El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, consideró que el expediente es conexo al que está en manos del magistrado Alejo Ramos Padilla, quien investiga a diversas bases de la AFI del proyecto AMBA. El rol de Macri.
El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, resolvió este jueves remitir la causa en que se investiga el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del ARA San Juan a la justicia de Dolores. Consideró que el expediente es conexo al caso D’Alessio, que está en manos del magistrado Alejo Ramos Padilla, dado que allí se analiza el rol de la base marplatense de la AFI en el marco del Proyecto AMBA. A través de esa iniciativa, la agencia de inteligencia espió a decenas de organizaciones políticas, sociales y sindicales. Consultados por este medio, los abogados de la querella mayoritaria dijeron que van a analizar la resolución pero que “en principio tiene lógica”. También señalaron que el material de la pesquisa compromete al expresidente Mauricio Macri.
Si bien no había planteos sobre la competencia del caso, Inchausti señaló que “dada la existencia de un proceso anterior originario –y del que el juez interviniente no declaró su incompetencia– corresponde remitir la presente causa para su acumulación a la causa N° 88/2019 del registro del Juzgado Federal de Dolores”. “Nos encontramos ante una identidad de hechos –actividad de inteligencia ilícita sobre organizaciones sociales – que, a su vez, se encuentran sustentados en la misma prueba”, explicó.
El caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan y el buque Rigel estaba delegado en el fiscal federal de Mar de Plata, Daniel Adler, quien estaba tomando testimoniales a las víctimas de las tareas de inteligencia ilegal. El juez aclaró que las medidas que se tomaron en el expediente fueron “en virtud de la urgencia del caso y para garantizar los derechos de las víctimas” por lo que requirió al Ministerio Público Fiscal “que arbitre los medios necesarios para remitir al Juzgado Federal de Dolores las actuaciones que tramitaron ante esa sede fiscal”.
En su resolución, Inchausti recordó que la causa del espionaje a los familiares del ARA San Juan y el Buque Rigel se inició el 23 de septiembre por una presentación de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien pidió la citación indagatoria del expresidente Mauricio Macri y los jefes de la exSIDE macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En aquel escrito, que publicó este medio, Caamaño expresó que se halló el material comprometedor al analizar un pedido que había realizado Ramos Padilla sobre “la Delegación Provincial de Mar del Plata”. El juez de Dolores estaba investigando el espionaje ilegal que la AFI macrista desplegó en la provincia de Buenos Aires desde sus nueve bases bonaerense, nucleadas en el Proyecto AMBA. Una de ellas es la marplatense. Se trata de un caso derivado del D’Alessiogate, donde se desprende el espionaje electoral de 2017, por ejemplo.
De acuerdo a Ramos Padilla, “aproximadamente entre fines de 2016 y diciembre de 2017, desde las delegaciones provinciales de dicha Agencia se desplegaron tareas de inteligencia ilegal, en forma constante y coordinada en casi todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en perjuicio de numerosas personas y organizaciones sobre la base exclusiva de su afinidad, pertenencia o actividad política”. La AFI infiltró organizaciones sociales y políticas y llegó a realizar espionaje ilegal hasta en comedores y merenderos. Las operaciones ilegales las realizaron desde las seis bases de inteligencia creadas en el conurbano bonaerense (Morón, San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza) a las que sumaron las históricas de La Plata, Mar del Plata y Bahia Blanca. Todo lo manejaba el agente Pablo Pinamonti, coordinador del Proyecto AMBA, procesado en el marco del D’Alessiogate.
Ramos Padilla está avanzando con esta nueva pata del caso D’Alessio. Ya tomó más de una decenas de indagatorias. En este marco, Inchausti destacó que “según se desprende de lo informado por el juez federal de Dolores, tres de las personas que fueron incluidas en la presente denuncia ya han sido citadas a prestar declaración” en la causa 88/2019.
No obstante, el conflicto de competencia aún no está saldado. La causa recién llegará a Dolores 72 horas después de remitida. Y resta la respuesta de Ramos Padilla, quien podría rechazarla. Además, las partes fueron notificadas y pueden interponer recursos contra la decisión de Inchausti.
Por ejemplo, Majdalani se presentó en la causa en la víspera de la decisión de Inchausti y es de esperar que más temprano que tarde plantee llevar la causa a los tribunales de Comodoro Py, como lo viene haciendo en todas las causas de espionaje ilegal que la involucran.
Consultada por El Destape, la abogada Valeria Carreras, que patrocina a la querella mayoritaria junto a Lorena Arias y Fernando Burlando, aseguró: “Vamos a analizar la resolución. En principio tiene lógica, aunque los delitos consistentes en tareas de espionaje e inteligencia ilegal se dieron en Mar del Plata, lo cierto es que la causa antecedente es la de Dolores”.
En ese sentido, indicó que “como querella mayoritaria queremos que se avance en la investigación, cuyos hechos (espionaje ilegal, fotografías, fichas personales, ingresos a redes sociales e infiltraciones) están probados. Resta poder establecer los responsables”.
Carreras agregó a este medio que el material compromete a Macri: “A todas luces indican los propios informes ilegales que se trataba de evitar cualquier mancha o perjuicio sobre la figura del presidente ingeniero Mauricio Macri, ergo, habiendo ese móvil, no resulta difícil inferir quién debe ser imputado”.
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