Cuando faltarán diez días para las primeras elecciones presidenciales, las internas obligatorias y simultáneas, Cristina Kirchner forzará al Senado en la semana próxima para que le renueve el acuerdo a la jueza de Casación Ana María Figueroa y le dé acuerdo a 75 nuevos jueces y fiscales. La mayoría de éstos son “esperpentos”, según el célebre calificativo de León Carlos Arslanian a jueces propuestos en su momento por Carlos Menem, y de acuerdo con la evaluación que ahora han hecho hasta jueces filokirchneristas de la lista en danza entre senadores.

La intención de sacar jueces del Congreso al mismo tiempo que se realizarán elecciones para elegir un nuevo gobierno nacional es directamente obscena, un espectáculo de explícita pornografía política. La oposición en el Senado, liderada por el senador Alfredo Cornejo, está trabajando activamente para desactivar ese proyecto político de la vicepresidenta, que es para ella mucho más actual y genuino que la candidatura presidencial de Sergio Massa. Sin embargo, también es cierto que el resto de la dirigencia opositora, obsesionada como está en la campaña electoral y en mirarse el ombligo, es indiferente a lo que podría suceder en los próximos días en la cámara que conduce Cristina Kirchner.

Ella presiona para que ese cuerpo tome decisiones que podrían afectar o beneficiar a la propia Cristina Kirchner. El conflicto de intereses no puede ser más evidente e incuestionable. ¿Dónde está entonces el lawfare? ¿Quién lo aplica abiertamente? ¿O es que acaso existen transgresiones institucionales que solo Cristina Kirchner las puede cometer porque ella lo hace en nombre de un progresismo imaginario para cualquier mirada objetiva?

El caso de la jueza Figueroa es el más iridiscente, pero no por eso tiene más importancia que el acuerdo para los 75 jueces y fiscales. Figueroa cumplirá 75 años el 9 de agosto próximo, que es la edad que establece la Constitución para que los jueces se jubilen. La Constitución también señala que el Poder Ejecutivo podrá pedir un nuevo acuerdo por cinco años más, por una sola vez, para los jueces que hayan cumplido esa edad. Es el caso de Figueroa, que está a la espera de la decisión del Senado. La magistrada tiene simpatías por el kirchnerismo, a tal punto que llegó a afirmar que Cristina Kirchner sufre “hostigamiento” por parte del Poder Judicial que ella misma integra. No sucedió lo mismo con el exjuez de Casación Eduardo Riggi, quien en febrero último cumplió 75 años y debió jubilarse en el acto. Riggi tenía fama de independiente; el Gobierno le negó un nuevo acuerdo por cinco años más. Figueroa integra la misma sala de Casación, que es la instancia más importante del fuero penal, de la que también forman parte los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

Esa sala tiene significativas causas por presuntos hechos de corrupción de Cristina Kirchner. Una de ellas es la que investiga el lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces, empresas de la familia Kirchner. Ahí está el conflicto de intereses. Un tribunal oral la sobreseyó a la vicepresidenta sin que se haya realizado el juicio oral y público; esa bochornosa decisión significó que por primera vez alguien fue sobreseído en la Justicia sin juicio previo. La sala de Barroetaveña, Petrone y Figueroa debe decidir si revoca o confirma la resolución del tribunal oral. “Lo que importa ahora es la situación de Figueroa; lo demás tiene su destino escrito”, dijo, elíptico, un funcionario de Casación. Deslizó, tal vez, que Barroetaveña y Petrone se pronunciarán por revocar aquella decisión del tribunal oral. ¿Dos votos “no positivos”, para usar el eufemismo de Julio Cobos? Es decir, ordenarían que se haga el juicio oral y público para establecer si hubo -o no- delito de lavado de dinero por parte de la familia Kirchner en sus hoteles y edificios y en complicidad con los empresarios Lázaro Báez -cuándo no- y Cristóbal López. De todos modos, es imposible pronosticar las decisiones de los jueces porque estos nunca le adelantan sus resoluciones a nadie. La historia señala que la mayoría de las decisiones de esa sala, sobre todo cuando afectaron a Cristina Kirchner, se tomó por una mayoría de dos a uno, con Figueroa como un voto solitario. Esto significa que, por ahora, la presencia de Figueroa en esa sala no es decisiva, aunque nunca se sabe cómo puede evolucionar la situación de los jueces o de los tribunales.

Según la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los jueces que cumplen 75 años deben tener, el día de su cumpleaños, terminado todo el proceso de renovación del cargo para poder continuar en sus funciones. Esto es: deben contar con el acuerdo del Senado y con el decreto del Presidente que confirma al magistrado en su lugar por cinco años más. Tales antecedentes señalan como crucial la semana que va del lunes 31 de julio al martes 8 de agosto (la próxima semana y parte de la siguiente) porque Figueroa cumplirá 75 años el miércoles 9 de agosto.

