Por primera vez desde 2004 el martes 27 no hubo acuerdo para el nuevo salario mínimo, vital y móvil. El Ministerio de Trabajo lo estableció por decreto en 10 mil pesos que deberán alcanzarse en tramos a lo largo de un año. Las centrales sindicales pedían 14 mil pesos, para igualar la canasta básica de una familia con dos hijos. El diputado nacional Héctor Recalde, presidente del bloque del Frente para la Victoria y veterano laboralista, recomendó ante PáginaI12 releer la Ley de Contrato de Trabajo promulgada en 1974, luego de un anteproyecto elaborado en vida de Juan Perón por Norberto Centeno, el abogado que sería asesinado por la dictadura tres años después, hace 40 años. 

–En homenaje a Centeno, con quien yo colaboré en ese anteproyecto, leamos bien el texto –sugirió Recalde–. El artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el salario mínimo vital y móvil es para un trabajador sin cargas de familia. Dice que el salario mínimo vital debe asegurarle “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. Obviamente con el mínimo por decreto esos objetivos no se cumplen ni para un trabajador ni para una familia. Esteban Bullrich, el ministro de Educación que ahora es candidato, un día reveló la táctica de Cambiemos. Tiran doce temas, nos ocupamos todos de uno solo y el resto por ahí pasa. Por eso inventaron lo de la supuesta industria del juicio laboral y la presunta mafia. El eje troncal de ellos es bajar el costo laboral como sea. Por el temor de los trabajadores, por el sometimiento, por la modificación de la normativa, por el ataque a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo o su disolución de hecho, por el desfinanciamiento del sistema jubilatorio... Todo flexibiliza. También el salario mínimo bajo y por decisión del Ministerio de Trabajo. En vez de haber dos partes y un árbitro (el Estado), ya no hay árbitro sino dos partes: los grandes empresarios apoyados por el Estado y el resto. 

Por primera vez desde 2004 el martes 27 no hubo acuerdo para el nuevo salario mínimo, vital y móvil. El Ministerio de Trabajo lo estableció por decreto en 10 mil pesos que deberán alcanzarse en tramos a lo largo de un año. Las centrales sindicales pedían 14 mil pesos, para igualar la canasta básica de una familia con dos hijos. El diputado nacional Héctor Recalde, presidente del bloque del Frente para la Victoria y veterano laboralista, recomendó ante PáginaI12 releer la Ley de Contrato de Trabajo promulgada en 1974, luego de un anteproyecto elaborado en vida de Juan Perón por Norberto Centeno, el abogado que sería asesinado por la dictadura tres años después, hace 40 años. 

–En homenaje a Centeno, con quien yo colaboré en ese anteproyecto, leamos bien el texto –sugirió Recalde–. El artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el salario mínimo vital y móvil es para un trabajador sin cargas de familia. Dice que el salario mínimo vital debe asegurarle “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”. Obviamente con el mínimo por decreto esos objetivos no se cumplen ni para un trabajador ni para una familia. Esteban Bullrich, el ministro de Educación que ahora es candidato, un día reveló la táctica de Cambiemos. Tiran doce temas, nos ocupamos todos de uno solo y el resto por ahí pasa. Por eso inventaron lo de la supuesta industria del juicio laboral y la presunta mafia. El eje troncal de ellos es bajar el costo laboral como sea. Por el temor de los trabajadores, por el sometimiento, por la modificación de la normativa, por el ataque a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo o su disolución de hecho, por el desfinanciamiento del sistema jubilatorio... Todo flexibiliza. También el salario mínimo bajo y por decisión del Ministerio de Trabajo. En vez de haber dos partes y un árbitro (el Estado), ya no hay árbitro sino dos partes: los grandes empresarios apoyados por el Estado y el resto. 

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–Por lo menos una vez por semana funcionarios del Gobierno insisten en que existe una mafia de los juicios laborales.

–¿Dan datos?

–Hasta ahora no. El argumento es que bajaron los accidentes y aumentaron los juicios laborales.

–No sé cómo hace esta gente las estadísticas. Históricamente es al revés. Si uno toma una serie larga, con mayor cantidad de trabajadores y mayor cantidad de accidentes de trabajo hubo menos reclamos judiciales que en el 2003. Dicen que se duplicaron. Observé en la Justicia que a partir de abril se iniciaron 800 juicios. Con la nueva ley de Riesgos de Trabajo, desde mayo, 400. O sea que menos juicios. Y eso que la provincia de Buenos Aires todavía no adhirió a la ley nacional. Muchos juicios, entonces, se iniciaron en provincia. Pero también hay que mirar la otra cara de la realidad. La ley pone un freno a la iniciación de juicios. 

