Entre otros puntos, pidieron que la futura norma diferencie a las instituciones educativas de gestión privada con fines de lucro de las de gestión social y defendieron el derecho de los padres de elegir con libertad la educación de sus hijos, como así también el derecho de los establecimientos educativos de elegir a sus docentes en función del “ideario” institucional.

También expusieron inquietudes en cuanto al financiamiento y describieron la situación crítica por la que atraviesan esos establecimientos ante la creciente demanda.

En la ocasión, el obispo Virginio Bressanelli defendió la función social que cumplen esos establecimientos en las zonas más vulnerables y recalcó que se basan “en el bien común de la población neuquina con una mirada pluralista e inclusiva”. A la vez, solicitó que el proyecto de ley incorpore una mejor tipificación de la educación pública de gestión privada e incorpore a las escuelas sin fines de lucro que tienen un objetivo social.

En tanto, el pastor Hugo Márquez, del colegio AMEN, advirtió que las instituciones educativas cristianas y confesionales “brindan a los padres una opción educativa con valores para sus hijos”. En ese sentido, señaló que son “facilitadores de la escuela púbica al permitir que el presupuesto provincial de educación rinda más porque con mucho menos recursos se atienden más alumnos”.

Pechen explicó que la ley orgánica de educación será una ley marco de la cual derivarán leyes complementarias, con un mecanismo similar al que se aplicó con la reforma del Código Procesal Penal. Al respecto, indicó que está previsto que todo lo relacionado con el financiamiento educativo se incorpore a una ley específica posterior

El encuentro se realizó en la sala de Labor Parlamentaria y contó con la participación de los diputados Silvia De Otaño (MPN), Amalia Jara (PJ), Beatriz Kreitman (CC-ARI) y Manuel Fuertes (NCN).