“En realidad nos acercamos a hablar con el secretario de Ambiente y convocamos a tres de los referentes de este grupo de trabajadores para hablar de la posibilidad de un acuerdo y solución”, explicó la funcionaria al término del infructuoso encuentro.

“Se les comunicó que se había radicado la denuncia en Fiscalía, aunque ellos ya tenían conocimiento, pero básicamente que entendieran que esta acción que están llevando adelante constituye un delito por el entorpecimiento de la actividad pública, que no puedan salir los camiones de recolección, las máquinas viales o las camionetas de inspección. Afecta el normal desempeño de todas esas actividades”, fundamentó.

“También que una de las vías de solución era acercarnos a Fiscalía para alcanzar una conciliación, se le pidió naturalmente un gesto para que depusieran la actitud, que continuarán con su reclamo, pero que nos permitieran salir con la recolección y las máquinas”, precisó Sánchez Uribe.

“La respuesta fue negativa y le manifestamos que eso nos obligaba como municipio a armar un esquema para prestar el servicio y que esa actitud alejaba cualquier posibilidad de consensos y de acuerdos”, aseveró.

“Le propusimos que nos permitieran salir con el esquema de recolección porque estaban afectando a todos los vecinos de la ciudad”, agregó.

Sostuvo que “está presentada la denuncia y pretendemos que la Justicia actúe porque entendemos que esta acción constituye un delito, la imposibilidad de brindar un servicio por el cual se cobra, y del otro lado se pretende la contratación de todo el personal”.

“Con este tipo de antecedentes es muy difícil volver a tomar a alguien que no está dispuesto a conciliar y a permitir que las actividades se realicen con normalidad”, advirtió.

“Se les explicó que los fondos de podas y raleos dejaron de bajarse a la Municipalidad desde 2016 y estamos tratando de buscar los fondos para llegar a alguna solución, entendemos que la situación de los vecinos es compleja. Ellos piden que se incorporen a 20 trabajadores o la posibilidad de subsidios de la Secretaría de Trabajo”, insistió.

“Nos reclamaron que no podíamos pagarles, pero que íbamos a pagar un esquema de recolección de residuos, la realidad es que los fondos ya estaban designados a través de partidas presupuestarias para determinadas actividades y no que toda la plata se puede utilizar para cualquier cosa”, esgrimió Sánchez Uribe.

“Los fondos para poda y raleo no están constituidos y en cambio la emergencia de recolección de residuos  debe implementarse necesariamente porque estamos en una instancia de riesgo para la salubridad pública”, sentenció.