La contaminación del río Arenales y del dique Cabra Corral ocupó a fiscales y jueces, tanto federales como provinciales, desde tempranas épocas de la presa inaugurada en 1973. A lo largo de cuatro décadas, trabajos científicos dieron cuenta de la progresiva degradación de los cursos de la alta cuenca del Juramento y los daños causados en el ambiente, la vida acuática y la salud pública por descargas cloacales crudas, volcamientos industriales nocivos y agrotóxicos desechados sin control.

Otras investigaciones pusieron el acento en los lixiviados desprendidos de los vertederos de la ciudad de Salta y en los descomunales volúmenes de residuos arrastrados hacia el gran espejo de agua por los ríos Rosario, Chicoana y Pulares.

Por años, municipios del Valle de Lerma usaron a esos y otros cauces como basurales a cielo abierto. Ningún tribunal respondió a las denuncias y las evidencias fueron borradas, año tras año, por las quemas y crecidas.

La contaminación bacteriológica y con metales pesados está sobradamente probada en el río Arenales, tanto por estudios que encararon investigadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), como por análisis que ordenó la Justicia ante denuncias más recientes.

Sin embargo, nadie se interesa en identificar las fuentes de contaminación y parar los volcamientos ilegales.

Metales pesados

Informes que giró el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) al juez Marcelo Domínguez dieron cuenta de niveles de metales pesados que superan hasta en decenas de veces los límites permitidos. Los criterios con que se eligieron los puntos del muestreo, lamentablemente, impedirán que las fuentes contaminantes puedan ser identificadas como se debe.

Las conclusiones del Departamento Técnico Científico del CIF fueron presentadas en septiembre de 2017 como una revelación novedosa, desprendida del amparo que promovieron concejales del Partido Obrero, un mes antes, por presuntas deficiencias y negligencias en la operación del relleno sanitario.

Los datos que informó el fiscal penal Federico Jovanovics no fueron distintos a los que había difundido el Ministerio Público, un año antes, en relación con otra causa que tiene como actores a vecinos de Ceferino y barrios aledaños desde 2011.

También en ese expediente, la mira del sistema judicial quedó enfocada casi exclusivamente en las responsabilidades que son de competencia municipal, porque Aguas del Norte quedó redimida de sus descargas cloacales crudas con una modesta inversión focalizada en la zona de Ceferino.

Así, con la contaminación bacteriológica soslayada y el foco puesto solo en el relleno sanitario, aquel informe del CIF dio pie a una investigación penal que quedó a cargo del fiscal Horacio Córdoba Mazuranic.

En septiembre último, sobre idénticas bases, el fiscal Jovanovics encaró otra investigación penal en la que la contaminación del río Arenales se determinó, según su propia aclaración, "con dos muestras tomadas aguas arriba y aguas abajo del vertedero".

Los organismos provinciales denunciados usaron el mismo criterio para tirar las responsabilidades al municipio, que el pasado 16 de noviembre presentó al juez Domínguez un extenso descargo.

El descargo municipal

El escrito no desconoce la severa contaminación del Arenales, que a estas alturas se ve hasta desde el espacio, como mostró El Tribuno en un informe publicado el 26 de noviembre último. Sí objeta la inexistencia de conclusiones científicas determinantes sobre las filtraciones de lixiviados y otras irregularidades denunciadas en el relleno que recibe diariamente cerca de 850 toneladas de residuos recolectados en Salta, Vaqueros, La Caldera, San Lorenzo, Campo Quijano, Cerrillos y La Merced.

El descargó municipal también se apoyó en la falta de una investigación exhaustiva que confirme o descarte la vinculación del vertedero con las afecciones respiratorias, gastrointestinales y dérmicas denunciadas en barrios cercanos.

Las conclusiones de los análisis realizados por el CIF también fueron presentadas ante el juez como paradójica certificación de que existen, aguas arriba del vertedero, fuentes contaminantes que esperan ser identificadas.

Una de ellas es la planta depuradora de líquidos cloacales que colinda con el relleno sanitario. Solo tiene capacidad para tratar los efluentes de 290.000 personas, pero la capital tiene más del doble de habitantes.

Desde su caño de descargas hacia el dique Cabra Corral se observa un abrupto cambio de tonalidad en las aguas del Arenales. La turbiedad concuerda con elevados indicadores de contaminación que midió el laboratorio Bioagronort, en agosto de 2017, en las cercanías de las instalaciones de Aguas del Norte. “La contaminación que arrastra el río Arenales aguas arriba del relleno sanitario es muy elevada, con altos valores de materia orgánica (DQO y DBO) y un gran aporte de bacterias del tipo coliformes fecales, que permiten inferir que pueden provenir de cloacales mal tratados. Al ser el aporte tan elevado, podemos tener un indicio de que, por la carga y el volumen, pueden ser de un tratamiento de líquidos cloacales que no cumple con los parámetros de vuelco a río”, concluyó el laboratorio en el informe que elevó al Municipio.

Las muestras tomadas por el CIF en el mismo sector del río también reflejaron la contaminación, pero los técnicos y fiscales del Ministerio Público no parecen haberse interesado en los altísimos niveles bacteriológicos que complican a la empresa provincial Aguas del Norte.

De esa forma, lejos identificar las diferentes fuentes de contaminación, para frenar los volcamientos irregulares y determinar fehacientemente las responsabilidades, distintos poderes Estado condenan a barrios enteros, a cientos de familias, a miles de niños y niñas, a seguir conviviendo con un ambiente cada vez más insano.