El presidente de YPF, Pablo González, denunció en la Justicia federal que fue víctima de espionaje ilegal dentro de la compañía petrolera que él encabeza.

Las maniobras de espionaje en YPF ocurrieron a fines de noviembre del 2021, pero la denuncia penal recién la presentó González en mayo del 2022 por que otros ejecutivos de la denominada “planta permanente” de la empresa se negaban y recomendaban encarar la situación en secreto. La causa finalmente recayó en el juzgado federal N° 1 a cargo de María Romilda Servini.

El santacruceño Pablo González asumió el cargo el 24 febrero del 2021, en reemplazo de Guillermo Nielsen. De profesión abogado, en su currículum figuran distintos cargos en la función pública. Fue director de Distrigas y gerente de Asuntos Legales de Servicios Públicos en Santa Cruz, y también se desempeñó como jefe de Gabinete de Ministros, ministro de Gobierno, diputado provincial y senador nacional. En 2015, fue electo como vicegobernador de la provincia; y en 2019 asumió como diputado nacional, cargo al que renunció para asumir como presidente del Directorio de YPF.

La denuncia que tramita Servini -y que González ratificó en junio pasado- reveló que un empleado de seguridad de YPF, responsable de las tareas de contrainteligencia interna establecidas por protocolo en todas las empresas que cotizan en Wall Street, ingresó a la oficina del presidente fuera del horario laboral y fotografió documentos y revisó las pertenencias personales de González.

El topo fue identificado como Alejandro César Alberto Garofani Mariscal y fue descubierto infraganti por un compañero, que lo filmó mientras realizaban en conjunto las tareas bautizadas internacionalmente como TSCM, por las siglas en inglés de “Technical Surveillance Counter Measures”, que en español significa “Contramedidas de Vigilancia Técnica”.

“En el marco del procedimiento realizado el 30 de noviembre de 2021, el nombrado Garofani accedía y registraba fotográficamente, almacenaba y enviaba o compartía todo tipo de información impresa disponible en los escritorios, cajones, ficheros, cestos de residuos, mochilas, bolsos, etc, de las oficinas en donde se realizaba el procedimiento, conductas que obviamente, de ningún modo estaban autorizadas sino que, por el contrario, estaban prohibidas y conformarían los delitos denunciados”, sostuvo González en el escrito presentado a través de su abogado.

La denuncia, que publicó primero la Revista Noticias, indicó que Alejandro Garofani “realizaba fotografías tanto con su celular corporativo como con su celular personal, y que esas imágenes las almacenaba y/o enviaba o compartía a terceros a través de su celular (ya que luego de fotografiar manipulaba el celular en actitud de escritura dactilar sobre la pantalla; lo que fundamenta la sospecha razonable de que trasmitió en el momento las fotos a alguien más), circunstancias que conllevarían a la creación de copias no controladas de documentos que contienen información Sensible No Pública de YPF S.A. e información personal de los ejecutivos de la compañía, lo que materializa la exposición de esa información”.

El topo Garofani no solo fotografió documentos. Su compañero de vigilancia lo registró además apuntando la cámara de su celular a un portarretrato en el que se ve a la esposa de González junto a la Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente de YPF sospechaba que lo espiaban porque solía encontrar papeles revueltos, movidos o fuera de lugar. En la denuncia aseguró que el topo Alejandro Garofani entraba a su despacho de la torre de YPF en Puerto Madero con la “asistencia” del Departamento de Seguridad Física, quien ejecuta las TSCM, que se basan en buscar micrófonos o dispositivos de espionaje instalados secretamente. Convencido de las maniobras ilegales, González alertó al jefe de Seguridad de la empresa, Diego Gorgal, quien abrió una investigación interna que duró varios meses. A Alejandro Garofani le quitaron el celular corporativo y se lo peritaron. Descubrieron todas las evidencias y lo sometieron a un interrogatorio privado para saber para quién actuaba. Luego, lo despidieron con causa y sin indemnización. Ahora quedó formalmente imputado por la jueza Servini.

Una de las líneas de investigación apunta a un posible tráfico de información en la industria petrolera y que los competidores de YPF o litigantes internacionales sean los compradores de esa información Sensible No Pública de la sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York.

La creencia es que la “línea histórica” de YPF prefería dejar el escándalo en una simple auditoría y sanción interna. Pero tras sortear los impedimentos internos para ir a la Justicia, el santacruceño finalmente presentó la denuncia penal. Antes, había puesto en conocimiento a la Vicepresidenta, quien dio un aval para que todo se investigue. Hace unas semanas González le dio todos detalles del caso a Alberto Fernández. Se esperan novedades para los próximos días.