Por: Jorge Joury
Queda demostrado que los sótanos del espionaje político se mantienen activos y cada tanto dejan escapar secretos que meten temor. A muchos dirigentes del PRO, entre ellos María Eugenia Vidal, por estas horas los invade la paranoia y las dudas por el efecto cascada que puede tener la colección de videos en los que aparecen funcionarios envueltos en polémicas acciones durante el mandato de Mauricio Macri. La punta de la madeja del escándalo fue la aparición de una filmación de una reunión de 2017 encabezada por Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, hablando del funcionamiento de una "Gestapo" para borrar a los gremios. Esto generó muchas suspicacias en el gabinete de la ex gobernadora y hoy todos se miran con sospecha.
Lo que aún permanece en el misterio es quién grabó el encuentro. También obliga a reflexionar sobre a quién le conviene que haya material audiovisual de ese tipo. Porque a pesar del impacto de lleno que tiene el escándalo sobre Vidal, es ineludible que en menor medida surge algo de responsabilidad en el ex presidente Mauricio Macri, que viene de ser noticia hace dos semanas por su reunión en un restaurante de San Isidro con Julio Conte Grand, el cuestionado procurador bonaerense que, según dice Villegas en el video, es uno de los garantistas de la estrategia para promover la acción penal contra el dirigente de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina.
Por estas horas, las intrigas sobrevuelan el escenario. Por ejemplo, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, aseguró que la grabación de la discordia apareció sin que nadie la busque en un disco rígido perdido en el organismo al que fue designada como interventora para “sanearlo” de supuestas prácticas espurias. ¿Por qué aparece la filmación justo en este momento?
La grabación misteriosamente explotó en la AFI dos años después de que finalizara el gobierno de Macri y a cuatro y medio de la reunión en cuestión. Otro dato sospechoso es que el hallazgo, mientras revisaban discos duros, paradójicamente se dio un puñado de días después de que Vidal durante en una cena ante 70 personas confesara que su proyecto es competir por la presidencia en 2023.
El escándalo que se desató es tal, que en un sector del vidalismo apuntan directamente al "fuego amigo". El propio Villegas mandó un mensaje interno al cuestionar la filmación de una reunión privada. "Lamento que aun en plena democracia se utilicen este tipo de prácticas ilegales y escuchas, que además de ilegales pueden estar adulteradas", manifestó.
También está sobre el tapete la relación de desconfianza que tienen Macri y Vidal. El ex presidente había pedido públicamente antes del cierre de listas que Vidal compitiera en la provincia, pero la ex gobernadora se decidió por la Ciudad por pedido de Horacio Rodríguez Larreta.
Por estas horas, fuentes del PRO recuerdan que en el búnker de las primarias, Macri le confesó a un dirigente de la primera línea del partido que Federico Salvai, mano derecha de Vidal, le "arruinó la carrera" a la actual diputada nacional por la Capital.
Hay otra parte del equipo amarillo que no saben si este fue el epílogo o el prólogo de otra novela de espionaje asociada al ex presidente, que ya se hizo fama en el interior de su partido. "No sabemos hasta dónde puede llegar el libro negro de Mauricio", dicen ante la incertidumbre sobre si la colección de la AFI que operaba durante su mandato alcanza a otros ministros o gobernadores. Por lo pronto, apenas dos días después del video de la Gestapo apareció un audio de Gladys González en el que reconoce que el objetivo del gobierno de Cambiemos es meter preso al ex líder del SOMU, Omar "Caballo" Suárez.
Todo indica que en enero habrá olas y el escándalo institucional activará a la Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los organismos de Inteligencia. Ya se decidió un cronograma de citaciones que se extenderá durante los comienzos de 2022 y que tienen como protagonistas relevantes a María Eugenia Vidal, a su exjefe de Gabinete Federico Salvai y al actual procurador general bonaerense Julio Conte Grand.
La subcomisión está compuesta por los legisladores del Frente de Todos Eduardo Valdés y Rodolfo Tailhade y la completan Miguel Bazze por Juntos por el Cambio, Bazze dispuso simultáneamente, un pedido de informes para la AFI con el objetivo que confirme que el lugar de la reunión fue la sede del Banco Provincia ubicada en pleno centro porteño. Ya se autorizó –para cuando esto ocurra formalmente- que la entidad informe el registro de reuniones pero también el de accesos.
También se requirió a la empresa Axis Communication para que confirme si proveyó las cámaras de seguridad y circuito cerrado. En el marco de los videos que trascendieron y forman parte de la denuncia de la intervención actual de la AFI aparece el logo de esa firma.
La Bicameral también quiere escuchar a los empresarios que asistieron a la exposición del plan y elaboraron las notas con las que Villegas nutrió la causa judicial contra Juan Pablo “Pata” Medina. Ellos son Marcelo Jaworski, director general de Copetro, y vicepresidente 2° de la Unión Industrial del Gran La Plata; Ricardo Alconada, del Grupo Ocsa y la Cámara de Desarrolladores Urbanos; Guillermo Moretto, Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata; Jorge Oscar del Río, vicepresidente 1° de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires (APYMECO); Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, Director de ACIP; y Bernardo Zaslascky, director de ACIMCO, la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción.
Además la subcomisión quiere tomar nota de lo que diga a la pata política de la escandalosa reunión. Involucra al intendente de La Plata Julio Garro, y los ex integrantes del Gabinete de Vidal, Adrián Grassi (Justicia), Roberto Gigante (infraestructura), el senador provincial Juan Pablo Allan y el propio Villegas.
