El juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky sigue a la espera de que Lotería Chaqueña cumpla con su resolución innovativa por la cual los casinos del interior deberían volver a manos del Estado como consecuencia de las irregularidades cometidas en el proceso de privatización.

Ya transcurrió un mes y medio desde que el magistrado hizo lugar a un planteo de la empresa Champion Game SRL, al considerar que había elementos suficientes para dictar una cautelar que retrotrajera la situación a cero y se cumplió, además, el plazo de los cinco días dispuesto en la última notificación ratificando su decisión, información publicada en exclusiva por LA VOZ DEL CHACO en su edición del jueves.

Entre los argumentos ponderados se halla una dura acusación de la parte acusadora acerca de favoritismos políticos en beneficio de la firma que finalmente ganó la concesión.

El problema es que los actuales adjudicatarios mantienen el control sobre las salas de juego con el consentimiento de las autoridades de Lotería, que -ante los hechos consumados- parecieran haber perdido la iniciativa para cumplir con la orden judicial.

El nuevo titular de Lotería, Antonio Morante, habría recibido en las últimas horas la orden del gobernador Jorge Capitanich para que haga respetar la disposición de Skidelsky, dado que continuar con la concesión tal como la dejó abrochada el ex gobernador interino Juan Bacileff Ivanoff implicaría la incursión en el delito de desobediencia judicial, además de la posibilidad abierta de que los astreintes fijados como señal podrían ser incrementados notoriamente si se acredita el nivel de movimiento diario de las salas en cuestión.

Todo indica que el gobierno provincial tiene la voluntad de acatar la medida de no innovar que dicto el juez federal, un paso que se habría demorado por cuestiones logísticas en razón de que la decisión política estaría tomada desde que fue removido de sus funciones el anterior presidente de Lotería.

Los pasos dados, con prolijidad por el Estado, y las propias decisiones judiciales dan un manto de protección a decisiones muy fuertes que podría tomar el primer mandatario que de esa forma capitalizaría en términos políticos electorales una situación que fue generada desde la política y en ese ámbito debe resolverse.

Esa sería la línea seguida por el juez federal. Se dio una primera señal con la cautelar, luego con la intimación, donde se mostró que si no se entiende el criterio judicial se abriría un proceso penal y la multa podría llegar a ser 50 veces mayor a la fijada, aunque la carga de la prueba corresponde a la parte actora.

El gobernador asumió públicamente la decisión de revisar las irregulares decisiones de su predecesor el día que llegó de regreso. Pasadas las primarias y ya con Chiyo sin poder de fuego, lo más probable es que a partir del lunes se comience otro capítulo en este sonado escándalo que generó Bacileff Ivanoff.

La eyección de Néstor Rolhaiser, el arquitecto de la privatización orquestada por Chiyo pocos días antes de que Capitanich retomara el control del gobierno provincial, fue un mensaje aleccionador del primer mandatario para que los mandos de Lotería se cuadraran ante la decisión judicial, contra la cual habían apelado mediante los abogados de la institución que regula los juegos de azar.

La objeción al pronunciamiento de Skidelsky fue avalada por Rolhaiser sin la anuencia del Poder Ejecutivo, ya que la estrategia de Capitanich era cumplir con su compromiso de revisar lo actuado por Bacileff dejando firme la sentencia de la Justicia Federal.

Ahora ya no queda margen de acción para los mandos medios de Lotería que aún intentan mantener la concesión. El poder político provincial y un juez del fuero federal esperan que se aplique la orden por la cual las salas privatizadas deben ser devueltas a la órbita provincial hasta que se defina la cuestión de fondo, que no es otra cosa que determinar si el traspaso a manos privadas fue ajustado a derecho.

Para la empresa Champion Game no lo fue, pero quizás los intereses de esa firma sean los que menos pesen en la decisión de retrotraer a fojas cero la situación de los casinos. Mucho antes de que el escándalo por esta enajenación llegara a tribunales federales, distintos sectores sociales y políticos del Chaco cuestionaron el proceso públicamente.

Basta recordar que en su momento el defensor del pueblo Gustavo Corregido formalizó una presentación en la Justicia ordinaria por la cual se advertía que sólo se podrían privatizar las salas de juego en el marco de un plan global de incentivo al turismo tal como manda la Constitución provincial.

También se sumaron a los cuestionamientos el gremio de trabajadores de Lotería y el diputado nacional justicialista José Mongeló, quien fustigó severamente a Bacileff por impulsar políticas privatizadoras opuestas diametralmente a la filosofía de un Estado fuerte y presente en la regulación de los juegos de azar que predica el gobierno nacional.