El jefe de la AFI macrista Gustavo Arribas fue indagado este jueves en la justicia federal de Dolores por el espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del ARA San Juan. A la par, un grupo de familiares de las víctimas emitieron un comunicado en el que reclaman que también se impute al expresidente Mauricio Macri por ser el responsable directo de las tareas ilegales de inteligencia. Sostienen que los hechos descriptos en la causa revelan que las operaciones tenían como objetivo “beneficiar” al primer mandatario.  

Esta mañana se inició la ronda de indagatorias a jefes y agentes de la AFI cambiemita involucrados en el espionaje ilegal a los familiares del submarino desaparecido en noviembre de 2017. El exdirector de la agencia, Gustavo Arribas, fue el que abrió la tanda de ocho declaraciones ante el juez Martín Bava, quien subroga en el juzgado federal de Dolores. El escribano e íntimo amigo de Macri, quien ya tiene tres procesamientos en causas donde se investiga el espionaje ilegal de la exSIDE, no contestó preguntas. El jueves próximo está citada la exsubdirectora de la AFI, Silvia Majdalani.

Entre los citados se encuentra el exjefe de la base de la AFI en Mar del Plata, Nicolás Iuspa Benítez. En esa dependencia se nucleó el espionaje a los familiares de la tripulación ARA San Juan. Este agente fue procesado por destruir todo el material que se produjo en esa base durante el macrismo.

Piden imputación de Macri

“Tenemos preocupación respecto de los tiempos que se está tomando la justicia para imputar a Mauricio Macri, en la causa AFI Espionaje Ilegal”, sostuvieron un grupo de familiares en un comunicado que difundieron este jueves. En el documento titulado “Que no pasen 20 años”, la “querella de mujeres de del ARA San Juan” sostuvo que “resulta innegable la responsabilidad directa de Mauricio Macri en el espionaje ilegal perpetrado” y detalló diversos hechos que comprometen al exmandatario.

Macri fue “el beneficiario directo” del espionaje a los familiares de la tripulación del submarino desaparecido, se afirma en el escrito de la querella representada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias. Y se sostiene que la responsabilidad del entonces Presidente se desprende “del contenido de los discos que dieron origen a la denuncia formulada por la Interventora (de la AFI) Cristina Caamaño”. Los espías tenían “como objetivo, no permitir que se perjudique la imagen presidencial, no alterar la gestión ni la calma de su gobierno”.

Entre otras cuestiones, se recuerda en el comunicado que durante una reunión que Macri mantuvo con familiares, el entonces jefe de Estado tenía un “conocimiento exacto de los pedidos, reclamos e inquietudes que cada mujer ya sea madre o esposa, le haría”. Coincidencias: la AFI macrista se había interesado en qué le plantearían los familiares a Macri en ese encuentro.

“La materialidad llega a su punto más explícito en el parte de Inteligencia del 3-02-2018” donde se “informa que al concurrir a Casa de Gobierno los familiares realizaran pedidos puntuales. Por ejemplo: ‘La Sra. M. (esposa del tripulante S.), pedirá recompensa para la búsqueda’. El día de la reunión, Macri las esperaba con una carpeta roja bajo su mano derecha, con el proyecto de Decreto de Recompensa…”, se menciona en el comunicado que difundió la querella de mujeres.

“Esta causa cuenta con el privilegio de haber comenzado con el delito probado, se realizó espionaje ilegal sobre las esposas, madres y hermanas de tripulantes del Submarino ARA SAN JUAN. Nos inquieta pensar que debamos esperar 20 años como en el reciente pedido de quiebra del Correo, para que se lo impute y procese por este delito no solo reprochable penalmente sino cargado de amoralidad”, se remarca en el comunicado donde se adelanta que se hará una presentación judicial reclamando la mentada imputación.

