Para Arrizabalaga, “el proyecto busca ordenar la oferta de alquiler turístico de la ciudad, particularmente la oferta informal de casas, departamentos y habitaciones que se vuelcan al mercado turístico pero por fuera de la legislación vigente. Y que lo hacen en general a través de plataformas digitales como Booking o Airbnb. Es algo que se debe a nivel legislativo en el marco del Plan Estratégico del Turismo Sustentable”.

El edil mencionó que “la ordenanza tiene varios objetivos en términos generales. Por un lado incorporar en pie de igualdad tributaria a estos prestadores con respecto a los establecimiento ya habilitados que abonan tasas municipales como la TUAE y el Fondo Especial Destinado a la Promoción Turística. También poder controlar su seguridad y habilitaciones. Por otro lado desalentar el cambio de uso de unidades habitacionales que debieran estar en alquiler permanente para destino a vivienda única y no a alquiler turístico dentro de la ciudad. Porque esto genera achicamiento de la oferta de alquileres y suba de precios”.

A esto se suma que al estar esta oferta organizada desde plataformas transnacionales, y de manera informal, se debilita cualquier estrategia local de la organización del destino turístico así como la planificación urbana de la ciudad al concentrar en la zona central cada vez más población flotante.

Arrizabalaga recordó que el proyecto se presentó a comienzos de junio de este año y que luego de algunas reuniones se hicieron algunas modificaciones en el articulado y también se trabajó en aportar un estudio de toda la oferta de este tipo de inmuebles que se muestran en las plataformas de alquiler turístico. Investigación que se le anexó como aporte oportunamente.

Finalmente mencionó que “el proyecto lo tiene el Departamento Ejecutivo ya hace varios meses y estamos a la espera de respuesta concretas. El sector de prestadores ya se ha expresado al respecto y también espera definiciones. También la Red de Inquilinos. Se necesita que se actúe con más celeridad.

En diciembre se abre la temporada y otra vez la ciudad no va a tener regulación de esta oferta generando mayor informalidad, menos seguridad y menor capacidad de control en un momento muy complejo como la pandemia, y puede traer más problemas tanto para los prestadores turísticos habilitados así como a los inquilinos de la ciudad que en febrero renuevan masivamente contratos”.