Recién entonces y con un cuadro de situación formado, será el turno de Vidal, Salvai y Conte Grand. Pero en la hoja de ruta esto será la antesala para que tengan que comparecer –obligatoriamente- los tres altos directivos de la AFI que estaban presentes, Juan Senastián Destéfano, Dario Biorci y Diego Dalmau Pereyra, que fue allanado por orden del juez federal Ernesto Kreplak.
Cualquiera que sea la respuesta a la cadena de interrogantes, hay un punto que al macrismo lo pone en llamas: en esa mesa, además de empresarios y funcionarios del gobierno de Vidal, estaban sentados tres jerarcas de la AFI de Macri. Estamos hablando de Juan Sebastián De Stéfano (director de Asuntos Jurídicos y, por designación de Horacio Rodríguez Larreta, hoy director en Subterráneos de Buenos Aires), Darío Biorci (jefe de Gabinete y cuñado de la número 2 del organismo, Silvia Majdalani) y Diego Dalmau Pereyra (director de Operaciones de Contrainteligencia). No hay ninguna, ninguna explicación dentro del marco de la ley de inteligencia para justificar la presencia de estas tres personas allí. Y este plano es donde el tema del armado de causas se une con la Gestapo. Aunque los sindicalistas a los que se puso en la mira no eran bebés de pecho, el espionaje es una figura ilegal en una democracia.
La Gestapo nació en 1933 como una policía secreta sin control legal o judicial para vigilar, perseguir y eliminar opositores al régimen nazi. Luego, como parte de las SS, fue clave para el aparato del terror responsable del holocausto. Cuando el ministro Villegas reclama una Gestapo para terminar con los gremios, pide eso. Sus disculpas posteriores (“esa palabra está lejos de mi forma de sentir y pensar”), son insuficientes. Además de ser incoherentes con su planteo de que el video podría estar adulterado, Vale preguntarse entonces: ¿por qué se disculpa si está adulterado?). El gobernador Kicillof aprovecha el escándalo y pide a la Legislatura que sea apartado el Procurador Julio Conte Grand. Y como si fuera poco, apareció un tapado. Se trata del exjefe de Gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez, que se presentó a la justicia para sumar dos audios a la causa. Allí un subcomisario involucrado en los allanamientos a su vivienda, a la de la casa, la empresa y hasta el club de Daniel Scioli, y a casi cien domicilios más, asegura que en la provincia de Buenos Aires funcionaba una mesa judicial, que se reunía en el Ministerio de Seguridad en La Plata, en la misma sala del Banco Provincia donde se filmó el video en cuestión, y a veces también en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), frente a la Casa Rosada. Según se escucha, la integraban la exgobernadora María Eugenia Vidal, el ex ministro Cristian Ritondo, el procurador Julio Conte Grand y el ex jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai.
Hay quienes aseguran que hay 400 horas de filmaciones ilícitas. Y las preguntas se multiplican: ¿Es verdad que existirían alrededor de 25 reuniones de ese estilo prolijamente filmadas? ¿Suma alrededor de 400 horas el registro fílmico que los espías “olvidaron” en discos rígidos?
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) está actualmente buscando más material. El temor de la oposición, es que alguien haya provisto las coordenadas indicadas para hallarlos, escondidos, aparentemente borrados, en material de rezago o solo visibles para quien sabe lo que busca. El episodio comienza a ser una mancha de aceite que se esparce y amenaza con enchastrar a cualquiera que haya participado de esos encuentros reservados.
Pero hay un dato relevante. La persecución del Pata Medina no es patrimonio del ciclo macrista.En la era K no se necesitó de ninguna reunión entre funcionarios de la política, agentes de Inteligencia, y denunciantes y víctimas del sindicalista de la construcción para iniciar una campaña con el fin de meterlo preso. La cárcel para el “Pata” era un objetivo que se gritaba a viva voz por algunos de los más importantes dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Y por la propia Cristina Kirchner.
Incluso uno de los impulsores de esas operaciones visitó al menos a un juez y a un fiscal para pedirle la prisión a Medina. Un hecho que ocurrió varias veces. Tanto Medina como su hijo, apodado “Puly”, pasaron temporadas, aunque breves, detenidos en pabellones penitenciarios durante aquellos años.Fue el intendente de Ensenada, Mario Secco, el más furioso perseguidor de Medina.
En abril del 2012, la sede La Plata de la UOCRA bloqueó con piquetes Ensenada tras las inundaciones que generaron caos y muerte en la zona. Aún se desconoce cuántos platenses murieron ese día. Eso fue tomado por Secco como parte de un accionar “mafioso” de Medina.
Además, es de público conocimiento que el “Pata” Medina había provocado incidentes de impacto nacional, con balas y piñas, cuando su fracción de la UOCRA (está peleado con el secretario general del sindicato, Gerardo Martínez, quien también denunció su accionar violento durante años) se enfrentó a tiros y en lucha cuerpo a cuerpo con afiliados de Camioneros en el traslado del cuerpo de Juan Perón a la Quinta de San Vicente.
La causa por la Gestapo de Vidal avanza a pasos acelerados. Ya se ordenaron ocho allanamientos y la olla recién se destapa. Habrá que llegar hasta el fondo y rascar la mugre para conocer quién puso a cocinar semejante escándalo, utilizando la palabra "Gestapo", la más inapropiada.
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la Universidad Nacional de La Plata. El 22 de noviembre de 2017, el Concejo Deliberante de La Plata lo declaró "personalidad destacada en el periodismo".
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