Los hechos

La investigación por el espionaje a familiares de la tripulación del ARA San Juan se había iniciado en Mar del Plata. Allí, el fiscal Daniel Adler había reconstruido al menos seis hechos. Luego el caso pasó a la justicia de Dolores por una cuestión de competencia. Se conectó con la causa del Proyecto AMBA. En ese expediente quedó expuesto que la AFI macrista desplegó 9 bases en la provincia de Buenos Aires para realizar un espionaje ilegal y masivo entre 2016 y 2017. Una de las bases AFI fue la de Mar del Plata, que es la que centralizó las tareas de inteligencia ilegal sobre los familiares del submarino desaparecido a fines de 2017.

Adler logró reconstruir los siguientes hechos:

Seguimientos coordinados a familiares el 15 de enero de 2018, a dos meses de la desaparición del submarino. Esa fecha, la exSIDE desplegó distintos operativos ilegales en pos de informarse sobre qué harían los familiares de las víctimas. Por ejemplo, la hermana de un tripulante fue espiada cuando iba a realizarse una misa conmemorativa. Fue “fotografiada junto a las demás personas que se encontraban allí”. Esto derivó en un informe que contó con fotos y otros archivos de inteligencia. En la misma jornada, agentes espió un acto en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de General Pueyrredón.

Para los investigadores está claro que “hubo un despliegue de seguimientos en distintos lugares de la misma ciudad el mismo día, con el objetivo de cubrir los movimientos del colectivo de familiares de los tripulantes del ARA San Juan y destacar cuáles eran los reclamos a las autoridades nacionales”.

Las acciones de inteligencia no contaron con autorización judicial ni fueron justificadas por objetivos que podrían haber motivado la participación de la exSIDE. Y tuvieron el visto bueno de la conducción de la AFI: “Fueron ejecutadas bajo las directivas de quienes tenían a su cargo la planificación de la estrategia de inteligencia en la Nación Argentina”, se indicó en dictámenes y resoluciones judiciales.

El 3 de febrero, agentes  espiaron a esposas de tripulantes desaparecidos para “prever cuestiones de agenda” y así anticiparse a los reclamos que familiares plantearían a Macri en la reunión del 6 de febrero de 2018. Esta es una de las razones que la “querella de mujeres” cita para demostrar que el espionaje se hacía para el entonces Presidente.

Los informes de inteligencia en este caso se hicieron sobre 4 parejas de tripulantes del submarino. Allí, se detallaron “los reclamos que habrían señalado específicamente cada una de las espiadas indicando textual que el objetivo del informe era ‘…a los fines de poder tomar conocimiento las autoridades estatales para prever cuestiones de agenda…’”. Es decir, un espionaje para Macri.

Como en cada uno de los hechos, las acciones no tenían autorización judicial ni justificación.

Una semana después, la AFI hizo un informe en el que se señala que familiares intentarían entregar una carta a Macri en Chapadmalal.

Según reconstruyó la Justicia, el 10 de febrero de 2018, personal de inteligencia recabó información sobre la madre de un tripulante del ARA San Juan “y confeccionó un informe en el que se señala que familiares de tripulantes del submarino intentarían entregar una carta en la Residencia del Complejo de Chapadmalal al Presidente Macri”.

El 2 de abril de 2018 hay seguimientos a familiares que buscaban entrevistar a Macri en el Golf Club Mar del Plata.

 En el primer aniversario de la desaparición del submarino, la AFI cubrió una protesta en la Base Naval de Mar del Plata.

Ocurrió el 15 de noviembre del año 2018. Los familiares del ARA San Juan, del buque El Repunte y del Buque Rigel fueron seguidos, fotografiados “y sus actividades informadas ilegalmente por personal de la AFI de Mar del Plata” mientras se manifestaban con pancartas y banderas. También se elaboró un informe con fotos de Facebook de familiares que “fue incorporado ilegalmente a los archivos de la AFI”.

A su vez, hay ochos casos más de seguimientos con fotografías que se volcaron a informes de inteligencia.

Por estos hechos fueron citados a indagatoria Arribas, Majdalani y otros seis agentes de la AFI macrista. Y los familiares piden que la Justicia también se impute a Macri.