Luciano había sufrido un golpe en la cabeza en la escuela hogar de Isonza, donde asistía junto a sus hermanitos. Tras ser asistido en el puesto sanitario local, el menor empeoró y fue derivado al hospital de Cachi, desde donde luego fue derivado al Materno Infantil con un diagnóstico que indicaba una posible lesión grave cerebral, y requería la realización de una tomografía computada.

Pese a que el menor llegó en horas de la madrugada del 28 de junio al hospital Materno, recién fue sometido a una tomografía computada cerca del mediodía, circunstancias en que se confirmó la lesión cerebral y se dispuso una inmediata operación para evacuar un coágulo en la base del cerebro.

Ya era tarde

La intervención estuvo a cargo del neurocirujano, Federico Chuchuy, quien declaró como testigo en la causa y sostuvo que cuando llegó a sus manos el niño ya era tarde. Pese a ello, desde el Ministerio de Salud Pública se ordenó la suspensión de este médico, mientras que sobre los otros tres profesionales que sí fueron imputados nada se dispuso.

Posteriormente, y ante la queja de Chuchuy, la suspensión se dejó sin efecto, pero el médico fue trasladado al hospital San Bernardo, instancia que también fue reclamada por el neurocirujano, a quien se lo sindica como el responsable de la grabación de una conversación en la que directivos del hospital pergeñaban la manera de evadir la responsabilidad por la muerte de Luciano.

La muerte del menor es investigada por la fiscal González desde que se reportó el deceso, habiéndose abierto una causa penal con imputaciones a los médicos José Muela, Walter Pereyra y Alberto Aleman, quienes ya fueron indagados.

En sus indagatorias, los tres acusados explicaron su actuación en el caso, pero ninguno reconoció responsabilidad alguna por la muerte del menor. Todo lo contrario tomaron distancia y adujeron haberse regido por las normas que el protocolo médico dicta para estos hechos.

Testimonios compromedores

No obstante, la Fiscalía logró obtener otras testimoniales de parientes, enfermeras y otros médicos, que comprometerían a los acusados, en especial a uno de ellos y refuerzan la hipótesis que el niño murió a causa que no se le practicó la tomografía computada a tiempo pese a que el servicio estaba disponible.

Las pericias

Para cerrar la investigación, la fiscal dispuso en los últimos días la realización de las pericias médicas en torno al caso, las que estarán a cargo de médicos designados por cada uno de los imputados, la querella y los propuestos por la Fiscalía.

Al respecto, se supo que por Aleman se presentó al neurólogo Sergio Gonorazky, mientras que por Muela lo hará Alberto Luis Espeche, también neurólogo. En representación de Pereyra, en tanto, lo hará la neurocirujana Miriam Carolina Montenegro.

Por la querella, el abogado Pablo Tobío, presentó al especialista en terapia intensiva, Rubén Maldonado, mientras que por la Fiscalía lo harán el médico legista, Cristóbal Heredia, el pedíatra, Walter Rúa y el neurocirujano, Enrique Vergara.

Estos profesionales ya tienen en su poder un escrito con 117 puntos de pericias, cantidad que surge de lo planteado por cada parte.

Los peritos trabajan sobre cada uno de los planteos médicos en torno al caso y fijaron el 24 de octubre como fecha para la primera reunión, la cual se realizará en la sede del CIF. Se prevé que las pericias concluyan como máximo a mediados de noviembre, tras lo cual la fiscal González hará la última valoración de las pruebas antes de requerir o no juicio sobre los tres médicos acusados.