El pasado viernes se produjo una serie de allanamientos en las oficinas del Ministerio de Seguridad, tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe, en busca de evidencia sobre espionaje ilegal ordenado por el exministro Marcelo Sain a dirigentes políticos, empresarios y periodistas. Además del escándalo político que se generó, la medida judicial derivó en la renuncia del viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, y del resto de los funcionarios que respondían al ahora asesor de Aníbal Fernández y seguían trabajando en la cartera que conduce Jorge Lagna

En diálogo con el programa Ahí Vamos (de 9 a 12 por FM 106.3 La Radio de UNO) el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías (FPCyS), advirtió que la situación “es muy grave en el Estado de derecho” ya que por un lado “viola las garantías democráticas mínimas” y por por otro se relegó la situación de la inseguridad en la provincia a los fines de perseguir a los opositores.

“En este momento en que el Gobierno y el área que tiene que dar respuesta, está diezmada por sus funcionarios por las renuncias masivas que hubo, y si todo esto se confirma, lejos de estar haciendo cosas para resolver la situación de inseguridad que tenemos, estaríamos frente a un Ministerio de Seguridad que se estaría dedicando otra cosa, a perseguir políticos, periodistas, empresarios, y vaya a saber quién más”.

De forma similar se expresó el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, Maximiliano Pullaro, al expresar que “es un escándalo que tiene mayor gravedad institucional en la época democrática en la provincia”.

“Si las informaciones periodísticas se corroboran en una audiencia imputativa, estaríamos ante una empresa criminal dedicada a la extorsión a través de la inteligencia ilegal, lo cual es un hecho sumamente grave”, opinó.

Farías expresó que la serie de pesquisas desplegada la semana pasada “indica que esta causa va a seguir” porque aunque los fiscales se están manejando con mucho hermetismo (lo que evaluó como positivo), “lo que estaría demostrándose es que es una actividad de inteligencia ilegal, de investigación y de seguimiento de personas, sin ninguna orden judicial que lo respalde”.

“Esto es doblemente grave en lo institucional, pero también es grave en el sentido de que hoy lo más urgente es dar respuestas sobre el tema de la inseguridad”, insistió el presidente de la Cámara. “El área que tiene que darlas está sin funcionarios, salvo el ministro Lagna que fue confirmado, y además la investigación da cuenta de que se estaba utilizando la estructura, los recursos y la energía de los funcionarios en una cosa distinta que nada tiene que ver con resolver algún problema de inseguridad a la gente”.

Por su parte, Pullaro, quien se desempeñó como ministro de Seguridad durante el gobierno de Miguel Lifschitz, remarcó: “Se mandaba a perseguir a políticos por el solo hecho de pensar distinto o a periodistas por el solo hecho de opinar, y por lo que leí a algunos empresarios, con lo cual la gravedad institucional es inusitada y creo que se corrieron todos los límites”.

“Es responsabilidad de quienes conocían que existía dentro del Ministerio de Seguridad una empresa criminal dedicada a la extorsión”, sentenció, puntualizando: “Tengo entendido que el ministro Lagna no tenía conocimiento de esto, no sé si el gobernador tenía o no tenía; sí sé (por lo que advierto en función de los allanamientos) que el secretario de Seguridad Pública, Hernán Montenegro, tenía conocimiento”.

“La secretaria de control Nadia Schujman tenía conocimiento de esta central de inteligencia ilegal, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe”, continuó listando, y deslizó: “Indudablemente la responsabilidad es del gobernador porque es la persona que nombró a esos funcionarios, pero tal vez desconocía las prácticas ilegales que llevaban adelante”.

Santa Fe azotada por el delito

El representante de la UCR evaluó que el “desmadre que hay en materia de seguridad” es el resultado de no entender cuáles son las prioridades en la bota santafesina, “que tienen que ver con el delito predatorio, con el robo, con el arrebato, con la violencia entre las personas, fundamentalmente con la narcocriminalidad”.

“En lugar de poner los recursos policiales a disposición de la Justicia para investigar y los recursos del Poder Ejecutivo para prevenir, indudablemente al tener cambiadas las prioridades que puede tener un gobierno puede suceder el desmadre que hay hoy en materia de seguridad, que tenemos los peores índices desde el 83 hasta hoy”, manifestó. “Indudablemente si en lugar de perseguir el delito se perseguían opositores, el resultado es el que estamos viendo en este momento en la calle”.

Consultado por la designación de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad Nacional, Pullaro respondió: “Imagino que Aníbal Fernández tendrá sus porqués y entiende por qué ha sido designado. Yo puedo hablar de los resultados que tuvo en prácticamente dos años en la injerencia, tanto en la conducción del ministerio o de su gente en primera línea del ministerio: fue catastrófico”.

“La violencia aumentó, tenemos los índices más elevados de violencia del 83 a la fecha, tenemos los índices de mayor delito predatorio y de hurto en calles de la historia, y volvieron algunos delitos que se habían sacado al menos en nuestra gestión como las entraderas y los otros secuestros extorsivos”, dijo el diputado radical. “La verdad es que los resultados son terriblemente malos”.

Cómo se sigue

Farías recordó que este tipo de delitos están normado específicamente en la ley de inteligencia nacional, pero mencionó que en Diputados se había aprobado una ley que limitaba y regulaba el uso de gastos reservados en cabeza del Ministerio Público de la Acusación, y el gobernador Perotti la vetó. “La lógica por la cual la vetó indudablemente era porque esos gastos reservados se utilizaban de manera ilegal”, disparó.

Ante la consulta de si los gastos reservados estaban destinados a promover este tipo de investigaciones, respondió "no le quepan dudas" porque "si utilizaban fuentes cerradas a las cuales tiene uno que acceder, no puede hacerlo por los mecanismos y los circuitos formales".

“Es una violación a una ley federal que por supuesto tienen injerencias los organismos de seguridad y de inteligencia provinciales, con lo cual, creería que esto lo va a tomar por supuesto la institucionalidad de la provincia, pero también deberá ser visto desde el plano nacional”, concluyó

Por su parte, Farías remarcó que es un hecho tremendamente grave sin precedentes en la provincia e incluso, el país. “Los pocos lamentables antecedentes que hay a nivel nacional, digo el caso de Pino Palacios o todo lo que rodea a Stiuso y ese tipo de personajes, yo no sé si tienen la gravedad de lo que aquí se estaría investigando. Es todo un armado organizado desde el Estado y poniendo recursos de un área del Estado al servicio de esto”.

“Vivimos solicitado que se nos convoque y se nos vuelva a reunir en un ámbito de diálogo entre los poderes que lleve a la toma de decisiones y que produzca efectos positivos; planteábamos lo de la Junta Provincial de Seguridad porque es un decreto vigente desde la época de Miguel Lifschitz, pero planteamos que se genere en cualquier tipo de ámbito y que tengamos esa oportunidad de colaborar en la búsqueda de soluciones o bien de que las cosas que se nos piden legislativamente estén acompañadas de alguna explicación oficial que facilite el tratamiento y garantice que se logren más fácilmente los consensos”.

En esta línea, Farías dijo que tienen la expectativa de que también se concrete el diálogo con el Poder Ejecutivo, aunque en este momento es necesario “recuperar las normas mínima de convivencia”, porque “si todo esto que se estuvo ventilando en estos días estuvo pasando alrededor del Ministerio de Seguridad vamos a necesitar que el gobierno nos dé algunas garantías para volver a trabajar adecuadamente”.