Según varias fuentes senatoriales, el oficialismo no tiene todavía los 37 senadores que necesita para habilitar el quórum y sesionar. Cristina Kirchner quiere que esa cámara se reúna ahora para aprobar a sus jueces después de cuatro meses sin sesiones ni trabajos conocidos. Patético y arbitrario, también. Sea como fuere, la última sesión para darle acuerdo a Figueroa y a los otros jueces naufragó porque desertaron los senadores Guillermo Snopek, miembro de una conocida saga familiar del peronismo jujeño, y Edgardo Kuider, también peronista, pero este de Entre Ríos. Snopek se enojó porque no le permitían ir con la lista de Unión por la Patria en Jujuy. Kuider estaba molesto por la indiferencia del oficialismo ante un proyecto suyo para establecer tarifas energéticas diferenciadas en las zonas cálidas del país. La última decisión del kirchnerismo nacional le permitió a Snopek participar en una de las dos listas de Unión por la Patria (él quería que hubiera una sola) y como candidato a diputado nacional cuando él aspiraba a renovar como senador. Pero aun si lo hubieran convencido a Snopek, al oficialismo le falta todavía seducir a Kuider y al peronista correntino Carlos “Camau” Espínola para tener quórum en la sesión que convocará en la próxima semana. La oposición asegura que se está más cerca de un nuevo fracaso del kirchnerismo para su ambición de prorrogar el acuerdo de la jueza Figueroa y de darle el necesario acuerdo a nuevos jueces y fiscales.

Eso 75 jueces salieron de ternas que aprobó el Consejo de la Magistratura. Cumplieron con los requisitos necesarios. El problema consiste en que en cada terna se colocó a un kirchnerista (que es la discutible manera de conseguir la mayoría especial que requiere el Consejo de la Magistratura para designar jueces) y que el Gobierno eligió en todos los casos al kirchnerista de la terna. Funcionarios del Consejo señalan que la única alternativa seria que queda es que el próximo gobierno retire del Senado esa lista de jueces y confeccione una nueva. Eso sería posible, desde ya, si el Senado no logra el quórum y la mayoría necesaria para aprobar la actual en los próximos días.

La jueza Ana María FigueroaArchivo

Un conflicto mayor sucedería si el Senado aprobara la lista de nuevos jueces y fiscales que está ahora en el Senado porque ese número, significativo desde ya para la relación de fuerzas dentro del Poder Judicial, podría cambiar la conducción de la Asociación de Magistrados, que tendrá elecciones internas en noviembre próximo. La Asociación de Magistrados es la que elige a los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura. En las últimas elecciones de la Asociación de Magistrados, la lista Bordó, que es en la que militan los jueces independientes, ganó por escaso margen a la lista Celeste, que es la más próxima al kirchnerismo. La diferencia de votos fue tan estrecha que resultó menor que el número de 75 nuevos jueces. “La lista Bordó perderá su histórico control de la Asociación de Magistrados si esos 75 jueces y fiscales fueran nombrados”, aseguró un juez que participó siempre de la conducción de la lista Bordó y de la Asociación de Magistrados.

Un sector de Juntos por el Cambio sostiene que, como la propuesta de esos 75 jueces pasó por el filtro del Consejo de la Magistratura, la oposición debería negociar con el peronismo los nombres, uno por uno, después de que sea descartado (si es que lo es) el acuerdo de la jueza Figueroa. Otro sector de la coalición opositora asegura que no puede haber negociación posible con el kirchnerismo sobre una lista que seleccionó a los peores de cada terna. “De ninguna manera se puede negociar nada con el kirchnerismo en materia de jueces y de Justicia. Habrá que retirar la lista cuando haya otro gobierno y enviar una nueva al Senado”, adelantó un importante referente de Juntos por el Cambio que no milita en ninguna de las dos precandidaturas presidenciales, ni en la de Patricia Bullrich ni en la Horacio Rodríguez Larreta.

En síntesis, una cosa son las apariencias (como es la aprobación de esas designaciones por el Consejo de la Magistratura), pero otra cosa es cómo manipularon en el Gobierno tales aprobaciones. Todo eso, que no es poco, se decidirá en días inminentes. Cristina Kirchner está dispuesta a perder el gobierno, por lo que se sabe, pero nunca una influencia determinante entre jueces y fiscales.

En ese contexto de avasallamiento institucional, apareció el gobernador de La Rioja, el infaltable Ricardo Quintela, anunciando que en la reforma de la Constitución de su provincia se discutirá la “libertad de expresión y la gobernanza”. Quintela había propuesto el año pasado un “bloqueo” provincial de los medios periodísticos nacionales porque “dan información podrida”. En abril del año en curso, llamó “vagos de mierda” a docentes que hacían una huelga para pedir un aumento de salarios. No obstante, en mayo último ganó la reelección con más del 50 por ciento de los votos. Ahora, Quintela propuso en un discurso ante la Convención Constituyente de su provincia, donde tiene amplia mayoría, que la nueva Constitución legisle sobre la libertad de expresión y, según se desprende de sus palabras menos directas, les entregue a los gobiernos la facultad de vigilar y castigar a la prensa. Llegó a insinuar que el control de la prensa por parte del oficialismo es un requisito de la defensa de los derechos humanos. Una perversión de la lógica.

Quintela, quien pertenece al peronismo más cerril, se lleva muy bien con Alberto Fernández y sus diatribas contra la prensa son seguramente homologadas por Cristina Kirchner. El gobernador riojano, debe consignarse, quiere llevar a la letra de la Constitución lo que otros gobernadores -Gildo Insfrán, por ejemplo- hacen en la realidad de los hechos desde hace mucho tiempo. Nunca entendieron que la libertad de expresión es la primera libertad porque sin ella no serían posibles las otras libertades. El kirchnerismo ha puesto en discusión, con las palabras agrias y chabacanas de Quintela, los cimientos mismo de la democracia y el Estado de Derecho.