancia con ese mismo grado de fortaleza. Y ese es el camino que hay que encarar para forzar al gobierno nacional de Mauricio Macri y al gobierno de Gerardo Morales a dejar en libertad a Milagro Sala”. Y allí, agregó que todo esto sólo será posible con militancia, con organización y acción popular.