El actual intendente de Las Higueras, Alberto Escudero, deberá afrontar un juicio oral y público acusado por el delito de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del erario público”, en una megacausa que involucra a otros 44 ex y actuales jefes comunales, y a una decena de exfuncionarios públicos del Gobierno presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, tales como Juan Abal Medina, Aníbal Fernández, y Jorge y Daniel Capitanich, entre otros.

Tanto Escudero, como decenas de exautoridades imputadas, fueron enviados a juicio oral y público por el juez Julián Ercolini quien sobre finales de la semana pasada cerró la investigación.

Cabe recordar que en febrero de 2019, el juez Claudio Bonadio (fallecido posteriormente) había procesado a decenas de intendentes de localidades de distintas provincias que habían recibido subsidios para destinarlos al tratamiento de residuos y lograr la eliminación de los basurales.

Entre ellos figuraba el nombre del intendente de Las Higueras, y si bien hubo una auditoría en la que Escudero aseguró que se demostró la correspondencia entre los fondos recibidos y las obras promovidas en el predio de tratamiento sanitario, ahora el juez entiende que hubo irregularidades por esclarecer por lo que deberá sentarse en el banquillo para justificar el destino de esos fondos.

El caso se inició 2016 cuando la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) hizo un informe de control sobre la el modo en que se gastó el dinero destinado a los “Programas Municipales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” (GIRSU) para el tratamiento de desechos. Las irregularidades halladas impulsaron una denuncia realizada por el ministerio de Ambiente durante el gobierno de Mauricio Macri.

Las intendencias presentaban proyectos para ser financiados con fondos nacionales. La secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaba los convenios y la Jefatura de Gabinete aprobaba las transferencias de dinero. Los principales beneficiados de esos programas fueron las provincias de Buenos Aires, Chaco, La Rioja y Santa Cruz que obtuvieron cerca del 79% de los fondos, aunque tres de esas provincias produjeran tan solo el 1,81% de los residuos del total del país.

Se destinaron $604.529.670 pesos para financiar los proyectos y en el caso judicial se determinó que hubo municipios que recibieron los fondos y jamás hicieron las obras destinadas a la gestión de residuos o utilizaron el dinero para otras cosas.