–El trabajador no accede a la Justicia, va a una comisión médica.

–Los que pueden hacer juicio muchas veces no lo hacen porque pondrían en peligro a sus compañeros. Los obligarían a salir de testigos y los dejarían en riesgo de perder el trabajo. 

–¿No hay irregularidades?

–Siempre hay patologías. Pero no son mayoritarias.

–¿Cuál sería la patología?

–Del lado de los trabajadores el que se quebró una pierna el domingo y hace juicio diciendo que se fracturó el lunes camino al trabajo. Del lado de los abogados, los bolseros que buscan juicios y los empiezan para conciliarlos o abandonarlos. El día que tenga pruebas sobre algún bolsero lo voy a denunciar. Pero insisto: son patologías y no hacen al conjunto del fuero laboral y de los laboralistas. La mayoría se dedica a los temas serios. Si el Gobierno quiere bajar los juicios, puede tomar un proyecto mío. Como diputado propuse bajar el tiempo semanal de trabajo de 48 a 45 horas. En 1988 la OIT hizo un estudio científico y demostró que la limitación de las jornadas aumenta el presentismo y la productividad y disminuye los accidentes de trabajo. El derecho del trabajo ni crea ni destruye empleo. Puede distribuirlo con mayor equidad. Con una baja de la jornada hubiéramos generado 200 mil empleos más. No es una locura: Brasil tiene jornada semanal de 44 horas, España de 40, Alemania de 39, Francia de 35. En lugar de estudiar a fondo temas como éste, Macri se dedica a violar el principio republicano.

–¿Cuándo?

–Cuando dice que tenemos que elegir jueces que nos representen. 

–El Gobierno ya dijo que quiere el juicio político a cinco miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

–Estudié las resoluciones de los plenarios de la CNAT, que es cuando se juntan todos para fallar sobre un tema que requiere ese tipo de acuerdo. Encontré cuatro plenarios a favor del trabajador, diez a favor de las empresas y uno con virtual empate. Otros cinco no se referían a la relación laboral. Antes de ser diputado fui laboralista toda la vida. Yo mismo desalenté a que hicieran juicio trabajadores a los que quizás no les convenía una demanda. También recuerdo que una vez, en el caso de un trabajador en conflicto a quien yo defendía, el empresario gastronómico llegó sin abogado. Le pedí al juzgado que suspendiera la audiencia para que estuviéramos en igualdad de condiciones. Tan arbitrario no debo ser porque después del insulto del Presidente Macri recibí la solidaridad de cámaras y pymes. De la CGE, de la CGERA, de Apyme, de Osvaldo Cornide que presidió durante muchos años la CAME y hoy es su presidente honorario... Fui uno de los fundadores de la Convocatoria Social por la Argentina, contra el coloquio de IDEA, en Mar del Plata. La preocupación era defender a los indefensos. El más indefenso es el que no tiene empleo. Después viene el subempleado, luego el mal pago y ahí nomás la pequeña y mediana empresa en problemas. Es obvio que el Gobierno se queja de otras cosas. No discute con ejemplos de empresas que cerraron por un juicio laboral. Por eso yo no solo presenté una queja el 7 de abril en la Organización Internacional del Trabajo. También escribí en Diputados el proyecto de Programa Asistir para las pymes. 

–¿Qué tipo de asistencia?

–Incluye la obligación de dar asistencia legal a las pequeñas y medianas empresas, además de capacitación y formación. Con las pymes el rol del Estado debe ir más allá de los créditos blandos. Espero que no se quejen también de este proyecto.

–¿De qué otros se quejaron?

