La excepción fue el FpV - PJ, quien no prestó conformidad a la mayoría de los ítems y sólo apoyó los números del Ente Vial Rural y el Concejo Deliberante.

El proyecto prevé un incremento del 30% con respecto al año pasado y superará los $900 millones, contemplará un incremento de Coparticipación del 25% en relación al mismo período, junto a una suba de tasas del 28% en promedio y de la Tasa Vial Rural de 22,5%.

Por otra parte, incluye un fuerte incremento de los insumos, entre el 50% y el 80%; los ítems correspondientes a los Entes Descentralizados escalará al 30% y la reedición del plan de recupero de deudas (conocido como moratoria).

Críticas a la"inequidad" de la Coparticipación

Al momento de su fundamentación, el edil Guillermo Salim expresó que el mismo fue analizado con "equilibrio presupuestario y prudencia" para luego alertar la disminución de la Coparticipación recibida y la transferencia de obligaciones desde la Provincia hacia el Municipio sin la debida constraprestación económica.

"El cálculo de gastos se apoya en una austera administración de los recursos, a un constante crecimiento y al ritmo impuesto por las circunstancias", indicó críticamente para luego subrayar que el proyecto "prevee los egresos necesarios para el mantenimiento de la estructura funcional del Municipio y el mantenimiento de la prestación de servicios": el mismo argumento se repitió al momento de explicar el incremento de tasas.

Sin dejar de mencionar las nuevas reglas administrativas impuestas, profundizó la crítica en materia de salud y seguridad basado en la "inequidad" de lo percibido y en el contexto inflacionario.

"Hay gastos que fueron transferidos a los municipios sin el correspondiente envío de fondos suficientes por parte de la provincia o la Nación. La policía Comunal es un claro ejemplo de coparticipación inversa (...) En el sistema de salud pública ocurre algo similar. Ante el recorte de las prestaciones de distintas obras sociales, es nuestro hospital el que debe cubrir los faltantes", subrayó.