La contadora María Cristina Larrea dice ser auditora externa, pero nunca contó con la autorización que fijan las normas. La Comisión de Valores analiza sanciones para los sumariados.
La secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, Pablo Aldo Cerioli y Rubén Zampino, que ocupan los lugares que el Estado tiene como accionista minoritario de la empresa proveedora del papel que utilizan los diarios, evaluaron que Larrea no obtuvo ni el aval de la asamblea de accionistas ni una autorización judicial para ser Contadora Certificante Suplente de la sociedad, razón por la que debe ser investigada.
La CNV observó las declaraciones juradas que presentó Larrea diciendo ocupar el cargo de auditora, y concluyó que existe una posible intención de usurpar un lugar que no detenta y para el que no fue investida. "La remisión de la declaración jurada por parte de dicha profesional permite inferir un incumplimiento de las normas que regulan los hechos bajo análisis, cuyo contenido y simpleza resultan categóricas implicando que la misma alegaría una función que no poseía en debida forma", especifica la resolución que emitió la CNV.
El Estatuto de Papel Prensa es claro en su observación sobre los requisitos que deben cumplir los auditores de la compañía. "Los profesionales que dictaminen sobre los estados contables que exigen las disposiciones legales, serán designados por la Asamblea, con el acuerdo del Estado Nacional y previa selección por concurso de antecedentes entre profesionales argentinos, los que no deberán tener relación directa ni indirecta con firmas de auditoría o similares del exterior", sostiene.
El sumario que realizó el organismo que encabeza Alejandro Vanoli abarca a los directores Héctor Aranda y Jorge Rendo (nombre fuertes del Grupo Clarín) además de Guillermo González Rosas, Alberto Maquieira, Raúl Aguirre Saravia, Jorge Bazán, Daniel Fernández Muñoz y Eduardo Lohidoy. Del mismo modo, la decisión oficial fue instruir sumario al Consejo de Vigilancia de Papel Prensa, integrado por Alberto Ibáñez, Iván Sirito de Zavalía y Adolfo Ablático; y al Comité de Auditoría, formado por González Rosas, Bazán, Maquieira y Alejandro Urricelqui.
"La investigación sumarial se abrió a los efectos de precisar todas las circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a esclarecer la eventual comisión de irregularidades, individualizando a sus responsables", apuntaron desde la CNV. Fuentes del organismo le dijeron a Tiempo Argentino que ahora se abre un periodo de prueba que le dará tiempo a las partes de preparar los descargos que deberán dar en el paso siguiente del proceso.
El 13 de noviembre se llevará a cabo una audiencia preliminar para analizar los resultados que arroje el trabajo de los equipos técnicos del organismo estatal, que contrastaran la información provista por la denuncia de los directores del Estado con la defensa de los sumariados. Además, se investigará la razón por la que Larrea habría tenido la intención de adjudicarse ese lugar ilegalmente y cuál de los actores que intervienen alisó el terreno para que avanzara en ese sentido.
"Los sumariados tendrán que justificar la actuación de la contadora con pruebas y escritos y en función de eso la CNV decidirá si corresponde aplicar una sanción a los responsables de la irregularidad", apuntaron las fuentes oficiales. «
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