–En 2006, seis meses después de que asumí mi mandato como diputado nacional en diciembre de 2005, comenzó un ataque virulento de las grandes cámaras patronales. A esa altura ya había presentado 20 o 30 proyectos, entre ellos la derogación de las modificaciones que la dictadura había introducido a la Ley de Contratos de Trabajo de 1974, la 20.744. Siempre las cámaras protestaron. Déjeme que le lea un editorial de El Industrial publicado en 1879, sobre los feriados. Lo publiqué en mi libro “Una historia laboral jamás contada”. El Industrial pide la anulación de los feriados con el argumento de que los que viven en los conventillos, “no teniendo en casa ningún objetivo que los detenga en los días en que se les obliga a no trabajar, se refugian en tabernas donde se embrutecen con sus libaciones continuas”. Un brulote. Y la realidad siempre descalifica los brulotes. Desde 2003 la consecuencia de las nuevas leyes laborales fue la creación de casi seis millones de puestos de trabajo. No quebraban las pymes. Esas cosas no pasan con un modelo que privilegia el mercado interno, regula las importaciones y no destruye la industria del calzado o la informática. A mí me parece que no se le presta demasiada atención a la política de las grandes empresas. Son ellas y sus cámaras las que siempre ponen de mascarón de proa a las pymes y son ellas las que favorecen el trabajo en negro.

–¿Cuál es la relación entre trabajo en negro y grandes empresas?

–Lo favorecen con la tercerización. Lo estimulan cuando subcontratan pymes que a lo mejor están violando la ley. Son responsables solidariamente de cualquier cosa que pase. Si hubiera vocación de pleitear y libertad para pleitear...

–Espere: ¿no hay libertad de pleitear?

–No. El trabajador tiene detrás lo que Carlos Marx llamaba “ejército industrial de reserva”, es decir los desempleados o los que nunca tuvieron trabajo. Con esta amenaza detrás pensará muchas veces antes de hacer un juicio. Incluso si es un trabajador en negro y cómo es lógico tiene derecho a un resarcimiento. La verdadera industria del juicio es la violación de la ley. O el impedimento de justicia como la obligatoriedad de las comisiones médicas para los accidentales. Las provincias todavía no adhirieron a ese régimen comisión médica. Las cámaras están pidiéndole a Macri que apriete a las provincias. En el Congreso aprobamos una ley por unanimidad: la Ley Antidespidos. Macri la vetó. Lo apoya el Colegio de Abogados de la Capital Federal. 

–El que preside Guillermo Lipera. No es el Colegio Público de Abogados. 

–Yo lo llamo colegio privado de abogados. Sus miembros no parecen abogados. Y de público no tiene nada. De ahí salieron los cómplices de la dictadura, incluyendo a José Alfredo Martínez de Hoz, Alberto Rodríguez Varela y Roberto Durrieu. Es la agrupación de los grandes estudios que en materia laboral buscan la flexibilización. Acá lo que conmueve es que hace cuatro años habíamos llegado al hambre cero. Y ahora no solo hay más pobres sino hambre otra vez. Bajó el consumo de leche. Ya venden sachets de medio litro. Esto tiene consecuencias tremendas. Los chicos que no tomen leche no podrán competir en la lucha por la vida. También bajó el consumo de pan. Escuché gente que compra diciendo: “¿Me da quince pesos de pan?”. Héctor Genoud, un maestro laboralista, estableció que en 1946 la indemnización mínima equivalía a 3333 kilos de pan. Hoy un sueldo mínimo son 250 kilos de pan. Nada. ¿Y vienen con el fantasma de los juicios? Hay que ser serios. Saber cómo se inició cada litigio, qué honorarios se pagaron, qué hico la cámara. ¿Por qué no hacen la auditoría de 500 o 600 expedientes? No. Bartolean con los números. Las ART son empresas comerciales. Lo que no es lógico es que den seguridad social. Las comisiones médicas niegan el monto correcto de la remuneración y eso es lo que motiva demandas. Distingamos entre las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Las enfermedades, de acuerdo a cifras de la OIT, representan el 38 por ciento de los reclamos. En la Argentina son el 2 por ciento. El tipo que tiene una hernia de disco producida por el trabajo no reclama porque se queda sin empleo y siente que pone en peligro el empleo de los demás. Esa es la discusión verdadera. Pero le repito que no le tengo miedo a buscar la forma de combatir las patologías. Está mal que el perito médico le cobre al empleador salga como salga el juicio. Que cobre de un fondo. Hay temas serios para discutir. Cuando se debatió el blanqueo pedí que excluyeran a los contratistas de obra pública. A mi hijo Mariano, que trabajaba en mi estudio, lo quisieron coimear las empresas de ticket canasta cuando yo discutía el tema en el Congreso, hace 10 años. ¿Sabe cuánto significaron los ticket canasta? Fueron 21 mil millones quitados a la seguridad social. A los trabajadores.