Por el crimen del albañil Carlos Raúl Guirula (30) hay once imputados. Dos ya fueron excarcelados, pues están apuntados por el delito de “encubrimiento”. Los nueve restantes están presos. Precisamente, la situación de este grupo es la que se resolverá en el transcurso de esta semana. Misiones Online pudo averiguar que cuatro uniformados recibirán la prisión preventiva por el delito de “torturas seguidas de muerte agravada”. Hay un quinto, cuya actuación se analiza, pero que podría sumarse a ese grupo. Los restantes también serán liberados, aunque con imputaciones por encubrimiento o participación secundaria.

Los que seguirían entre rejas son los tres integrantes de la patrulla de la comisaría XIII que llegaron en primer término al motel donde demoraron a la víctima, por un incidente menor que había tenido con el conserje del albergue transitorio ubicado en Santa Catalina y Andresito. Entre estos se encuentra la oficial Lourdes Beatriz Aquino (28), seriamente implicada por testigos que aseguran haber visto cómo ella le pateaba la cabeza al albañil.

A este trío se sumarían uno o dos de los policías del Comando Radioeléctrico que están actualmente entre rejas.

La resolución del juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, comenzaría a tomar cuerpo en las próximas horas. Actualmente, el magistrado está analizando la prueba recolectada para definir los roles que le cupo a cada imputado.

Trascendió que los cuatro o cinco sospechosos más comprometidos serán apuntados por el delito de torturas seguida de muerte agravadas, prevista en el Artículo 144 ter del Código Penal, que textualmente dice:

“1. Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura.

Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho.

Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descritos.

2. Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si se causare alguna de las lesiones previstas en el artículo 91, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años.

3. Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente”.

Aparte de la oficial Tabárez, están presos por la muerte de Guirula: el sargento primero Claudio Marcelo Servián y el agente Carlos Da Silva; ambos de la seccional XIII; y el oficial subayudante Carlos Alberto Sidorak, los cabos primeros Lucas Nahuel Saravia; Sergio Damián Recalde y Ricardo Escobar; y los agentes Jorge Marcelo Bogado y Jorge Orlando Barrios, del Comando Radioeléctrico.

Los que fueron excarcelados en su momento, aunque siguen ligados a la causa, son el oficial Javier Olmedo y el suboficial mayor José Velloso. Los dos prestaban servicios en la seccional del barrio Guazupí.

El sábado 19 de julio Guirula y dos amigos entraron en el mencionado motel con dos prostitutas. Cuando ya se retiraban, el albañil tuvo una discusión con el conserje, porque se negaba a pagar la cuenta de lo que había consumido. Consideraba que lo que le querían cobrar era excesivo. Desde el albergue transitorio llamaron a la Policía y al rato cuatro patrulleros llegaron al lugar.

Guirula no solo fue recudido y esposado. La dieron una paliza brutal que hizo que llegara muerto en el patrullero en el que lo trasladaron a la comisaría XIII.

Para los investigadores, lo mataron a patadas y luego lavaron el móvil en el que lo habían llevado para borrar evidencia.

Esta semana, se sabrá quiénes, para el juez Cardozo, fueron los que le dieron la golpiza letal.